Estado de excepción
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
Masacre, “legítima defensa”: FCH
Giras de cierre sexenal sin brújula
ONU exige a México abolir arraigo
Lo dicho : Murillo Karam va a PGR
¿Burla o inconsciencia de Saynez?
“Todos al Angel” , convoca Morena
“El poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna”.- Gonzalo Torrente Ballester
Las últimas giras de Felipe Calderón, realizadas sin ton ni son, se han convertido para el michoacano en un amargo adiós, en el que el tema central, al igual que a lo largo de su gestión, fue su “guerra al narcotráfico”. No puede ser de otra manera pues no hay otro rubro que destacar, su sexenio tuvo el signo de la muerte, desde el principio hasta el final. Lo mismo en Sinaloa, que en Veracruz, Michoacán o Quintana Roo, el inquilino de Los Pinos ha dedicado los últimos días de su gestión a justificar su fracaso en materia de seguridad, la carnicería que desató su declaración bélica a los cárteles de la droga y las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron a lo largo su administración, con frases elaboradas por sus propagandistas como “el Estado Mexicano actuó en legitima defensa” y “se golpeó, como nunca antes”, las estructuras logísticas y financieras del crimen organizado, las cuales no se apegan para nada a la realidad.
En Michoacán, uno de los cárteles que no logró desarticular, el de “Los Caballeros Templarios”, lo despidió esta semana con narcomantas; volantes y carteles se distribuyeron en comunidades rurales y cabeceras de al menos una decena de municipios de Guanajuato, Guerrero y el Estado de México, en los que le reprocharon la guerra emprendida contra los grupos delictivos. Los recorridos para presuntamente inaugurar obras de salud o de infraestructura vial, menores todas ellas que no justifican el enorme gasto federal, fueron opacados por las justificaciones del michoacano que no encontró argumentos para disculparse ante el pueblo mexicano, pero si siguió insistiendo en que “cumplió” con su deber.
En Veracruz, felicitó a las fuerzas armadas por secundarlo ilegalmente en labores policíacas que no les corresponde; en Quintana Roo, sólo fue a supervisar el puente fronterizo Subteniente López II “Chactemal”, en el que dice que se invirtieron 180 millones de pesos, y que servirá para fortalecer el intercambio comercial entre México y Belice. En Chetumal, volvió a defender su “ocurrencia” de cambiar el nombre al país de Estados Unidos Mexicanos a simplemente México; en Ciudad del Carmen, Campeche, tuvo otra “genial” ocurrencia, poner en marcha la obra de un bulevar que llevará el nombre de Juan Camilo Mouriño, quien fuera su secretario de Gobernación, y a quien le tuviera un gran cariño. No importa que la actuación en la administración pública federal del funcionario fallecido en un lamentable y todavía no aclarado accidente aéreo, fuera sumamente cuestionada, sobre todo por favorecer los intereses económicos de su familia, ligados a empresas españolas.
Hacia mucho tiempo que un gobierno federal no gastaba tanto para alcanzar tan pobres resultados. Los saldos que deja y los pendientes que hereda son muchos, particularmente en el área de seguridad pública, sin dejar de destacar una nación completamente endeudada, con una economía en franca desaceleración que sigue golpeando al empleo y a los trabajadores mexicanos.
GRAN DESAFIO EN SEGURIDAD
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, será el procurador general de la República al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto. El hidalguense solicitará licencia a su cargo, a partir del martes 4 de diciembre, una vez que haya presidido, el 1 de diciembre, la sesión solemne de toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Su trabajo, coordinado con el de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, será delicado y sumamente complejo por las condiciones de inseguridad que imperan en todo el país y las violaciones a los derechos humanos que deja la gestión calderonista, en la que prevalecieron e incrementaron los casos de tortura, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, una grave crisis penitenciaria y fugas de reos, entre otros, que metieron a México en un régimen de “estado de excepción” de facto, aunque no se hayan cumplido los requisitos legales para tal efecto.
Como consecuencia de la ilegal utilización de las fuerzas armadas contra los cárteles de las drogas, durante el agónico sexenio calderonista hubo un grave retroceso en este rubro porque el área de seguridad pública no dio el resultado al verse relacionada a casos de violaciones en la materia. Ante este escenario, Felipe Calderón deja un enorme reto al grado que tanto al interior del país como desde el exterior urge atender, comenzando por mejorar la impartición y procuración de justicia, porque han imperado la corrupción, el influyentismo, la complicidad y la impunidad.
Se ha demostrado, fehacientemente, que a lo largo del régimen calderonista hubo un incremento exponencial de casos de tortura, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, entre otras, no obstante el gasto exagerado para seguridad pública. En entidades de la República que ya enfrentaban condiciones inusitadas, con regiones donde la gente vivía con gran tranquilidad, ahora sobreviven en condiciones de inseguridad que no tenían. Para el ombudsman nacional Raúl Plascencia, “la incidencia delictiva se fue a las nubes, la violencia por parte de los delincuentes se vio cada vez más acentuada, las violaciones a los derechos humanos incrementaron”. Añadió que “no hubo el éxito esperado, no hubo resultados y lo que si hubo fue un gasto exorbitante destinado a la seguridad pública y resultados verdaderamente contrarios a lo que la sociedad esperaba”.
Un buen inicio para la administración de Peña Nieto sería atender cabalmente la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, de abolir la figura del arraigo e impulsar la aprobación de una Ley general sobre desapariciones forzadas. Hay que recordar que la administración calderonista impulsó en 2008 elevar a rango constitucional la figura del arraigo, la cual también fue avalada en varias entidades de la República. Este hecho tuvo un efecto contraproducente al que dicen se buscaba, es decir que propició un aumento progresivo de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuaron con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en amplias regiones del país, entre las que destacan los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Se abandonó así la investigación de casos de desapariciones forzadas, las cuales únicamente fueron archivadas y congeladas. Los responsables de dichas desapariciones fueron cubiertos por la negligencia de las autoridades (in) competentes y eludieron fácilmente cualquier tipo de sanción. La indolencia exhibida por los tres niveles de gobierno permitió un alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detenciones arbitrarias por efectivos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, en el marco de la guerra contra los cárteles de la droga. Se hizo una costumbre que durante el periodo anterior a la entrega al Ministerio Público, se infligiese tortura y malos tratos a los detenidos, con el propósito de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias que, posteriormente, fueron utilizadas para encubrir múltiples irregularidades cometidas durante la detención.
Ante estas prácticas, el CAT de la ONU urgió al Estado mexicano a modificar su Código de Justicia Militar, de conformidad con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles, en los que haya militares involucrados. Pidió a las autoridades mexicanas permitir la realización de exámenes médicos independientes, cuando así lo solicite el sospechoso ante el tribunal. En el ámbito legal, demandó modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en el Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pidió que las entidades federativas tipifiquen los actos de tortura; que garanticen que el delito de tortura no prescriba y que se conforme un registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos.
La lista de recomendaciones del CAT es amplia: cumplir con el Protocolo de Estambul; aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes; mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos y centros para migrantes; redoblar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y desapariciones por motivos de género y llamó a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese ámbito; instó a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de defensores de derechos humanos y periodistas; pidió acelerar el mecanismo de protección previsto en la ley en la materia.
Los políticos hidalguenses, a cargo de la SG y la PGR, están obligados a trabajar eficientemente para encabezar los esfuerzos a fin de atender la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de abolir la figura del arraigo e impulsar una ley general sobre desapariciones forzadas. El cambio de fisonomía del área de seguridad pública al mando de la Secretaría de Gobernación, que quedará a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuraduría General de la República, con Jesús Murillo Karam al frente, tienen que dar mejores resultados. Sin embargo, hay riesgos que deben tomarse en cuenta, como el que se refiere a la incorporación de la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación que puede llevarla a convertirse en una “Policía política”, tal y como lo han denunciado dirigentes de oposición.
DEROGAR ARRAIGO: MC
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