Traición a la patria
Finalmente, después de intrincadas jornadas de discusión y en medio de protestas callejeras, los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL consumaron la aprobación en lo general de la reforma laboral que incluye artículos que lesionan severamente los intereses de los trabajadores / En un acto inédito, histórico, con la tribuna tomada por legisladores de partidos de izquierda y con un presidente de la mesa directiva, Jesús Murillo Karam, acorralado en lo alto de un balcón lateral, 361 diputados votaron a favor, 130 en contra y 10 abstenciones
Al cierre de estas líneas seguía la sesión con la discusión de los más de 100 artículos en lo particular de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de que, esperan los legisladores de derecha, sea enviada a la cámara revisora, el Senado de la República, con el propósito de que corran sus 30 días naturales para la dictaminación, toda vez que se trata de una iniciativa preferente del inquilino de Los Pinos. Los legisladores de izquierda que ocupaban la tribuna dejaron ésta y abandonaron el salón de plenos. Antes, se dieron los posicionamientos de los partidos: el PRI, con Héctor Gutiérrez, defendió el dictamen; el panista Juan Bueno Torio, también; el PVEM, con Tomás Torres, anunció que votarían a favor del dictamen; el petista Alberto Anaya advirtió que votarían en contra; al igual lo hizo Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Ciudadano, quien dijo que priístas y panistas se equivocan respeto a la reforma laboral y actúan con soberbia y prepotencia.
La crónica de esta traición anunciada empezó desde la mañana de este viernes: apoyada por la aplanadora que constituyen los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL en la Comisión Especial del Trabajo de la Cámara de Diputados se concretó la “traición a la Patria” y el “atraco a los derechos de la clase trabajadora” del país, al aprobarse la iniciativa preferente de la reforma laboral en lo general y lo particular, que envió Felipe Calderón, quien asume los costos políticos de ésta a cambio de impunidad en el próximo sexenio, a fin de no ser perseguido por las próximas autoridades federales por el tiradero en que deja a la Nación y para no asumir sus responsabilidades en el empobrecimiento de la población y la muerte de 100 mil mexicanos en su inútil guerra contra el narcotráfico. El riesgo de generar intensas e inmanejables protestas sociales, no nada más de la clase trabajadora, sino de toda la sociedad, no le importa en absoluto, como parece no importarle tampoco a su sucesor Enrique Peña Nieto.
Las discusiones en la Comisión dejaron ver que no hay avances en la protección a los trabajadores, ya que aprobaron que, en caso de los mineros, sea la autoridad, los de Higiene y Seguridad, los que califiquen si las instalaciones están operando de manera correcta y, ante cualquier eventualidad, sean castigadas las empresas con 3 mil 400 salarios mínimos. O sea que pueden seguir los muertos, derrumbándose las minas y los responsables sólo pagarán si acaso millón y medio de pesos. Tomás Torres, el zacatecano ahora abanderado del Verde, sacó a relucir este apartado sin mencionar que Felipe Calderón ha firmado contratos con mineras canadienses por un total que alcanza los mil 600 y que no hay una supervisión ni sobre las instalaciones ni los contratos que rigen la relación laboral, tan es así que en su propuesta se incluye que se obligue a los empresarios a contar con una lista completa de los que bajan a trabajar, o sea que ni a eso se llega en el presente.
Levantó una breve ámpula el tema de la transparencia sindical. Francisco Salgado, del PRI, defendió a los líderes sindicales señalando que México tiene firmado tratados internacionales que respaldan la autonomía de estas organizaciones y advierten que serán los agremiados los únicos que pueden exigir cuentas, ya que la autoridad sólo se hace presente en la llamada “toma de nota”, que es la garantía de que los trabajadores eligieron tanto a la organización como al líder. Contra esto se manifestó la diputada panista Esther Quintana, al señalar que deben llegar la libertad y la democracia a los sindicatos para proteger de influencias externas a los trabajadores. Martí Batres, del PRD, recordó a Othón Salazar, el guerrerense líder magisterial que luchó por la democracia, y se manifestó por dejar atrás el esquema corporativo. Silvano Blanco apoyó la necesidad de que los trabajadores conozcan el empleo que se da al dinero que aportan a los sindicatos, ya que en el caso del Pemexgate habría que sa ver si los trabajadores fueron consultados para aprobar esta partida de recursos que se entregó al PRI o si por lo menos, les informaron que lo harían. “¿Por qué tienen los líderes tanto miedo? ¿No dicen que los reeligen sus bases?
Y si en efecto México firmó tratados internacionales que respaldan la autonomía sindical también, y así se expuso, está la firma estampada en Derechos Humanos, donde está plasmado que es un derecho humano la democracia y el voto libre y secreto. También fue tratado el tema de las enfermedades y su evaluación, así como lo referente a la medicina del trabajo, en la cual se propone una revisión cada tres años. Estos fueron los temas más candentes dentro de la discusión en la Comisión del Trabajo y no se aceptó ninguna modificación procedente de la izquierda, por lo que entró de lleno la aplanadora conformada por el PRI, el PAN y el Verde, siendo los blanquiazules los que amenazaban con el encontrón ante el Pleno, lo cual no se dio. De ahí que la izquierda calificara como “traición a la Patria” las aprobaciones hechas a las que, además, se les considera un “bodrio”, advirtiendo que las consecuencias se verán en la calle. “Es vergonzante para el PRI, apoyado por el PAN, el que tiraran a la basura todas las luchas de los trabajadores, las han enterrado y sólo defienden sus intereses aprovechando que son mayoría para no dar oportunidad ni siquiera a la discusión”. La votación para pasar al pleno fue de 22 a favor y 8 en contra.
Tras dos días de análisis de las reservas, en los que prevalecieron diálogos y debates entre sordos, los diputados de derecha dejaron pasar la regulación de las outsourcing; el pago por hora; el freno al pago de salarios caídos hasta un año; nuevas modalidades de contratación y el escalafón ciego. Al final, la fracción del PRI y su apéndice del PVEM contaron con el inesperado respaldo de los partidos Nueva Alianza (PANAL) y del Trabajo (PT) para mantener la redacción del Artículo 371 en el proyecto de decreto, concerniente a garantizar que los sindicatos continúen manejando los recursos provenientes de sus cuotas y del erario a discreción, y la elección de sus dirigentes se mantenga como actualmente ocurre.
De nada sirvió que el PRD y el PAN se unieran para modificar dicho artículo, con el fin de que los sindicatos se vieran obligados a rendir cuentas en el manejo de los recursos públicos que les transfieren, y que la elección de las dirigencias y mesas directivas de esas organizaciones gremiales fueran resultado del voto libre, directo y secreto. A pesar de que se esperaba que el PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y PANAL votaran en bloque contra el PRI, éste contó con el apoyo del PVEM , y de Adolfo Orive del PT, y Angelino Caamal, del PANAL, con lo que los priístas alcanzaron 16 votos a favor contra 14 del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Ese artículo podría haber sido la diferencia de rechazarse la reforma laboral en el Senado de la República, donde los priístas insisten en mantener los privilegios de los sindicatos.
REFORMA AL PLENO
Con todo y la oposición de los diputados de izquierda, la iniciativa preferente de Felipe Calderón en materia laboral llegó al pleno con la aprobación del régimen de subcontratación o outsourcing, es decir, las condiciones en que debe darse, las obligaciones del contratista, así como las consecuencias de su incumplimiento, que quedaron prácticamente en los mismos términos que establecía la propuesta calderonista; avanzó el pago por hora a los trabajadores, pero se estableció que no se podrá laborar más de ocho horas diarias y que el pago no podrá ser menor a la parte proporcional del salario mínimo vigente; para los contratos de prueba y contratación, se deberá tomar en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento; se ampliarán las sanciones a aquellos abogados o funcionarios que obstaculicen la resolución de un juicio laboral.
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