¡¡Exijamos lo Imposible!! Milenio
Cinismo y trabajo
Pablo Gómez
El cinismo del PRI alcanzó una nueva cima en su ya muy larga
ascensión a las cumbres de la mentira y la desvergüenza. Después de
largas décadas de esfuerzos políticos de parte de la patronal y de la
derecha tradicional, el partido de Peña Nieto tendrá que comerse con
buena sazón y sin la menor amargura su anciano orgullo de sostener un
régimen laboral legal que protegía la estabilidad en el empleo.
Ya sabemos que en México existe empleo por horas y sin continuidad, pero otra cosa es que la ley lo proclame sin la menor reglamentación, como si se tratara de una regia concesión a una nobleza empresarial. Ya sabemos también que el abaratamiento del despido se ha presentado en Europa como una llave para aumentar el empleo, lo cual no es creído ni por quienes han formulado ese discurso. Ya sabemos igualmente que la insigne OCDE, con sede en París, se la ha pasado recomendando a México que modifique las normas del mercado laboral para “flexibilizarlo” con el propósito —se dice— de atraer inversiones foráneas y, de paso, aumentar la tasa de explotación que, a su vez, podría generar nuevas ventajas competitivas. Pero lo peor es que ya sabíamos que el PRI estaba de acuerdo con la plataforma de la Coparmex y había participado en sus ajustes, es decir, en su negociación. El PAN, por su lado, se pasó la campaña electoral con el reclamo al PRI por no haber aprobado la nueva regulación laboral.
El problema no consiste en la conversión del trabajo en mercancía, como erróneamente se ha dicho. El trabajo no es ni puede ser una mercancía, sino la fuerza de trabajo cuyo precio es el salario. Existe, por tanto, un mercado de fuerza de trabajo regulado por leyes en todos los países. En México, el salario mínimo general y los profesionales son ridículos. Ninguna familia puede sostenerse con ese ingreso, al contrario de lo señalado por la Constitución y en grosera violación de la misma, no obstante lo cual cada año disminuye en términos reales. Este es el punto más importante del mercado laboral, puesto que el dizque salario mínimo es la referencia general conforme a la cual se establece la pirámide de salarios contractuales. Sin embargo, este asunto no se ha tocado.
La existencia de las juntas de conciliación y arbitraje —creadas por el Constituyente de Querétaro para la defensa de los trabajadores— sólo permite que unas mafias concentren un inmenso poder y promueve una gran corrupción. Deberían existir tribunales ordinarios de pleno derecho y jurisdicción en los cuales se desahogaran los juicios laborales. Pero tampoco este es un tema en el debate legislativo.
La titularidad de los contratos por parte de los secretarios generales de los sindicatos y la conversión de éstos en organismos burocráticos y normalmente corruptos conforman un sistema que en realidad atenta contra la libertad sindical, pues impide a los trabajadores decidir la creación de sindicatos o su libre afiliación a otros. Pero, en lugar de tratar este inmenso problema del régimen laboral mexicano, el PRI ha desechado la débil propuesta de Calderón para que se transparentaran las cuotas sindicales y se realizaran votaciones directas en los sindicatos, mientras que se han aumentado y enredado —como lo planteó desde el principio la iniciativa—los trámites legales para disputar la titularidad de los contratos.
El sindicalismo mexicano es una ruina. Más de la mitad de los trabajadores de la economía formal carecen de organización. Existen miles de contratos de protección firmados por patrones y sindicatos piratas. El gremialismo más elemental es la ideología ampliamente dominante en la mayoría de las agrupaciones sindicales. Y, por si todo esto fuera poco, las autoridades del trabajo se encuentran a sueldo de los empresarios y no existen más que unos cuantos inspectores.
La reforma laboral está por venir.
www.pablogomez.org
Ya sabemos que en México existe empleo por horas y sin continuidad, pero otra cosa es que la ley lo proclame sin la menor reglamentación, como si se tratara de una regia concesión a una nobleza empresarial. Ya sabemos también que el abaratamiento del despido se ha presentado en Europa como una llave para aumentar el empleo, lo cual no es creído ni por quienes han formulado ese discurso. Ya sabemos igualmente que la insigne OCDE, con sede en París, se la ha pasado recomendando a México que modifique las normas del mercado laboral para “flexibilizarlo” con el propósito —se dice— de atraer inversiones foráneas y, de paso, aumentar la tasa de explotación que, a su vez, podría generar nuevas ventajas competitivas. Pero lo peor es que ya sabíamos que el PRI estaba de acuerdo con la plataforma de la Coparmex y había participado en sus ajustes, es decir, en su negociación. El PAN, por su lado, se pasó la campaña electoral con el reclamo al PRI por no haber aprobado la nueva regulación laboral.
El problema no consiste en la conversión del trabajo en mercancía, como erróneamente se ha dicho. El trabajo no es ni puede ser una mercancía, sino la fuerza de trabajo cuyo precio es el salario. Existe, por tanto, un mercado de fuerza de trabajo regulado por leyes en todos los países. En México, el salario mínimo general y los profesionales son ridículos. Ninguna familia puede sostenerse con ese ingreso, al contrario de lo señalado por la Constitución y en grosera violación de la misma, no obstante lo cual cada año disminuye en términos reales. Este es el punto más importante del mercado laboral, puesto que el dizque salario mínimo es la referencia general conforme a la cual se establece la pirámide de salarios contractuales. Sin embargo, este asunto no se ha tocado.
La existencia de las juntas de conciliación y arbitraje —creadas por el Constituyente de Querétaro para la defensa de los trabajadores— sólo permite que unas mafias concentren un inmenso poder y promueve una gran corrupción. Deberían existir tribunales ordinarios de pleno derecho y jurisdicción en los cuales se desahogaran los juicios laborales. Pero tampoco este es un tema en el debate legislativo.
La titularidad de los contratos por parte de los secretarios generales de los sindicatos y la conversión de éstos en organismos burocráticos y normalmente corruptos conforman un sistema que en realidad atenta contra la libertad sindical, pues impide a los trabajadores decidir la creación de sindicatos o su libre afiliación a otros. Pero, en lugar de tratar este inmenso problema del régimen laboral mexicano, el PRI ha desechado la débil propuesta de Calderón para que se transparentaran las cuotas sindicales y se realizaran votaciones directas en los sindicatos, mientras que se han aumentado y enredado —como lo planteó desde el principio la iniciativa—los trámites legales para disputar la titularidad de los contratos.
El sindicalismo mexicano es una ruina. Más de la mitad de los trabajadores de la economía formal carecen de organización. Existen miles de contratos de protección firmados por patrones y sindicatos piratas. El gremialismo más elemental es la ideología ampliamente dominante en la mayoría de las agrupaciones sindicales. Y, por si todo esto fuera poco, las autoridades del trabajo se encuentran a sueldo de los empresarios y no existen más que unos cuantos inspectores.
La reforma laboral está por venir.
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