Farsante
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
Cadena de mentiras de García Luna
Mandos de PF intentan deslindarse
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Continúa la carnicería en la nación
“No temáis a los malvados. Tarde o temprano acaban por desenmascararse”.- Ferdinand Galiani.
A estas alturas, a nadie le queda duda que Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, es un farsante, un especialista en montajes televisivos, un experto en falsear datos sobre las capturas, en exagerar situaciones para montar shows mediáticos o inducir agradecimientos hacia su persona por supuestas acciones realizadas por la corporación. En múltiples ocasiones ha sido exhibido con investigaciones serias, sustentadas y, sin embargo, se ha mantenido como el “hombre fuerte” de Felipe Calderón hasta el final. Ha llegado al extremo de manejar a la Policía Federal como su ejército particular y no ha recibido, ni pagado, ninguna sanción, ni siquiera de carácter administrativo. Ha sido cobijado por la impunidad, que todo parece indicar terminará al concluir el presente sexenio de la violencia, de la muerte, de la barbarie.
Nada sucedió a García Luna, a pesar de que se comprobó fehacientemente el montaje en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, a quien en el 2009 la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada en aquel entonces por el actual secretario de Seguridad Pública, diseñó y operó un espectáculo televisivo para mostrar a la opinión pública su captura ante las cámaras de televisión; tampoco fue sancionado en el caso de la captura de Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, sobre la que proporcionó tres versiones distintas. Eso, por sólo mencionar dos casos. Sin embargo, ahora se encuentra enfrentado con dos adversarios de gran peligro: uno, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y dos, la Procuraduría General de la República a cargo de Marisela Morales, por el caso de la emboscada y ataque a dos agentes de la CIA y un efectivo de la Armada en Tres Marías, Morelos, el pasado 24 de agosto.
La versión inicial más certera sobre los hechos la dio la propia Embajada de Estados Unidos en México, que acusó el mismo día que el vehículo en que viajaban “dos funcionarios norteamericanos” y un capitán de la Marina fue emboscado por un grupo de individuos cuando se dirigía a una instalación de entrenamiento. “El vehículo intentó escapar, fue perseguido y sufrió daños considerables. Los pasajeros solicitaron la ayuda de las Fuerzas Armadas de México, los cuales respondieron”. Tras la agresión, los dos pasajeros estadounidenses fueron atendidos médicamente y su condición se reportó estable. La embajada señaló que el gobierno de México reconoció que elementos de la Policía Federal estuvieron involucrados y dispararon contra el vehículo de su sede diplomática. También informó que las autoridades de México iniciaron una investigación y detuvieron a miembros de la Policía Federal involucrados.
Desde el pasado 10 de noviembre, la Procuraduría General de la República (PGR) exhibió el montaje de la Policía Federal y aseguró que los policías federales implicados simularon hechos para evadir sus responsabilidades: durante el ataque, los agentes iban vestidos de civil y viajaban en autos particulares, pero al ser presentados por la Policía Federal ante el Ministerio Público, lo hicieron uniformados y a bordo de patrullas oficiales, “alentando así el ocultamiento de los vehículos que tenían y simulando una circunstancia que resultó ser falsa”. La PGR desmintió tajantemente a Luis Cárdenas Palomino, jefe de División de Seguridad Regional de la Policía Federal, a la que pertenecen los 14 policías implicados, en el sentido de que la corporación tenía plenamente acreditado lo que estaban haciendo sus elementos, presuntamente la investigación de un secuestro.
La mentira de Palomino fue muy evidente, toda vez que la investigación de plagios dentro de la PF no la hace la División de Seguridad Regional, que tiene encomendada la vigilancia de las carreteras federales, sino un grupo especializado que no depende de esa área. Además, los agentes de la División de Seguridad Regional están obligados a portar el uniforme y sus divisas en cualquier circunstancia, salvo que su mando les ordene lo contrario. Para la PGR, quedó claro que la Policía Federal se inmiscuyó en un asunto de simulación de hechos y manipulación de pruebas. Por esos hechos y tras agotar el periodo de arraigo, juzgados federales de Jalisco y Chihuahua dictaron auto de formal prisión contra los 14 policías federales involucrados en los ataques a los agentes de la CIA y a un capitán de la Armada de México. Quedaron sujetos a proceso, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa y daño en propiedad ajena.
Dos días después, un juzgado federal ordenó la aprehensión de cinco mandos de la División Segunda Regional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal por encubrir y aleccionar a los policías que dispararon contra el capitán de la Armada y dos agentes de la CIA, ese 24 de agosto en el poblado de Tres Marías, Morelos. La PGR entregó a la SSP federal cinco órdenes de aprehensión para que las cumpliera, pero sólo se logró detener a uno de los sospechosos, el inspector general Juan Manuel Pacheco Salgado, porque a los otros les dieron el “pitazo” y tuvieron oportunidad de ampararse. El único detenido fue procesado y salió libre bajo fianza. La PGR no ha proporcionado los nombres de los mandos amparados, que pertenecen a dicha división.
La subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Victoria Pacheco, dio a conocer en conferencia de prensa que los 14 agentes que inicialmente fueron arraigados, confesaron, poco antes de ser consignados, que sus jefes los instruyeron hacer declaraciones falsas al Ministerio Público. La PGR constató el montaje y las mentiras de la Secretaría de Seguridad Pública, y dejaron claro que mandos de la SSP ordenaron a los agentes indiciados mentir en su declaración al Ministerio Público; a pesar de que la SSP debía capturar a cinco de sus mandos, sólo detuvo a uno; los otros cuatro recibieron el “pitazo” a tiempo y se ampararon; la SSP tardó un mes en entregar los vehículos particulares utilizados en el ataque por los agentes involucrados; la SSP argumentó, desde al principio, que los agentes involucrados investigaban un secuestro, el de Salvador Vidal Flores Pérez, quien el 23 de agosto por la mañana fue interceptado cuando salió de Tepoztlán y por quien sus plagiarios aparentemente pidieron 200 mil pesos, pero éste era del fuero común y la Procuraduría de Morelos no pidió a la SSP investigarlo; los agentes detenidos declararon, ante el MP, que repelieron una agresión iniciada por el capitán de la Marina y los dos agentes de la CIA, pero se demostró que sólo fueron disparadas armas de los policías federales.
A pesar de todo lo anterior, de las evidencias, de las pruebas resultado de las investigaciones, la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes, insistió este lunes en que la balacera en Tres Marías, contra el vehículo de la embajada estadounidense inició por un disparo hecho al aire desde la unidad diplomática, a pesar de que se ha comprobado que los únicos que dispararon fueron los policías federales. Esa funcionaria señaló también que la Policía Federal no ha defendido, ni defiende a los 19 elementos de esa corporación involucrados en el incidente. “Esos agentes deberán pagar lo que hicieron”, dijo. No obstante, se mantuvo en la versión de que “no obedecieron, se alejaron de los manuales de actuación, de los protocolos, y eso para nosotros ya es una sanción”, intentando deslindar a los altos mandos de la PF y de la SSP:
Toda la investigación de la PGR, de Marisela Morales, exhibe a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo de Genaro García Luna. Sin embargo, aún no es revelado el móvil real del ataque a los agentes de la CIA. Así, la pregunta básica sigue siendo: ¿por qué un comando armado de la Policía Federal atacó a dos agentes de la CIA? ¿Qué temían los policías federales y sus superiores que los llevo a tomar la decisión de silenciarlos, a pesar de las implicaciones diplomáticas y legales que derivarían del ataque? ¿Hasta dónde ha permeado el crimen organizado y los cárteles de la droga las filas de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que obedecen órdenes de este tipo? ¿Hasta dónde llegan las conexiones y tentáculos de los cárteles en las oficinas de la SSP y su mando central, Genaro García Luna? ¿Podrá este funesto funcionario mantener su impunidad en los meses siguientes? ¿Su destino en los próximos años será estar tras las rejas en una prisión de máxima seguridad?
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