Homozapping
La ruptura del PAN y el hambre de votos
Jenaro Villamil
El aparente pleito entre la cúpula del
PAN y el gobierno de Enrique Peña Nieto por la utilización electoral de
la Cruzada Nacional contra el Hambre en Veracruz y otros municipios
tiene su origen en otras razones políticas. No es el clientelismo sino
la dura disputa al interior del blanquiazul entre los calderonistas y
los demás grupos panistas en función del Pacto por México, lo que ha
provocado la radicalización de Gustavo Madero.
La ruptura más dura se está gestando
entre la administración peñista y la anterior calderonista. La serie de
videos y audios que presentó la dirigencia nacional del PAN para
documentar su denuncia penal en Veracruz tiene como contexto las
recientes decisiones de la PGR para liberar a Noé Ramírez Mandujano, ex
titular de la SIEDO, y al general Tomás Angeles. Ambos casos son
muestras claras del fracaso de la supuesta “lucha contra la corrupción”
de Calderón.
El
desmantelamiento de dos de los casos estelares de la administración de
Calderón ha fomentado la fractura al interior del PAN. Su dirigente
nacional, Gustavo A. Madero, tiene una batalla interna en dos flancos:
los calderonistas radicalizados, especialmente en el Senado, y los otros
grupos que reclaman una posición opositora frente al Pacto por México.
Sin embargo, el problema del uso
electoral de la Cruzada contra el Hambre no es un tema coyuntural ni
limitado sólo al estado de Veracruz, por más que el gobierno de Javier
Duarte insiste un día sí y otro también en exhibir su torpeza e
intemperancia frente a la crítica.
La Cruzada contra el Hambre está
diseñada justamente para tener un objetivo de recuperación y control
electoral, a favor del PRI, en un año muy delicado por las elecciones
municipales y legislativas en 14 entidades.
Por esta razón, la Cruzada se dio a
conocer después de la firma del Pacto por México y la defensa del
gobierno de Enrique Peña Nieto a su secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles, en realidad es una defensa del modelo de utilización de
los programas sociales con fines electorales, al mejor estilo del Grupo
Atlacomulco. Rosario Robles es tan sólo la gran pantalla de una red de
acuerdos y operadores provenientes del Estado de México, expertos
mundiales en este tipo de maniobras.
Cruzada por los votos
El senador Alejandro Encinas, ex
candidato a gobernador del PRD en el Estado de México, ex jefe de
Gobierno y ex secretario de Desarrollo Social en el Distrito Federal,
escribió un análisis muy puntual sobre los alcances reales de la Cruzada
Nacional contra el Hambre.
El estudio, titulado “Cruzada por los Votos” documenta el sesgo electoral del programa con los siguientes datos:
1.-La Cruzada privilegia los municipios
de alta incidencia electoral y no los de pobreza extrema ni alimentaria.
De los 40 municipios iniciales que abarcará la estrategia, sólo 209
están considerados con los más altos porcentajes de pobreza extrema. Los
191 municipios restantes son de naturaleza distinta: 27 son capitales,
incluyendo 5 delegaciones capitalinas que representan el 56 por ciento
del padrón electoral del DF. En 213 de los 400 municipios habrán
elecciones este año. Por ejemplo, en Baja California, donde habrá
elección a gobernador, los municipios elegidos representan el 94 por
ciento de la lista nominal de electores; en Chihuahua, el 66 por ciento,
en Coahuila, el 48 por ciento, en Puebla, el 43 por ciento, en Quintana
Roo, el 63 por ciento, y en Veracruz, el 28 por ciento.
2.-Si la intención de la Cruzada fuera
atender a los municipios con mayor pobreza, de acuerdo con los datos del
Coneval, el número total de municipios se incrementaría de 400 a 694 y
comprendería a 20 entidades federativas. De acuerdo con Coneval, entre
2008 y 2010 la pobreza en el país se incrementó de 48.8 a 52 millones de
personas. La población en pobreza extrema son 11.7 millones de
habitantes (10.4 por ciento de la población mexicana), y las personas
con carencias alimentarias se incrementó de 23.8 a 28 millones de
personas. El 40.5 por ciento de los 7 millones de indígenas mexicanos
viven una situación de carencia extrema de alimentos. El caso de Oaxaca
es extremo, ilustra Alejandro Encinas: el 74 por ciento de los
habitantes que no tienen alimento asegurado residen en municipios que
“no serán considerados en la primera etapa de la Cruzada”.
3.-La operación de la Cruzada Nacional
contra el Hambre está en manos de políticos pertenecientes al grupo
Estado de México y no a especialistas ni a organizaciones de la sociedad
civil dedicadas a la batalla por reducir las carencias alimentarias.
El operador real será el subsecretario
de Sedesol, Ernesto Nemer, ex precandidato a gobernador mexiquense y
pieza clave del titular de la SEP, Emilio Chuayfett. El propio Chuayfett
será el responsable regional de la operación de la Cruzada en Veracruz y
Tabasco. ¿Casualidad?
Los otros operadores pertenecen a la
escuela priista: Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo
Urbano y Ordenación Territorial; Juan Carlos Lastri Quiroz, de
Prospectiva, Planeación y Evaluación; y Carlos Rojas Gutiérrez, operador
del antiguo Programa Nacional de Solidaridad del salinismo, y actual
director de Fonaes.
Otros operadores pertenecen al círculo
mexiquense e hidalguense de Peña Nieto: Héctor Velasco Monroy, ex
dirigente local de la CNC y amigo personal del presidente, actual
director de Diconsa; Héctor Ramírez Puga, oaxaqueño y coordinador de la
campaña peñista en la IV circunscripición electoral, actual director de
Liconsa; Paula Angélica Hernández Olmos, ex diputada federal,
responsable del financiamiento privado en la campaña a gobernador de
Miguel Osorio Chong en Hidalgo y ex delegada especial del PRI en el
Estado de México, actual coordinadora del programa Oportunidades.
4.-Por si fuera poco, la Cruzada
Nacional contra el Hambre peñista es muy diferente a la lógica del
programa Hambre Cero, aplicada por Ignacio Lula da Silva en Brasil. Ahí
inició en las zonas más pobres y consideró la seguridad alimentaria como
un derecho humano y no asistencialista. El programa fue coordinado con
los gobiernos locales, especialmente, los municipios. En Brasil no se
firmaron convenios con empresas privadas como Quaker, filial de Pepscio,
o Nestlé, Wal Mart y Soriana. Se privilegió el impulso al autoconsumo
en las zonas agrícolas y el fomento a la producción de alimentos
nacionales y no a favor de franquicias internacionales.
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