Por Esto!
Lo peor y… lo “muy más peor”
Joaquín Ortega Arenas
Comentaban un grupo de abogados sobre la justicia mexicana y sus tribunales, ayer y hoy. La opinión general que prevalecía no era nada favorable al funcionamiento de los tribunales y a la transparencia del desempeño de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Empero, no faltó alguien que se hiciera cargo de la defensa de la institución, de jueces y funcionarios buscando primero disculpas y después justificaciones para todos los casos “desastrosos” que eran objeto de la crítica, severa, que se hacía de jueces y justicia.
En el primer argumento que esgrimió, señaló contundentemente que la actitud que adoptaba el gobierno en todos los casos en que era parte, era determinante para este estado de cosas, ya sea demandante o ya sea demandado. Su defensa se convirtió en el más despiadado ataque a lo que parecía que iba a defender.
—Lo primero que debemos tomar en consideración, dijo, es que el gobierno disfruta de un elemento del que todos los demás carecemos, “la fuerza y el poder”. Como el León de la conocida fábula de Esopo, su lema eterno es: “Ego primum tolo quia nominor leo”. Traducido al castellano, “Yo tomo todo porque me llamo león”. Lo que sigue resulta secundario. Es el peor acreedor de todos los acreedores; no sólo respecto a los adeudos que los ciudadanos pueden tener con él por concepto de impuestos justos o derechos justificados en forma proporcional y equitativa, como señala la Constitución, sino a los que “inventa” a cada paso y los convierte en “constitucionales” la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la buena o por la mala. Así nos han llegado, como en tiempos de Santa Anna, el impuesto sobre “carruajes”, (hoy modernizado con el pomposo nombre de “Tenencia y uso de vehículos automotores”) creado para “financiar la Olimpiada de 1968 que cada día que pasa, en lugar de extinguirse está más elevado. El Poder Judicial Federal en un principio lo declaró inconstitucional pero…una “Tesis por contradicción” modificó el estado legal de las cosas hasta hacerlas perfectamente injustas; el impuesto predial que debe ser determinado por la capacidad contributiva del causante, empezó a duplicarse y triplicarse al gusto de la autoridad extractora. Llovieron los juicios de amparo que los jueces de distrito concedieron a diestra y siniestra y los Tribunales Colegiados confirmaron hasta que, “apareció una tesis contradictoria”. Contradicción de tesis al canto y…los impuestos prediales “pueden ser determinados exclusivamente por la autoridad extractora”. La Ley Federal de la Industria Eléctrica, olvidando que la prestación del servicio de “luz” como llamamos los mexicanos a ese servicio, da lugar a un “derecho”, no a un impuesto, lo determina como un impuesto variable al alza por el número de usuarios en cada caso específico, y le añade “Aprovechamientos”, “Tasas de rentabilidad” y otros motivos por los que el “derecho” legalmente correspondiente se triplica y mas.
En suma, el Estado es el peor de los acreedores del pueblo mexicano y, si esto es grave, más grave resulta el que sea además el PEOR, EL MÁS AGRESIVO Y MÁS CHAPUCERO de los deudores del Pueblo. Invade propiedades ajenas sin previo aviso y recuperarlas se vuelve un calvario para el perjudicado que las adquirió con su trabajo honesto. La justicia puede ampararlo pero para ejecutar esa resolución, un docto presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don Mariano Azuela Güitrón encontró el remedio allá por 2003. El Juez encargado de la ejecución, declara “paladinamente” que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que él mismo dictó, “es inejecutable”. Ya puede olvidarse el iluso mexicano del predio que materialmente “le robaron”, que confiaba en la justicia contra la resolución que declara “desaparecidos por robo” todos los antecedentes del caso NO CABE RECURSO ALGUNO. Todos los que se intenten serán rechazados simplemente “por notoriamente improcedentes”. El “sistema” se ha ampliado a todo tipo de expropiaciones. Las autoridades invaden un predio de propiedad privada; si no hay protestas, ya es propiedad de la autoridad. Si en cambio hay protestas y los perjudicados inician juicios, se les deja soñar en que podrán recuperar el predio que, desde que fue invadido dejó de ser un predio para dar lugar a las calles, casas todo lo que sea el destino manifiesto que se había determinado y obviamente “el predio desaparece”. Entonces se aplica el sistema “Azuela Güitrón” y basta. Mediante ese sistema se han construido viaductos modernísimos, edificios de lujo como en el caso del expoblado indígena de Xoco en Coyoacán y miles de “expropiaciones” de las que jamás se va a pagar la mentada “indemnización”. El Estado no tiene porqué pagarlas, que para eso tiene un eficaz sistema “lavador de Injusticias”.
Un caso verdaderamente escandaloso. Las pensiones civiles. Un trabajador labora durante 30 años en los que cotiza religiosa y obligatoriamente para su fondo de retiro. Llega el día y sus ahorros se esfuman. Unos van para las “Afore” Y se evaporan. La Ley de Pensiones Civiles y de retiro de 1925 señalaba que tenía derecho a un 100% de su último salario como pensión. A los fondos se los llevó el viento y…se modificaron las leyes señalando cantidades cada día inferiores. Como siempre los ilusos “se ampararon y ganaron” y como siempre una malhadada “contradicción de tesis” resuelta por la Suprema Corte le cortó las alas. Hoy sólo tienen derecho a un máximo de 10 salarios mínimos como pensión.
No creemos que haya peor delito que el robar a los pobres sin posibilidad de defenderse.
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