Encendidos los focos rojos en Washington

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!
¿La afganizacion de México?

Ricardo Monreal Ávila

Quiero iniciar esta colaboración con un reconocimiento y una condolencia a los familiares de los militares y policías que murieron en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana el pasado viernes 1 de mayo en el estado de Jalisco.

Este derribo es el hecho más grave que se haya registrado en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada desde hace más de 10 años.

No se derribó únicamente un helicóptero, sino toda una estrategia fallida de seguridad seguida en la última década.

Ese derribo está marcado por el inicio del uso de armas de tercera generación en la capacidad de fuego y respuesta de los cárteles del crimen.

La primera generación fueron las armas calibre 22 y 9 milímetros que durante años usaron los cárteles de las drogas para hacer sus ajustes de cuentas o combatir a grupos rivales o a las fuerzas policiales.

Era la época en que el narcotráfico estaba acotado a una región geográfica y a un clan de traficantes emparentados entre sí por lazos consaguíneos, de matrimonio o de paisanaje. Era el cártel de Sinaloa que dominaba el Pacífico mexicano, desde Jalisco hasta Baja California.

La segunda generación fue la aparición de cuernos de chivo, rifles de asalto M15, rifles Barret calibre 50 y granadas de mano, que debutaron en el 2001 en la ciudad de Nuevo Laredo, en un enfrentamiento de cinco horas entre el cártel del Pacífico, apoyado en kaibiles, y el cártel del Golfo, apoyado por ex gafes; ambos grupos, integrados por exmiembros de élite de la fuerzas armadas de México y Guatemala.

Se inició desde entonces una espiral de violencia que lleva más de 100 mil muertos y no se sabe cuándo parará.

En esa ocasión debutó un grupo de sicarios que se salía de los patrones comunes. Manejaban armas de uso exclusivo del Ejército, una logística de contrainsurgencia, movimientos tácticos de ataque y repliegue tipo guerrillero, además de una capacidad de fuego casi interminable. Después se sabría su nombre: los Zetas. El grupo de seguridad que brindaba protección a Osiel Cárdenas Guillén, un expolicía judicial del estado de Tamaulipas, heredero de Juan García Abrego, líder del cártel del Golfo.

Una exposición más detallada de la integración y operación de estos grupos se puede consultar en mi libro “Escuadrones de la Muerte en México”, editado por la Cámara de Diputados en el 2013.

Simple y sencillamente no hay antecedentes de lo que aconteció el pasado viernes en el estado de Jalisco: el derribo de un helicóptero militar con un misil por parte de un grupo de la delincuencia organizada.

Un lanzacohetes ruso RPG-27 no lo maneja cualquier sicario. Y menos con la precisión con la que le pegó a donde tenía que pegarle al Eurocopeter de la Fuerza Aérea Mexicana: en el rotor de cola.

Sólo personal altamente entrenado puede hacer eso. Y en México y en el mundo no hay muchos militares o exmilitares que puedan dispararlo o enseñar a otros cómo hacerlo. Así que allí hay una pista a seguir. No hay que descartar que el operador de ese misil haya sido un exmiembro de élite de las fuerzas armadas mexicanas o alguien preparado y entrenado por un exmiembro de élite.

Sin embargo, la gravedad de lo ocurrido en Jalisco va más allá de ese Estado y del país mismo.

Podríamos estar ingresando a una fase superior de violencia, donde los cuerpos de seguridad mexicanos quedarían rebasados en su capacidad de fuego y respuesta, provocando un mayor debilitamiento o vulnerabilidad del Estado mexicano.

Si esto se confirma, el Estado y la población civil quedaríamos a merced de dos tipos de presiones: por un lado, la mayor superioridad de fuego y violencia de los cárteles mexicanos; por el otro, la presión de los Estados Unidos para que someta de manera rápida a estos grupos o, de no poder, permitir que lo hagan cuerpos de élite supranacionales. Hoy, más que nunca, el uso de este tipo de armamentos de tercera generación por parte de un cártel mexicano debe tener encendidos los focos rojos en Washington.

Lo de Jalisco es un llamado también a revisar la estrategia de seguridad que está aplicando la actual administración. Hasta el momento, ha seguido con la misma práctica de descabezar cárteles, como lo hizo el gobierno anterior, pero sin tocar las redes económicas y las bases sociales que evidentemente tienen estos grupos del crimen organizado.

Si realmente se quiere evitar que un NarcoEstado se afiance en México, la estrategia de seguridad debe ser integral.

Primero, quitarle su base social y hasta cultural a los grupos criminales. Segundo, expropiarle sus fuentes de financiamiento económico y financiero. Tercero, erradicar la corrupción en las fuerzas policiales y, cuarto, enfrentar la impunidad judicial.

La salida a esta crisis de seguridad es generacional y estructural. Requiere haber empezado el día de ayer.

Primero, hay que ofrecer educación y empleo al ejército industrial de jóvenes “ninis” del que se nutre la delincuencia y la informalidad en México (ocho millones de jóvenes aproximadamente). Esto exige un cambio en el modelo económico.

Segundo, un auténtico sistema anticorrupción que castigue y sancione a políticos, funcionarios, policías y jueces que protegen a la delincuencia. No la vacilada de sistema anticorrupción que se aprobó hace unos días, donde quedó intocado el fuero. La delincuencia organizada en México es ante todo delincuencia protegida, y a partir de esa protección política, judicial y financiera se organiza.

Tercero, una educación y una cultura de respeto a la ley y al Estado de Derecho, que tenga como objetivo poner los puntos sobre cuatro “íes”: ilegalidad, impunidad, injusticia e inequidad.

Sin esta estrategia integral, seguirán cayendo cabecillas en tiempos electorales, pero no habrá seguridad estructural para los ciudadanos y el Estado mismo.

Siendo en esencia la misma estrategia del gobierno anterior, la actual tiene un avance notable en materia de coordinación de las fuerzas armadas del Estado y de inteligencia para ubicar y atrapar cabecillas sin una matazón de por medio. Pero esto cambió a partir del viernes pasado, con un saldo desfavorable para el gobierno.

Seguramente la respuesta oficial será a la altura del desafío lanzado el pasado viernes por el cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, no deja de ser alarmante y preocupante la escalada de violencia y capacidad de fuego de los cárteles de la droga. Hay quien compara estos síntomas con la colombianización de México; sin embargo, el referente parece ser otro país un poco más distante: Afganistán.

La afganización de México parecen expresarlo tres circunstancias recientes: el desplazamiento de Afganistán por México como principal país productor de heroína en el mundo (las montañas del corredor Guerrero-Michoacán); el control de amplios territorios del país por grupos armados por los traficantes, y lo último, el uso de misiles rusos contra aeronaves militares. Esto no se ve desde hace tiempo en Colombia, sino en Afganistán y en México.

ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala