Por Esto!
Otro sexenio de brutal represión
Gilberto Balam Pereira
Era de esperarse
El gobierno, en mi opinión muy personal, regresó con su facie de verdugo. Lo habíamos previsto: peligrosamente ejecutor el Ejecutivo y cumplidor de los designios dictados desde la cúpula mundial del poder oligárquico: OCDE, Banca internacional, imperialismo norteamericano, clero político, grandes empresarios nacionales y trasnacionales. Es lo mismo que han sido todos los gobiernos de México. El partido oficial es un instrumento de todos ellos. Estamos presenciando su tradicional cadalso de fascismo con fines de sometimiento que ha aplicado tradicionalmente para lograr sus objetivos de autoritarismo que aseguren la privatización de los bienes nacionales. Vuelve para el desquite de 12 años de ausencia simulada. 12 años cuya presencia se mantuvo en concubinato con su aparente partido opositor, el PAN. Ahora, agréguese el PRD como activista del Pacto por México. Sin contradicciones ni desacuerdos los tres partidos como integrantes de un sistema de cleptócratas. Sí hombre, de latrocinio y corrupción fundados en la represión popular marcada por las señales de sangre de los grupos más nobles de nuestros hermanos, los jóvenes, los campesinos y demás trabajadores. La opinión popular de condena a esa política usurpadora y cruenta ha sido muy elocuente, de denuncia y sentencia por parte de los comunicadores progresistas.
No son grandes novedades de represión las que nos obsequian los primeros meses del sexenio. No es ninguna sorpresa la política del garrote de EPN. Lo que sí es novedad es la actuación del Jefe de Gobierno del DF, Miguel Angel Mancera, como cómplice de la represión, quien navegaba antes con bandera de progresista y hasta presumía de izquierda.
Los hechos violentos del 1 de diciembre fueron una trampa bien planeada con la participación de un ejército de uniformados similar al Batallón Olimpia del 2 de octubre y del Ejército de Halcones del 10 de junio.
Al final, siempre han sido chivos expiatorios los apresados y victimados al azar en las calles, sin que tuvieran ningún papel en la escala de vandalismo. Los vandálicos fueron oficialistas e intocables en la consumación de los hechos destructivos. En estos últimos meses, videos, fotografías, y testimonios de estudiantes, maestros, artistas y abogados, y hasta el relato de un integrante de las fuerzas federales, coinciden en que una treintena de personas adiestradas y equipadas con botas, uniformes tipo militar, cascos, máscaras antigás, palos y bombas molotov han actuado impunemente de manera coordinada para agredir a los cuerpos policiacos y a los manifestantes. Entre los objetivos de la violencia oficial estuvo también el ataque a establecimientos comerciales con el fin de causar daños económicos, pero sobre todo para dar lugar a enfrentamientos y justificar detenciones de auténticos manifestantes disidentes violentados con balas de goma, gases lacrimógenos, toletazos, golpes y patadas.
En cuanto al presente año, han sido nueve los eventos violentos registrados a manos del gobierno que han sido réplicas de la represión de aquel 1 de diciembre. Al menos han sido documentados por las redes los abusos sangrientos de la policía secreta –provistos de chamarras azules– durante las manifestaciones del 1 de mayo, 10 de junio, 13 de septiembre y 2 de octubre pasados.
El primero de mayo, el colectivo Frente Oriente grabó y exhibió en las redes la acción de motopatrullas tripuladas por policías vestidos de civil, que condujeron con extrema violencia a manifestantes con destino indeterminado. El documental se conoció con el nombre de “Hostigamiento GDF marcha 1 de mayo”.
El 1 de junio, un grupo de jóvenes pretendió llegar a Los Pinos con pancartas pero los granaderos los contuvieron a golpes y patadas en la estación Insurgentes del Metro.
El colmo. En la manifestación pacífica conmemorativa del 10 de junio, 22 activistas fueron detenidos con abuso físico teniendo como resultado acusaciones oficiales del quebranto de la paz pública y el día de hoy todavía enfrentan estos activistas juicio en libertad bajo fianza.
Durante el desalojo de los maestros en el Zócalo el 13 de septiembre, éstos habían llegado al acuerdo por consenso que desalojarían la plaza pacíficamente. No les dieron tiempo. Un grupo de provocadores oficiales que la esfera gubernamental los ha bautizado como “anarquistas” se enfrentaron con los federales dando lugar y pretexto para que la policía agrediera violentamente a los paristas y sus familiares, mujeres y niños. El saldo fue de 31 profesores detenidos y siete enviados al reclusorio. Ningún “anarquista” fue molestado, sino que por el contrario, se les permitió toda clase de vandalismo a vista y paciencia de la policía del DF.
Los medios masivos hicieron todo un alboroto intolerable con el seguimiento del estado físico de un policía “gravemente herido por los profesores” durante la trifulca. No informaron en qué momento se le mandó sano y salvo a dicho policía a su casa.
Pero fue el 2 de octubre cuando la protesta popular fue abatida con la mayor violencia, exagerada. Ese día, por tres portales fue informada la opinión pública de cuanto acontecía. No fue posible contabilizar el número de detenidos. La versión anónima, por supuesto, señalaba que el Gobierno del DF controlaría a los manifestantes. El Frente Oriente detectó que precisamente las zonas “de control” eran las de sus integrantes.
El Jefe de Gobierno del DF, Miguel Angel Mancera, se ha negado a declarar sobre los operativos de esas fechas. En tanto que su Secretario Héctor Serrano señaló: “Las detenciones son totalmente legales, sujetas a las normas, sujetas a derecho”.
Por su parte, este tecleador considera que el derecho a la manifestación, a la expresión del disentimiento, es un derecho humano inalienable, debe permanecer, tiene que prevalecer. El gobierno tiene que ser cuestionado en sus decisiones, en su desempeño, y tiene que asegurar la total libertad de que los ciudadanos se manifiesten por medios pacíficos y legales.
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