Viernes 9 de noviembre inicia en Managua

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!
Refuerzan seguridad en víspera del juicio a narcos mexicanos

En Managua, Nicaragua
Este viernes 9 de noviembre inicia en Managua, Nicaragua, el juicio en contra de los 18 mexicanos detenidos el pasado 20 de agosto en un puesto fronterizo de ese país, cuando liderados por Juana Raquel Alvarado Torres (a) Raquel Alatorre Correa y el yucateco Gustavo Reyes Arce, viajaban a bordo de seis camionetas con logotipos de Televisa en las que transportaban 9.2 millones de dólares en efectivo.

Por tal motivo, se ha reforzado la seguridad en los juzgados de Managua, capital de Nicaragua: personal de vigilancia “incógnito” resguardan a los funcionarios judiciales que llevan casos relacionados con el narcotráfico. También se han tomado medidas de protección para los detenidos, a fin de protegerlos de posibles agresiones y para evitar que tengan un contacto con el exterior que pudiera entorpecer la investigación.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alma Luz Ramos, ha propuesto que la seguridad se extienda a los tribunales que están en el corredor del tráfico internacional de drogas.

Los mexicanos detenidos están acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico de drogas. La justicia nicaragüense adelantó la fecha del juicio a 18 mexicanos acusados de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero para el 9 de noviembre próximo.

La audiencia del juicio había sido programada para el 3 de diciembre. Extraoficialmente se hizo saber que el proceso se adelantará por razones de seguridad y la peligrosidad de la banda en cuestión. El juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, quien resultó seleccionado para ventilar la causa, fue quien decidió adelantar el proceso.

POR ESTO! hizo del conocimiento público la penetración social que esta banda de narcotraficantes ha tenido en Yucatán y Mérida en particular, donde la cabeza visible, Juana Raquel Alvarado Torres, detenida junto con el yucateco Gustavo Reyes Arce y otras 16 personas, se hicieron de varias propiedades, incluida, entre otras, una narco-mansión en Altabrisa, exclusiva zona al Norte de Mérida, así como una finca de 24 hectáreas en el municipio de Teya.

También difundimos que el Fiscal que lleva la causa precisó que la empresa Televisa no ha podido, hasta ahora, desligarse de este grupo criminal que desde el 2008 opera la misma ruta centroamericana del narcotráfico.

Recientemente se supo que desde el 2007 las autoridades mexicanas advirtieron a Televisa del uso de sus unidades en actividades ilegales, pero la empresa hizo caso omiso.

POR ESTO! ha subrayado también que es difícil de creer que una operación de esta magnitud, por el número de personas involucradas y hasta 20 camionetas, todas con el logotipo de Televisa, sea ajena al manto protector del corporativo televisivo, y/o principales accionistas, cuyo 20% del valor accionario pertenece, a partir del año 2006, a Roberto Hernández Ramírez, denunciado con pruebas irrefutables por los POR ESTO!, desde 1997, por vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, como publicamos la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), apoyados por la Policía Federal, realizaron cateos en seis inmuebles en Mérida y en el municipio de Teya, registrados a nombre de Juana Raquel Alvarado Torres.

Grúas de la Secretaría de Seguridad Pública remolcaron una camioneta Escalade y una Cherokee a las instalaciones de la delegación de la PGR en el Complejo de Seguridad, ubicado en el periférico de esta ciudad.

El caso de Alvarado Torres ha impactado a la sociedad yucateca, pues durante el tiempo en que esta mujer vivió en Yucatán, tejió importantes relaciones de amistad y de negocios con determinados empresarios a los que les compró sus casas, así como las que hizo con los notarios públicos que protocolizaron sus negocios.

Fue tal la relación que la mujer acusada de lavado de dinero y narcotráfico estableció con el notario Jorge Correa Mena, que luego de haberle servido en los casos de Altabrisa en julio de 2010, lo llamó para el caso de Teya, que fue hecho en diciembre de ese mismo año.

Por el momento, hay dificultad para concebir que un Roberto Hernández Ramírez, acusado por los POR ESTO!, con pruebas irrefutables, de vínculos con el narcotráfico desde 1997, desconociese el uso de 16 camionetas (no sólo 6) con logos de Televisa y la participación directa de no menos de 19 operadores del monopolio de la televisión en México en el comercio de la cocaína, en particular, y las drogas, en general, en Centroamérica.

También cimbró el hecho del involucramiento de seis empresarios yucatecos, un comandante de la Policía Federal y seis notarios públicos en las transacciones del Crimen Organizado para establecer aquí en Mérida sus “casas de seguridad”, resulta un claro ejemplo de cómo el narco penetra como la humedad a la sociedad meridana, no obstante el clima de seguridad que prevalece en la capital yucateca.

Armando Palma Peniche, a través de Carlos Góngora Peniche, Héctor Lira Morales (ex comandante de la PFP en Quintana Roo), Héctor Ulises Valdez Aguilar, Francisco Estrada Castillo, Carlos Pérez Palma, Ana Ileian Campos Alejos y Rodolfo Martínez Gamboa son las personas que vendieron la narco mansión y las demás casas a Juana Raquel Alvarado Torres, (a) Raquel Alatorre Correa, arrestada en Nicaragua desde el mes de agosto pasado.

María del Carmen Baltazar Arceo, Jorge Correa Mena, Jorge Heredia Trujillo, Eric Granja Ricalde, son, por su parte, los notarios públicos que se encargaron de protocolizar los predios que adquirió la mujer arrestada por la Seguridad del Estado de Nicaragua.

(Rafael Gómez Chi)