¡¡Exijamos lo Imposible!!
Plantón magisterial
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle”.- María Montessori
Una de las principales pruebas de fuego para el gobierno de Enrique Peña
Nieto, en torno a la viabilidad política y económica de su
administración y el endeble régimen democrático de México, es el
conflicto magisterial, generado por el propio titular del Ejecutivo
Federal, al enviar al Congreso de la Unión una reforma educativa no
consensuada con el magisterio nacional e impuesta a través de la
concertación política con los tres principales partidos políticos por
medio del Pacto por México, y que fue avalada por las Cámaras de
Diputados y Senadores y 23 Congresos locales, lo que desencadenó una
serie de protestas y manifestaciones que han crecido día con día, ante
la falta de tacto político del gabinete peñanietista, incapaz hasta el
momento de negociar cambios que satisfagan las demandas de los maestros
para garantizar sus puestos de trabajo.
A más de cuatro meses de haber iniciado, los integrantes del gabinete
federal aún no han evidenciado que cuenten con habilidad política
suficiente para resolver conflictos sociales. Han mostrado todo lo
contrario, apostando por la amenaza y la represión de los movimientos
sociales, lo que los ha potenciado. El tema educativo, tras la detención
de la dirigente del magisterio nacional, Elba Esther Gordillo, y de la
imposición de la reforma educativa, rechazada por un gran porcentaje de
los mentores, saltó a las primeras planas y se constituyó como uno de
los principales problemas nacionales que los funcionarios priístas en el
poder no han sabido cómo desactivar, y sólo han secundado la posición
del inquilino de Los Pinos, en el sentido de que “el gobierno de la
República no va a permitir retrocesos en la reforma educativa, ningún
intento de presión pondrá en riesgo la formación y desarrollo de nuevas
generaciones”, eludiendo las cuestiones de fondo.
Tal posicionamiento político del jefe del Ejecutivo detonó la
movilización magisterial, que hasta el cierre de estas líneas no ha
podido ser desactivada. Este jueves, alrededor de 10 mil maestros
disidentes de Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala,
Veracruz, Zacatecas, Durango, Baja California Sur, Chiapas, Distrito
Federal, Hidalgo, Michoacán y Morelos, iniciaron una movilización hacia
el Zócalo de la capital de la República, y de ahí a la Secretaría de
Gobernación, donde se reunieron con funcionarios de esa dependencia para
discutir sus propuestas sobre la reforma educativa, sin que al fin de
la jornada se llegara a un acuerdo. En sus entidades, especialmente en
Guerrero y Oaxaca, también se movilizaron los mentores, en espera de los
resultados de las pláticas en el Palacio de Covián. Los maestros
advirtieron que “no será ni con amenazas ni con mano dura, como van a
detener las protestas magisteriales. La CNTE no quiere detener la
reforma educativa, sino construir una verdadera transformación del
sistema formativo y no limitarse a cambios meramente administrativos”.
La cuestión de fondo que está en negociación es el hecho de que el
presidente Enrique Peña Nieto envió su proyecto de reforma educativa que
modificó el Artículo 3º. de la Constitución, prácticamente al arrancar
su administración, el 10 de diciembre de 2012, sin haberlo consensuado
con el magisterio nacional. Los diputados federales lo aprobaron de
inmediato, tan sólo un día después de haber recibido el proyecto, el 19
de diciembre de 2012, y se envió al Senado. En la Cámara alta, también
corrieron las prisas y se le dio luz verde un día después, tan sólo con
una modificación que establece que el Estado está obligado a brindar
educación de calidad. Y también rápidamente, el 21 de diciembre, la
Cámara de Diputados ratificó por mayoría, la reforma educativa que hace
obligatoria la evaluación de los maestros y prevé crear un servicio
profesional docente, mismo que definirá el ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia de los maestros. Además, otorga al INEE
autonomía para diseñar y hacer mediciones en educación básica y media
superior.
Tras ser aprobada a nivel federal, la reforma educativa fue turnada a
los Congresos estatales para ser avalada en sus términos. Luego de ser
aprobada por 23 legislaturas locales, la Cámara de Diputados la declaró
válida, y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En este proceso legislativo, para que la reforma educativa opere en
todos su términos, aún falta que se establezcan sus leyes secundarias,
como la Ley del INEE, la Ley del Servicio Profesional Docente, la
definición de los consejeros del INEE, además de modificaciones a las
leyes de Educación de los estados, entre otros.
Al escribir estas líneas, una comisión de 25 maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se entrevistaba con
funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezados por el
subsecretario Luis Enrique Miranda, y con funcionarios de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), para acordar la instalación de una mesa de
negociación entre el magisterio y el gobierno federal, a fin de resolver
las diferencias que hay entre unos y otros, en torno a los términos en
que fue aprobada la reforma estructural en materia educativa. Luego de
tres horas de negociación, no se llegó a ningún acuerdo de fondo y sólo
se acordó continuar las negociaciones el próximo martes y también
liberar la Autopista del Sol que había sido bloqueada por mentores de la
CETEG, sin que éstos reciban ninguna sanción.
El planteamiento central de los maestros es el rechazo a la reforma
educativa porque la consideran lesiva a sus intereses. Y de ahí se
derivan otros puntos a negociar, en torno a la defensa del sindicalismo,
la democratización del gremio, el alto al hostigamiento y la represión a
los maestros por parte de autoridades federales y estatales, la
cancelación de las órdenes de aprehensión contra dirigentes
magisteriales, particularmente en el estado de Guerrero, así como la
defensa del normalismo.
La Comisión Única de Negociación de la CNTE, integrada por los
secretarios de las secciones 9, 18, 22 y representantes de la 14, 10 y
11, exigió a las autoridades federales la abrogación de las
modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales. También el cese a
la represión política de manifestantes; el castigo a Elba Esther
Gordillo y sus allegados; el respeto a los derechos laborales de los
maestros y la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
Mientras, las inmediaciones del Palacio de Covián se mantenían
fuertemente custodiadas por elementos de la Policía Federal, ante la
concentración de miles de maestros. La manifestación se convirtió en un
gigantesco tianguis donde se expendían helados, binoculares, frutas,
refrescos, martillos y material de papelería, bajo un inclemente sol que
elevó la temperatura sobre los 28 grados centígrados, lo que no impidió
el desplazamiento de al menos 100 vendedores que ofrecían hasta
películas, artículos para teléfonos celulares y libros, así como tacos,
quesadillas, esquites, elotes y sincronizadas.
Dirigentes como Francisco Villalobos, secretario de Organización de la
Sección 22 de la CNTE; Rubén Núñez, secretario de la Sección 22; Juan
José Ortega, de la sección 18 de Michoacán; y Francisco Bravo, dirigente
de la Sección 9 del Distrito Federal de la CNTE, reclamaron antes de
iniciar las negociaciones que el titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Emilio Chuayffet, no acudiera a la reunión en la SEGOB
para escuchar las demandas de los disidentes.
Los 25 dirigentes magisteriales destacaron que el rechazo a las
modificaciones del artículo 3 y 73 constitucional, “no es una negativa a
mejorar la calidad de educación, pero no vamos a aceptar que se limite a
una reforma administrativa que lesione la escuela pública”. Demandaron
que en el texto constitucional se incluya el carácter humanista de la
educación, pero también que se salvaguarden los principios de una
formación laica, gratuita, científica y obligatoria. Insistieron en que
“no dejaremos de protestar ante la imposición de una reforma que no va a
mejorar el sistema educativo nacional”.
PIDE CNTE CONSULTA NACIONAL
Los integrantes de la comisión negociadora de la CNTE plantearon, a los
funcionarios federales, que se realice una consulta nacional en la que
intervengan maestros, padres de familia e investigadores para hacer una
“verdadera reforma educativa” y eliminar la aprobada por el Congreso
porque, insistieron, los cambios aprobados a la Constitución van enca
minados a privatizar paulatinamente la educación, además de que se
violan los derechos laborales.
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