Estado de los ESTADOS
Por Lilia Arellano
En la cuerda floja
Reforma hacendaria: creciente oposición
IP amenaza presentar miles de amparos
Concamin hace su propio paquete fiscal
Buscan revertir impuesto a los refrescos
Analiza Senado un “gravamen a los ricos”
Diputados aprueban “Pensión Universal”
“No sólo para gobernar, sino también para sublevarse hacen falta leyes estrictas. Un ideal fijo, habitual, es condición para toda clase de revoluciones”.- Gilbert Keith Chesterton
Ante la creciente oposición de los sectores productivos a lo largo y ancho del país, que cada día se van organizando para hacer frente común a una impopular cascada de nuevos impuestos, la reforma fundamental del proyecto económico político del presidente Enrique Peña Nieto, la hacendaria y fiscal, se encuentra en la cuerda floja, pese a haberse aprobado en la Cámara de Diputados, y en estos momentos se realiza, en el Senado de la República, una guerra de gravámenes entre las tres principales fuerzas políticas sin que se visualice el hecho irrefutable que, entre otras muchas desventajas, esa miscelánea recaudatoria no resuelve uno de los problemas más grandes del país, que es la dependencia que tienen las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros.
Al menos 16 cámaras y asociaciones del sector privado, encabezadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han constituido un frente común en todo el país contra la reforma hacendaria propuesta por el gobierno de Peña Nieto y modificada por la Cámara de Diputados, mientras los sectores productivos advierten de la alta pérdida de empleos el próximo año de aplicarse en los términos avalados por los diputados, así como el bloqueo de nuevas inversiones, como el señalado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Inmex), en el sentido de que 50 empresas del sector han detenido inversiones por mil 500 millones de dólares, debido a la iniciativa presidencial aprobada en San Lázaro.
La reforma hacendaria, que se debate en el Senado, está plagada de parches y no está orientada a atender los requerimientos reales del país, sino sólo las necesidades de gasto del gobierno federal, que, por otro lado, se niega a transparentar el ejercicio del presupuesto federal, lo que también abona al rechazo de los sectores productivos a aportar más si desconocen a qué rubros se va a dirigir el gasto público. El propio Banco Mundial señaló ayer la preocupación de que esta reforma, en esta fase, no parece resolver uno de los problemas más grandes del país, que es la dependencia de los ingresos petroleros”. Gloria Grandolini, directora del Banco Mundial para México y Colombia, consideró que el conjunto de cambios propuestos por el gobierno y las enmiendas realizadas en la Cámara de Diputados “parece ser que no disminuirán el porcentaje de la recaudación que está directamente ligada al petróleo”.
Actualmente, 35 de cada 100 pesos de los ingresos del Estado mexicano están relacionados con la explotación del petróleo, por lo que, según Joost Draisma, economista del Banco Mundial, el país enfrenta el reto de financiar un gasto público creciente, al tiempo que se abre una incógnita sobre los ingresos que podrá obtener en el futuro por la explotación del petróleo. México enfrenta presiones de gasto a futuro, particularmente para financiar pensiones y un creciente egreso en salud porque el tipo de enfermedades que aqueja a la población está cambiando; la gente vive más años y padece enfermedades más degenerativas que son más costosas de atender. Draisma dijo que, por otro lado, el petróleo es una gran incógnita sobre cuánto hay, cuánto se puede producir y cuánto ingreso esperar de ello. “Lo que sí sabemos, es que el petróleo no dura para siempre. A lo mejor hay más que se puede explotar, pero en el tiempo se va a tener que sustituir con un ingreso básicamente tributario para financiar las presiones de gastos”.
Por otro lado y de manera inmediata, está la decidida oposición del sector empresarial a la reforma hacendaria, a la que se han sumado organizaciones de la sociedad civil y hasta organismos internacionales y educativos del país. Juan Pablo Catañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien encabeza esta resistencia, sostiene que “no es una verdadera reforma hacendaria, sino una iniciativa esencialmente recaudatoria, que pone en riesgo a los sectores económicos y de las familias en un contexto de desaceleración”. Dijo que sin cambios estructurales, la iniciativa de reforma hacendaria privilegia un modelo asistencialista, el cual arrojará choques sociales y una distorsión en la economía mexicana.
El empresario destacó que entre la sociedad y la iniciativa privada se vive un ambiente de desánimo por escasos cambios alcanzados y los nuevos impuestos, y advirtió que a lo largo y ancho del país se han generado manifestaciones sociales contra esta iniciativa. Y subraya que “no se descarta la idea de que para el 2014 se comiencen a generar una lluvia de amparos en distintos sectores económicos que, indudablemente, arrojarán un impacto negativo a la economía del país”.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a través de su presidente, Francisco Funtanet, ha ido más allá al presentar propuestas de modificación a la reforma hacendaria aprobada por la Cámara de Diputados, con la que busca, subrayó, garantizar el impulso a la economía, la generación de empleo y el bienestar de la población. Durante las reuniones que ha sostenido el sector industrial con senadores, señaló que el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a alimentos con alto contenido calórico debe revaluarse. Dijo que la medida es desproporcionada, inequitativa y regresiva, que afecta en especial a la población más vulnerable.
Respecto a las bebidas azucaradas, Funtanet pidió ajustar el tratamiento fiscal propuesto, con el objetivo de no afectar a pequeñas empresas, y propuso realizar ajustes en temas de equidad y proporcionalidad, así como establecer cuotas sobre contenido real de azúcar para reactivar la innovación. En relación con la deducción inmediata de inversiones, propuso ampliar el incentivo en todo tipo de inversiones, con ello dinamizar el crecimiento económico, toda vez que en la minuta aprobada en la Cámara baja sólo se aplica este incentivo a “negocios verdes”. Explicó que la aplicación de éste significaría en el corto plazo una reducción de ingresos, pero en el largo plazo éstos se multiplicarán.
En cuanto a las prestaciones laborales, la Concamin cabildea para ampliar el margen para deducir las prestaciones a los trabajadores. Funtanet dijo que el esquema aprobado por los diputados implica encarecer la nómina en cerca de 7.0 por ciento, mientras otros especialistas afirman que se incrementaría la tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta entre 3.0 y 5.0 por ciento. Explicó que la eliminación de prestaciones tendrá como consecuencia conflictos laborales, menores empleos y pérdida de competitividad del mercado laboral, además de un incremento en el precio de los bienes y servicios, como reflejo de la nueva estructura de costos de las compañías.
Por lo que toca al impacto en el sector automotor, explicó que el monto de deducibilidad en 130 mil no permite contar con unidades seguras (bolsas de aire), y se debe reconocer la inflación durante los últimos 10 años, por lo que propone aumentar el monto deducible para apoyar el mercado interno.
DEBATE DE IMPUESTOS
Frente a toda esta oposición de los sectores productivos a la reforma hacendaria, en el Senado de la República, a la fracción parlamentaria del PRI parece tenerle sin cuidado y advierte que buscará que el paquete fiscal aprobado en San Lázaro sea avalado “en sus términos”, sin modificación alguna. Los perredistas buscan meter varios impuestos en la reforma fiscal para cubrir vacíos que se generaron en la minuta procedente de la Cámara de Diputados: “un peso más a refrescos; aumento del 5 al 8 por ciento a la comida chatarra y estamos haciendo un análisis sobre la posibilidad de establecer un IETU a los ricos”, dijo Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del Sol Azteca.
Los panistas analizan la viabilidad técnica y jurídica para meter de última hora un “impuesto de control” a las empresas más ricas del país, presuntamente para tratar de evitar la homologación del IVA en la frontera. La propuesta que estudian es la presentada por el perredista Miguel Barbosa, de imponer este IETU de control a las más de 420 empresas monopólicas y oligopólicas del país, del orden del 5 por ciento, con lo cual se intenta equilibrar el eventual boquete tributario que quedaría si no se avanza en la homologación del IVA en las fronteras.
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