Estado de los ESTADOS Por Lilia Arellano
Estabilidad en riesgo
Detonante: oposición a reforma energética
Impulsa izquierda la “consulta vinculatoria”
Silencio de Peña Nieto al llamado de AMLO
Gobierno propone una “reforma regresiva”
Plan: invertir ahorro para retiros en Pemex
500 años después subsisten abusos del clero
“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”: Marqués de La Fayette.
La emergencia por los ciclones “Ingrid” y “Manuel”, que afectó a 1.7 millones de personas en 20 estados; dejo 157 muertos; dañó 491 edificios y alrededor de 26 mil viviendas, con afectaciones estimadas en más de 75 mil millones de pesos; así como la desaceleración económica que ayer fue formalmente reconocida como recesión por el INEGI y que demuestra el fracaso del actual gobierno en la materia al ser el subejercicio del gasto público uno de sus principales factores, han intentado ocultar temporalmente la grave crisis política alimentada por la necedad del actual régimen de imponer a como de lugar las reformas educativa, hacendaria y energética, a las que se opone abiertamente la población y que fácilmente pueden derivar en una desobediencia civil y desconocimiento de la administración de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra nuevamente haciendo turismo en Asia, en donde participará en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (CAPEC), en Bali, Indonesia.
Al continuar este viernes sus recorridos por municipios del Estado de México, el principal dirigente opositor, Andrés Manuel López Obrador, reiteró en Tultitlán, Tecámac, Coacalco y Texcoco, su convocatoria al pueblo de México a prepararse para emprender la “desobediencia civil pacífica” en caso de que el gobierno de Peña Nieto se niegue a responder la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de consulta en torno a la reforma energética. El tabasqueño indicó que sigue esperando la contestación del titular del Ejecutivo Federal sobre el planteamiento que hizo llegar el pasado 23 de septiembre a Los Pinos, y subrayó que “si no hay respuesta vamos a hacer uso de nuestros derechos, como ciudadanos, y vamos a llevar acciones de resistencia civil pacífica, en el marco de la no violencia”. También adelantó que los ciudadanos que asistan el próximo domingo a la marcha del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México tomarán las decisiones determinantes sobre el futuro de la Nación ante la intención del gobierno federal de “imponer las llamadas reformas” energética y hacendaria.
Cabe recordar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentó en agosto una iniciativa de reforma constitucional en materia energética que propone abrir la participación de la iniciativa privada a través del esquema de los Contratos de Utilidad Compartida. El gobierno promete que con su reforma se impulsará el crecimiento económico de México hasta 5 por ciento en los próximos años, aunque importantes grupos de inversión consideran que en el corto plazo la perspectiva realista de que esto ocurra es conservadora, pues los efectos de los cambios podrán verse hasta el 2016. Los inversionistas internacionales calculan que la aprobación de la reforma supondrá un aumento de la inversión en el sector entre 20,000 a 100 mil millones de dólares anuales en los próximos años.
Las ganancias para las empresas trasnacionales que participen en el sector energético en México serán extraordinarias si se calcula que se pasará de una producción de 2.5 millones de barriles de crudo promedio diario, a 3 millones en 2018 y 3.5 millones o más hacia 2025. Sin embargo, el fuerte optimismo por la aprobación de la reforma energética entre los inversionistas extranjeros podría generarles un desencanto al final, pues su aplicación aún tomará algunos años. El hecho concreto es que en caso de que se apruebe la reforma de referencia, que requiere de dos tercios de los votos a favor tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, aún quedan pendientes el voto de la mayoría de los estados, además de cambios en las legislaciones secundarias para su puesta en marcha, proceso que en el mejor de los casos culminaría a mediados del año siguiente.
Además existe el amago de la izquierda de revocar la reforma energética con un referendo. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impulsa un referendo sobre esta reforma que permitiría la participación de particulares en el sector petrolero y eléctrico. No obstante, los ciudadanos podrían anular estas modificaciones a través de una consulta vinculatoria. El aún dirigente formal del PRD, Jesús Zambrano, señaló sobre el particular que “cuando ya esté construido todo el proceso constitucional y legal de la reforma de ellos (el gobierno), a ver si los empresarios se arriesgan a invertir sabiendo que en el 2015 puede haber un referendo revocatorio de esas reformas. Que todo mundo lo piense”.
Tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que comanda Andrés Manuel López Obrador, han intensificado sus campañas para recabar firmas con el fin de concretar dicha consulta. Cabe recordar que la reforma política decretada el año pasado prevé instrumentos de participación ciudadana, aunque aún faltan las leyes reglamentarias para concretar su viabilidad. Para el caso del referendo, la legislación establece que se debe realizar a la par de unas elecciones federales, y las próximas ocurrirán el primer domingo de julio de 2015. Pero si hay acuerdo entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión, un referendo puede realizarse antes de aprobarse la reforma energética y dicha consulta podría ser vinculatoria. Este planteamiento formal será llevado por el PRD al Pacto por México.
REFORMA REGRESIVA
La propuesta energética de Enrique Peña Nieto no tiende a modernizar al sector, sino un regreso al pasado, para jugar nuevamente bajo las reglas de las trasnacionales que se han impuesto a todos los gobiernos que tienen recursos petroleros. José Juan González Márquez, especialista en derecho ambiental y en derecho económico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica que las propuestas de dicha reforma en cuanto a los contratos de riesgos compartidos y las concesiones para la exploración y explotación petrolera, ya fueron aplicados en México y fracasaron.
El especialista refiere que en el Siglo XIX y hasta la expropiación petrolera en México existieron las concesiones para exploración y explotación en esta materia. Mientras que en los años 50s se otorgaron contratos de inversión para dichas actividades y “fue fatal para México”. Destacó que en esa década las compañías no sólo recuperaban su inversión, además se les pagaban honorarios por los servicios prestados y se les costeaba con parte de la producción petrolera, lo cual quedó prohibido por la reforma constitucional de 1960, por lo que “volver al pasado no es modernizar”, subrayó.
Explicó que Pemex se olvidó de invertir en investigación y desarrollo tecnológico y hoy que sus principales reservas se encuentran en aguas profundas del Golfo de México carece de la tecnología para llegar a ellas. Advirtió que “Pemex no tiene tecnología para fracturar en el Golfo de México o para romper las formaciones rocosas donde se encuentra el shale gas y las empresas trasnacionales no se la van a vender, ni a rentar, porque quieren entrar al negocio de los hidrocarburos como socios”. Destacó que permitir los contratos de riesgo compartido “no es modernizar, pero si es jugar bajo las reglas que las trasnacionales han impuesto a todos los gobiernos que tienen recursos petroleros”.
González Márquez propone una solución de inversión que excluye el capital de empresas extranjeras: “los trabajadores mexicanos tienen acumulado en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cerca de dos billones de pesos que podrían usarse para invertir en el sector energético por medio de la compra de acciones”. Si se toma este camino, además de prescindir de los recursos económicos de las trasnacionales, los mexicanos verían en sus bolsillos los beneficios de la empresa petrolera más grande de América Latina. “En lugar de entregar las ganancias de este negocio a empresas extranjeras, mejor se las entregamos a los trabajadores mexicanos”, concluyó.
Es casi seguro que los trabajadores mexicanos no se opondrían a participar en el sector energético dados los pésimos resultados que en el manejo de sus ahorros para su jubilación han realizado las administradoras de fondos para el retiro (Afores). De acuerdo con los últimos datos disponibles, los recursos de los trabajadores en las Afores disminuyeron 139 mil millones de pesos, lo que implicó una reducción en sus ahorros. En abril, esos recursos se ubicaban en 2 billones 074 mil millones de pesos, pero al cierre de agosto la cifra cayó a un billón 935 mil millones de pesos.
LINDEZAS CLERICALES
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