41 personas asesinadas x la Border Patrol

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Asesinos

Manuel Bartlett

La política migratoria no es guerra, exige el enfoque de derechos humanos, se trata de personas laboriosas, no delincuentes

Sergio Hernández, mexicano de 15 años, fue asesinado en territorio mexicano desde el territorio norteamericano de un balazo en la cabeza por el agente de la Border Patrol Jesús Mesa arguyendo le habían lanzado una piedra desde el lado mexicano. Los padres demandaron al agente. Cinco años después, el Quinto Circuito de Apelaciones norteamericano sentenció: el agente Mesa tenía inmunidad y no podía ser demandado, el adolescente no era ciudadano norteamericano ni guardaba “conexión sustancial” con Estados Unidos. Según Dennis, juez del caso, informó: el gobierno mexicano notificó que la demanda no chocaría contra “sus intereses soberanos”. 

El fallo pasó desapercibido en México, aunque el diario británico “The Guardian” reportó: “La Corte no debería dar permiso a los agentes fronterizos para dispararle a personas en México, la justicia norteamericana abrió la temporada para cazar mexicanos a lo largo de la frontera”. El “Arizona Republic” (2013) reportó el caso de Sergio Hernández junto con otros 41 individuos asesinados por la Border Patrol desde 2005 y que ningún agente victimario ha recibido sanción alguna de tribunales civiles o criminales norteamericanos. La Unión de Libertades Civiles de Nuevo México, en un estudio sobre asesinatos de la Border Patrol, de 2010 a 2015, señaló a 16 mexicanos, 7 asesinados en México desde Estado Unidos por “lanzar piedras”: Ramsés Barrón, testigos negaron el acto; José Yáñez, sin evidencia de su participación en un grupo que lanzaba piedras desde México; Pablo Pérez, parado en un banco del río, habiendo testigos afirmando que estaba desarmado; Guillermo Arévalo, comiendo con su familia fue asesinado por supuesto ataque sin pruebas; Antonio Elena, acribillado por la espalda; y persona “no identificada”, como parte de un grupo de “supuestos traficantes”. Dos más asesinados en zona fronteriza por “lanzar piedras”: Jorge Solís, acusado de lanzar piedra al oficial y a su perro; Jesús Flores, perseguido por dos agentes y acribillado. 

Fisher, jefe de la Border Patrol, en memorándum (marzo de 2014) estatuye que sólo debe recurrirse al uso de fuerza cuando el agente tenga la convicción de que se encuentra en peligro inminente de muerte. Sin embargo, el Washington Times cita al sindicato de la Border Patrol interpretar esta orden: “Restringir a los agentes en el uso de la fuerza, contra una piedra o un asalto vehicular, resultaría en más ataques criminales a sus agentes”. Para ellos una piedra es peligro de muerte inminente. 

“The Economist” analiza las críticas a las policías norteamericanas por asesinatos contra afroamericanos, concluyendo que estas policías tienen el convencimiento generalizado de que acudir al uso inmediato de la fuerza, es la única manera de preservar su propia seguridad, cultura ferozmente agresiva, que considera que la restricción del uso de la fuerza dañaría la moral y los pondría en riesgo; Sue Rahr, directora de la Academia de Policía de Washington, encargada por Obama de mejorar la crisis policiaca, admite que el “atractivo” de la policía es su privilegio de usar la violencia impunemente. 

La ONU (1990) establece tres principios rectores del uso de la fuerza por organizaciones policiales: absoluta necesidad, racionalidad y proporcionalidad. Es claro que la cultura de los agentes norteamericanos no respeta estos principios, dotados de equipamiento militar, pierden la capacidad de atender las necesidades de seguridad y protección de la población civil, adopta prácticas bélicas. Visión inaceptable, la política migratoria no es guerra, exige el enfoque de derechos humanos, se trata de personas laboriosas, no delincuentes. Los legisladores del PRI, PAN y PRD, al aceptar el sometimiento de Peña Nieto a la política migratoria norteamericana de violencia, han legislado irresponsablemente para que estos agentes operen armados en México.