La Jornada
Reforma energética implicaría renunciar a reserva estratégica: Jorge Navarrete
Significaría un "foco rojo"
porque se obliga a la apertura total del sector, ya sea a través de
contratos de utilidad, licencia y concenciones, y cualquier diferendo
tendría que someterse a tribunales internacionales, expuso el
especialista.
Alonso Urrutia y Víctor Ballinas
México, DF. Al continuar los foros sobre reforma energética organizados por la fracción del PRD en el Senado, el embajador Jorge Navarrete advirtió de la gravedad que implicaría una reforma constitucional en el sector porque ello eliminaría prácticamente en automático la reserva que tiene México en la materia en sus tratados internacionales de libre comercio y obligaría a la apertura total del sector con independencia de las modificaciones en leyes secundarias.
Para el especialista --quien fuera propuesto como eventual secretario de Relaciones Exteriores del gabinete de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña pasada-- esta modificación constitucional abriría un “foco rojo”, porque con independencia de la figura que se utilice en la legislación secundaria, ya sea contratos de utilidad compartida, licencias o concesiones, México renunciaría a la reserva estratégica en materia energética y en su caso cualquier diferendo tendría que someterse a tribunales internacionales y no nacionales.
Durante su intervención dijo que si bien se conoce muy poco acerca de la propuesta de legislación secundaria, de la lectura de exposición de motivos de la propuesta de Enrique Peña Nieto en materia de ley de ingresos se desprende que habrá un paulatino desplazamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo el rubro de “asignaciones” de la explotación petrolera en favor de los denominados contratos de utilidad compartida.
Destacó que en este proyecto de ley de ingresos existen dos regímenes fiscales con respecto a la explotación petrolera cuyo objetivo claramente es desplazar a Petróleos Mexicanos como eje central en el sector energético a favor de las empresas petroleras trasnacionales.
El embajador demandó que el Congreso de la Unión no se lance un salto al vacío aprobando la reforma constitucional, porque ello implicaría aprobar una carta blanca a los socios comerciales para la apertura del sector energético y la consiguiente pérdida de soberanía de México sobre sus recursos energéticos, fundamentalmente a partir de las cláusulas que regulan el Tratado de Libre Comercio (TLC) en materia energética.
Por su parte el economista Jorge Calderón refirió que las paulatinas modificaciones legales introducidas de manera “anticonstitucional” en materia de producción de energía eléctrica han mostrado cómo las políticas de los últimos gobiernos han pretendido ceder este sector estratégico a la iniciativa privada. Dijo que diversas de las medidas aplicadas, aunque van contra la Constitución, han favorecido una mayor presencia de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica que ahora se pretende ampliar y regularizar con los cambios en la Constitución que promueve Peña Nieto.
Señaló que diversas experiencias internacionales dan cuenta que la mayor participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico no han implicado reducción en el costo a los consumidores sino por el contrario un incremento y en algunos casos ineficiencia operativa.
A su vez la diputada perredista Loretta Ortíz afirmó que una reforma constitucional como la promueve Peña Nieto haría prácticamente irreversible para México recuperar la soberanía sobre los recursos energéticos, especialmente porque existe una cláusula especifica en el TLC que obligaría a que una vez aprobadas las modificaciones a la Carta Magna sea en los tribunales internacionales y no en ninguna instancia nacional donde se dirimirían los diferentes y en los cuales México participaría no como un Estado nacional sino como un particular más.
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