Golpe mortal
MEXICO, 26 de septiembre (LILIA ARELLANO/ESTADO DE LOS ESTADOS) Para el asombro de unos cuantos –porque una gran mayoría tenía la certeza de que la Reforma Laboral se aprobaría a toda costa y si esa costa está dirigida a dejar desprotegidos y hundidos a los trabajadores, mejor—, los diputados del PRI, del Verde y del PAN aprobaron en lo general el documento enviado por Felipe Calderón, argumentando en una defensa absurda que se le han hecho múltiples modificaciones. Las reacciones en contra no se han hecho esperar y lo mismo surgen de sindicatos, que de organizaciones civiles, en las opiniones de expertos en la materia y se hace hincapié en lo que se registra actualmente en países que, como España, decidieron realizar modificaciones que atentan contra la clase obrera, los burócratas, los profesionistas. Se han reservado 261 puntos contenidos en la iniciativa para su posterior discusión, lo que hace prever que habrá reuniones de legisladores durante todo el fin de semana y que puede ponerse de nuevo a funcionar el esquema de “parar el reloj legislativo”.
Los que más reservas hicieron fueron los del PRD, y son 96; le siguió el PANAL con 88, el PT y Verde con 16 cada uno y fueron 13 las del PRI y el Movimiento Ciudadano. Estas reservas pueden aumentar hoy, cuando inicie la discusión en el Pleno, para lo cual iniciarán los trabajos a las 9 de la mañana. La votación de aprobación al dictamen presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, compuesta por 30 diputados, obtuvo 21 votos a favor, 8 en contra y una abstención que provino del diputado del PANAL. Los votos que favorecen al documento fueron emitidos por el PRI, PAN y verde; los que rechazaron fueron los del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Nada nuevo, ni siquiera las amenazas como la vertida por el perredista Silvino Blanco, señalando que quienes dieron su aprobación “van a pagar el costo político de este atentado contra los trabajadores”.
Esta reforma entró ya en su fase final y para llegar a ese punto, de nada valieron las observaciones de la izquierda, que giran en torno a la transparencia sindical y a la reglamentación de un número mayor de artículos que eviten un abuso en los contratos de trabajo y en los tiempos de contratación, de entre los que sobresalen los que llaman “a prueba” o de capacitacion, ya que dicen que estas no son formas de relación laboral sino modalidades a las que puede sujetarse la relación. Otro golpe mortal que define cuál será el rumbo que seguirá el gobierno de Peña Nieto –si bien Calderón envió la iniciativa, son los peñistas y sus cabilderos los que la aprueban-, está en la protección que brinda a los líderes sindicales, la cual se mantiene sin ninguna frontera y a esa impunidad la llaman ahora “libertad y derechos sindicales”.
La protección a estas organizaciones, o mejor dicho a sus líderes, es clara: “Es obligación de la autoridad abstenerse de toda intervención que limite o entorpezca el ejercicio legal de la facultad del sindicato de elaborar o redactar sus estatutos, elegir a sus representantes, organizar y administrar su patrimonio y actividades”. Intentan mostrarse magnánimos señalando que se mantiene el derecho de huelga y se prohíbe el acoso sexual en los centros de trabajo, el trabajo a menores de edad, la exposición de sanciones a las empresas mineras que continúen utilizando la técnica de pocitos para la extracción de metales y minerales, la regulación de la subcontratación –es decir la legalización de las outsourcing-, hablan de la innovación de la contratación por hora dizque para incentivar el empleo y para que éste pueda ser dado a los jóvenes, cuando en el fondo lo que hay es la fragmentación del salario.
Así queda suficientemente claro que seguirá vigente el ínfimo salario mínimo, no habrá estabilidad en el empleo, se impondrán los bajos salarios, se anula la seguridad social, la jubilación, se facilita el despido arbitrario, se mantiene la discrecionalidad del gobierno en la toma de notas del sindicato, se tiende un manto de protección a las fortunas patrimoniales de los líderes sindicales, tanto de la iniciativa privada como en el caso de los burócratas. Para quienes se oponen a este documento, se ha presentado una regresión a condiciones jurídicas previas al siglo XX. “Es unas aberración, una traición a la historia y a los trabajadores”.
Claro que todo tipo de observaciones y advertencia han caído en el vacío. Ricardo Anaya, diputado del PAN, advierte que con todos los reclamos de la izquierda y con algunas molestias porque le modificaron a Calderón su iniciativa, sobre todo en el renglón que pretendía meter orden en los sindicatos, la reforma se votará a favor y entrará en vigor justo en su momento. La ronda de diputados que subirán a la tribuna a discutirla es de 55 y de ellos, la mayoría hablará de los grandes beneficios de la iniciativa que irán, por supuesto, en total coincidencia con los deseos de los empresarios más fuertes, de los que no pagan completos sus impuestos o incluso, se ven favorecidos con millonarias recuperaciones de IVA fundamentalmente.
Los de la Coparmex dicen que con una nueva ley se crearían un millón de empleos al año. ¿En qué les estorbaba una que nunca han cumplido? También aseguran que con este documento, el país alcanzará mayores niveles de crecimiento. ¿De dónde han sacado semejante argumento; no ven lo que está sucediendo en el mundo? Hablan de reglas claras para trabajadores y patrones y eso sí que es verdad, cada uno queda en su espacio, uno como explotador, el otro explotado y muerto de hambre, aumentando esa cifra que alcanza los 60 millones de pobres que dan vida a la herencia de Felipe Calderón, de su errática política que no hizo sino seguir los pasos de Vicente Fox y del propio Ernesto Zedillo Ponce de León. Cuánto dinero no hay en juego, en este asunto que hasta Standard & Poor’s se atreve a opinar y señalar que la ley laboral de México “es muy rígida, lo que genera que los empleados sean contratados por honorarios, así que debe transparentarse la contratación y que ésta no impida el desarrollo”.
Y sólo para darnos una ligera idea de la forma en que han violado la Ley Federal del Trabajo actual y el propio Artículo 123 constitucional, basta con el dato sobre los empleados bancarios, de los cuales el 46 por ciento operan bajo el régimen de subcontratación, es decir 95 mil 77 han sido contratados por terceros con todo y que se trata del ejercicio de una actividad, de una labor que requiere de exámenes que determinen la honestidad y honorabilidad de quienes la ejecutan, aunque este tipo de pruebas no se aplique a los accionistas de esas mismas Instituciones de Crédito, en las que el saqueo a los cuentahabientes se da cada segundo.
Entre este esquema de contratación y la forma en la que vienen supliendo a empleados por máquinas, está el más claro de los ejemplos de lo que sobrevendrá con la puesta en marcha de una reforma como la que, en lo general, ya aprobaron.
MOVILIZACIONES Y ESTRATEGIAS
Senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se presentarán, una vez que se aprueben las reformas a la ley laboral, ante la Suprema Corte para señalar los puntos que consideran inconstitucionales en la aplicación de la iniciativa preferente. Los legisladores, encabezados por Manuel Bartlett, preparan la defensa jurídica de la clase trabajadora y será por esta vía que intenten detener su puesta en marcha. “Nosotros nos estamos preparando para hacer lo que nos toca, incluso por la vía jurídica. No existe una ley reglamentaria y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, señaló el legislador poblano y ex titular de la Segob.
En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, sostuvo que será mañana viernes cuando un juzgado administrativo resuelva si otorga el amparo para anular el procedimiento de dictamen de la reforma laboral. “Aunque se apruebe en la Cámara, falta el Senado como Cámara revisora y entonces se suspendería la discusión en ésta para reponer todo el procedimiento y regular la disposición constitucional que contiene la iniciativa preferente que hasta ahora no lo ha hecho el legislativo”.
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