Contralínea
¿Legalizar la moderna esclavitud?
Pablo Moctezuma Barragán
Como trabajadores tenemos derecho al empleo, a la estabilidad
laboral, a la jornada de ocho horas, a las prestaciones, al séptimo día
de descanso, derecho de asociación, de huelga, servicios de salud,
educación, vivienda. Nada de esto se cumple con los gobiernos del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional
(PAN). Ahora quieren hacer una reforma laboral para “legalizar” el
despojo de nuestros derechos que, por otra parte son irrenunciables,
pues nos pertenecen por el sólo hecho de ser humanos.
Hoy pretenden imponer la esclavitud moderna y someternos a la más
cruel explotación. Quieren tenernos muertos de hambre y a su
disposición. No hay trabajo y cuando nos contratan son empleos mal
pagados, precarios. ¡No hay derecho! Sin embargo quieren hacer legal
esta situación. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa metió el 31 de agosto
por “iniciativa preferencial” una Reforma Laboral que niega nuestros
derechos, introduciendo la contratación por hora, la subcontratación (outsourcing),
facilita los despidos y limita a un año el pago de salarios caídos.
Atacan la estabilidad en el empleo y el registro en el Instituto
Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, y en lugar de darnos una plaza
con base, inventan contratos “a prueba”, de “capacitación” y “becas”
para despedirnos a su antojo sin responsabilidades para el patrón. Nos
quitan el derecho a la antigüedad, a las prestaciones y a los servicios
médicos y sociales.
Para colmo, quieren impedir que nos defendamos y nos organicemos
con auténticos sindicatos y representantes leales al trabajador. Para
impedirlo, fortalecen los sindicatos de “protección”, para que los
patrones tengan el control e impidan que luchemos por tener nuestros
propios representantes. La iniciativa de Calderón hace casi imposible
cambiar de sindicato al intervenir la empresa en la validación de los
trabajadores con derecho a estar en el recuento, e impide luchar por la
titularidad de un sindicato durante un año si existe otro sindicato
promoviendo el cambio. Ahorcan la contratación colectiva,
obligando a que el patrón decida siempre cuál sindicato debe representar
a los trabajadores y qué líderes los han de representar. Esto fortalece
enormemente el sindicalismo blanco y el charrismo.
Desde hace 30 años hemos sufrido el neoliberalismo que han impuesto
los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Se han pisoteado los derechos
laborales y conforme crece el desempleo y la pobreza y los trabajadores
se ven obligados a aferrarse a su empleo, los abusos, maltratos y
violaciones a la ley son cuestión corriente. En la práctica, para la
aplastante mayoría de los trabajadores, no existe la jornada de ocho
horas ni el derecho al empleo o la estabilidad laboral. Ya no hay
plantas, comenzando por las instituciones gubernamentales, ni servicios
sociales, educativos o de salud adecuados. En la vida real, para
conservar el empleo o mejorar la situación laboral es preciso someterse a
abusos y maltratos constantes de jefes abusivos.
Con esta “reforma” pretenden legalizar esas violaciones. Dice el
diputado del PRI Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación
de Trabajadores de México y presidente de la Comisión de Trabajo para la
Reforma Laboral: “Reformar aproximadamente 200 artículos de la ley ya
no requerirá de mucha discusión, porque a la fecha ya se practican o son
una realidad (…). Y si quieren que lo pongamos en la ley, lo ponemos.
Sí, ya se está haciendo”.
Por su parte, Manlio Fabio Beltrones Rivera asegura que la
iniciativa enviada por Calderón al Congreso “saldrá”: “La iniciativa
preferente del presidente de la República habrá de ser analizada,
evaluada en sus méritos, modificada si es necesario y aprobada”. Al
respecto, Andrés Manuel López Obrador acusó que la iniciativa de reforma
laboral es ya un acuerdo entre Felipe Calderón y Enrique Peña, y
advirtió que a nadie le conviene su aplicación: “Es una reforma de los
jefes de Peña Nieto y de Calderón”, sostuvo al finalizar el evento donde
recibió la Medalla Emilio Krieger, de la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos, AC, en la Ciudad de México. Dijo que la reforma
laboral se promueve prácticamente en todo el mundo, impulsada desde
Washington, y los organismos financieros internacionales.
La iniciativa habrá de ser dictaminada a más tardar este 30 de
septiembre. De manera apresurada pretenden modificar no 200, sino 665 a
un cuerpo de 1 mil 10 artículos, según el abogado laboral Manuel Fuentes
Muñiz. Esta reforma laboral en todo beneficia los intereses de las
grandes corporaciones capitalistas, lo que afecta a los trabajadores y
niega derechos –que son irrenunciables– y que consagran incluso las
leyes y tratados internacionales. El proyecto viola 28 tratados
internacionales sobre libertad sindical y contratos, de acuerdo con el
experto Rodrigo Olvera.
Afecta a todos los trabajadores: de los gobiernos federal,
estatales, municipales, del Distrito Federal, empresas públicas y
privadas y organismos descentralizados. Pero al presentar la iniciativa
dicen que defienden “el trabajo decente, la igualdad de género, una
modernización procesal, la dignidad en el trabajo y la productividad.
Dicen promover la democracia sindical al proponer el voto secreto, la
transparencia y rendición de cuentas para los sindicatos y que esperan
un “dictamen incluyente que modernice la norma actual en materia
laboral”.
Buscan la “transparencia” en las finanzas de los sindicatos, y cabe
la pregunta ¿por qué obligar a los sindicatos a reportar sus finanzas y
no pedirles también cuentas transparentes a los patrones? Para tener
transparencia íntegra en lo laboral es preciso que el capital rinda
cuentas claras de los negocios que hace, sus fuentes de financiamiento,
su capital acumulado y que se demuestre el origen del dinero que maneja.
Que paguen salarios dignos y todos sus impuestos y que dejen de negar
derechos laborales con el pretexto de que “¡la empresa va a quebrar!”.
La “reforma” propuesta tiene como objetivo liberar a las
corporaciones capitalistas de toda obligación hacia los obreros, a
quienes se pretende despedir sin siquiera notificárselos directamente y
ante una demanda –que dura alrededor de cinco años– sólo pagar el primer
año de salarios caídos. Los jóvenes serían contratados “a prueba”,
“para capacitación”, “becados” y una vez contratados serán empleados multiusos,
ya que obligan a los trabajadores a desempeñar labores o tareas conexas
o complementarias a su labor principal y al mismo tiempo con estos
contratos no generan antigüedad ni se hacen acreedores a las
prestaciones de ley.
El salario en México ha caído en picada desde que en 1976 nos
ataron al Fondo Monetario Internacional. En los últimos 35 años, por
disposición de estos organismos que controla Washington, los salarios se
han congelado y año con año suben más los precios que el salario. La
caída es tan brutal que el 30 por ciento que cayeron en época de la
dictadura de Porfirio Díaz parece cosa de risa, pues en los
salarios promedio han caído más del 80 por ciento. Y es claro que el
salario no alcanza para las necesidades básicas de una familia:
alimentación, salud, educación, vestido, casa, sano esparcimiento, como
lo plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y
el salario mínimo de alrededor de 60 pesos es una burla. Pero sobre esta
violación a la propia Constitución, la “reforma” no sólo no plantea una
solución, sino que agrava el problema con nuevas disposiciones que
afectarán directamente, en negativo, el nivel salarial de los
trabajadores. Una reforma laboral que busque cumplir la ley tendría que
abordar el problema de garantizar que se cumpla el salario
constitucional, pero la reforma laboral de Calderón tiene como misión
destruir las conquistas plasmadas en el Artículo 123 de la Carta Magna.
Es previsible que el PRI y el PAN aprueben los puntos sustanciales de la reforma laboral, los más nocivos, aunque para hacerle pagar la factura
política al PAN, los priístas pretenden rechazar algunos aspectos de
dicha iniciativa, sobre todo en los puntos que afectan a los liderazgos charros priístas. El líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, afirma que “es un golpe bajo” pretender eliminar la “autonomía sindical”. De modo que habrá circo, maroma y teatro,
pero es claro que las iniciativas del PRI y el PAN tienen enormes
coincidencias y van a aprobar el grueso de las modificaciones.
En pocos días habrá reforma laboral. Ante este hecho Manuel
Bartlett Díaz, senador por el Partido del Trabajo, afirma que “lo que
resulte aquí será inconstitucional, lo que nos abre toda la puerta
para que se acuda al amparo, porque será un acto infundado, no motivado
y violatorio a la ley. Además se está violando la Constitución, porque
no se ha creado la ley secundaria que permita al Congreso de la Unión
dar trámite a las reformas que el Ejecutivo proponga al inicio de cada
legislatura. Por su parte, el senador del Movimiento Ciudadano, Ricardo
Monreal, afirma que “al no existir la ley reglamentaria se está
incurriendo en una reforma con vicios constitucionales de aprobación”.
Los grupos parlamentarios del PRI y el PAN han descartado que prospere
la controversia constitucional que interpondrá la izquierda. Todas las
instituciones –controladas por el PRI-PAN– están ahora al servicio de
las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y su plan de
legalizar la moderna esclavitud.
Mientras tanto los líderes patronales están contentos por la
aprobación de una de las reformas estructurales que para ellos es más
importante. De hecho, desde hace 25 años el Consejo Coordinador
Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
han estado impulsando esta reforma laboral. Luego, con el apoyo del PRI y
el PAN buscará aplicar las reformas energética y fiscal. Ambas para
perjudicar a la nación y al pueblo en general, ambas
anticonstitucionales que buscan engordar más los bolsillos del capital extranjero a costa del saqueo y el empobrecimiento del pueblo trabajador.
Estas reformas regresivas serán revertidas más temprano que tarde
por el pueblo de México, cansado de la violación de derechos y los
abusos que llegan al extremo de cubrir de impunidad incluso la muerte de
trabajadores que ya ha llegado a extremos intolerables, como el caso de
los 29 obreros de Reynosa, Tamaulipas, muertos en Petróleos Mexicanos,
las decenas de mineros de carbón en Coahuila, los 65 mineros de Pasta de
Conchos, los migrantes asesinados en México y Estados Unidos por
patrulleros fronterizos gringos, como acaba de suceder con el albañil mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, asesinado en México a principios de septiembre, que se suma al rosario
interminable de trabajadores mexicanos acribillados en la frontera, los
49 niños, hijos de trabajadores, quemados por negligencia criminal en
la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, las siete trabajadoras que
murieron quemadas encerradas con llave en la tienda Coppel de Culiacán,
Sinaloa…
La moderna esclavitud condena al trabajador a vivir al servicio del amo e incluso a morir sin consecuencias para el patrón.
Hemos de luchar para recobrar las conquistas y alcanzar un nuevo
nivel, el que requiere el siglo XXI en el que el trabajo y su dignidad
sean reconocidos plenamente, por ser el trabajador quien genera las
riquezas y quien debe disfrutarlas en un país en el que el centro de
atención sea el bienestar, el desarrollo, la paz y la seguridad, que
sólo se logra con el ejercicio de soberanía y los derechos.
*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki.
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