Homozapping
Mainbit, supercontratos a una empresa vinculada a Peña Nieto
(Primera Parte)
Jenaro Villamil
Primera parte del texto original publicado en la edición 1929 de Proceso.
A pesar de un largo historial de irregularidades, demandas, descalificaciones y acusaciones por presuntas fugas de información sensible para la seguridad pública en los Centros de Administración Tecnológica (CAT) que están a su cargo, a la compañía Mainbit S.A. de C.V le renovaron un contrato multinanual por 10 millones de dólares para manejar los equipos de software, cómputo, redes, correo institucional y migración a la nube digital del Comisionado Nacional de Seguridad, a cargo del doctor Manuel Mondragón y Kalb.
La orden de renovar el contrato a favor
de Mainbit, propiedad de José Antonio Sánchez, vino directamente de Los
Pinos y fue operada por Alejandra Lagunes, la poderosa coordinadora de
la Estrategia Nacional Digital del gobierno federal.
Detrás de
esta decisión estuvo el cabildeo a favor de Sánchez, del poderoso
empresario mexiquense Luis Maccise, dueño de las estaciones de radio que
conforman Grupo Capital, accionista y directivo de Genoma Lab,
aspirante a la licitación de la tercera cadena de televisión digital y,
sobre todo, compadre del ex gobernador Arturo Montiel y de su sobrino y
actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
La decisión para favorecer a Mainbit –empresa que acapara el 65 por ciento de los contratos outsourcing de
todo el gobierno federal, incluyendo el SAT, la SEP y parte del IMSS–,
generó la renuncia simultánea de tres mandos de tecnología e informática
al interior del Comisionado Nacional de Seguridad, incluyendo a León
David Pérez Hernández, quien se desempeñaba hasta hace unas semanas como
jefe de la Plataforma México, la base de datos federal en materia
criminal y delictiva creada por Genaro García Luna, el ex titular de la
SSP, según confiaron a Proceso fuentes internas de la dependencia.
Los tentáculos en la SSP
El gran negocio para Mainbit provino
justamente de la firma de un contrato por 1 mil 302 millones de pesos
con la extinta Secretaría de Seguridad Pública para crear el CAT de la
dependencia que vía outsourcing administró y controló más de 25
mil computadoras, infraestructura de redes, correo electrónico y bases
de datos de la dependencia encargada de combatir el crimen organizado y
controlar a las policías federales y estatales.
De acuerdo con la memoria documental del
Libro Blanco de la SSP, el 31 de diciembre de 2007 la secretaría y
Mainbit firmaron “un contrato abierto” número OM/DGRMSG/LPN/002/2008,
“por el cual se le daba la contratación del servicio de un Centro de
Administración Tecnológica, cuyo objeto es proveer a los usuarios de la
secretaría y de sus órganos administrativos desconcentrados de capacidad
de cómputo y conectividad con altos niveles de servicio en sus
instalaciones, en varios lugares de la República Mexicana, por un
periodo de 5 años con fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2012 y
que se implementará en 4 fases diferentes”.
Mainbit se impuso a las otras 14
empresas competidoras, entre las que se encontraban empresas como
Avantel, Axtel, Dell México, Hewlett Packard, SIE Sistemas, SUN
Microsystems. El monto mínimo contratado fue por 792 millones 051 mil
pesos y un máximo de 1 mil 297 millones 893 mil pesos, que quedaron en
un monto total de poco más de 1 mil 300 millones de pesos.
De acuerdo con los anexos del documento
de la SPP a Mainbit se le entregaron los recursos por año de la
siguiente manera: en 2008, 161 millones; en 2009, 258 millones 957 mil
pesos; en 2010, 300 millones 957 mil pesos; en 2011, 300 millones 957
mil pesos; y en 2012 un total de 275 millones 961 mil pesos.
Al 30 de junio de 2012 la compañía
entregó un total de 18,333 computadoras PC’s, 5,250 laptops, 1,881 PC
Blade’s, que fueron destinadas a la Policía Federal (16,635 equipos), 5,
103 al área de Prevención y Readaptación Social, 2,961 al sector
central, 765 al servicio de protección federal y un mínimo al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según la SSP, en su Libro Blanco, el
contrato multianual a favor de Mainbit le permitió ahorros por 122
millones de pesos, pero otras empresas del sector denunciaron en
distintas denuncias públicas un sobreprecio de 40 por ciento, así como
incumplimiento en sus servicios.
En la edición número 1634 de Proceso, el
reportero Raúl Monge documentó las quejas de empresas como Qualita,
Intel, Foliservis por los criterios injustos de descalificación, el
favoritismo, el uso irregular de información confidencial y los
antecedentes de la propia compañía Mainbit, que en marzo de 2006 fue
multada por la Secretaría de la Función Pública por incumplir un
contrato firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el
mantenimiento de equipos de cómputo.
También el nombre de Mainbit se vio
involucrado en otra serie de irregularidades derivadas del proyecto
Enciclopedia por incumplimiento para hacer funcionar el equipo de
cómputo y el personal necesario para el funcionamiento en las 23 mil 709
aulas del programa consentido del foxismo (ver Proceso No. 1628).
Durante el actual gobierno peñista, el
titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles
Núñez, denunció que encontró irregularidades en la adquisición de
octubre de 2012 por 897 millones de pesos para proveer 38 mil
computadoras y servicios de CAT. La ganadora de la licitación
LA-006E0001-N68-2012 fue Mainbit.
En febrero de este año, el columnista Pedro Suárez escribió en El Economista que
Mainbit y su socio Dell habían implementado apenas 7 mil de los 38 mil
equipos, “situación que preocupa al equipo de Aristóteles Núñez, ya que
parece una misión imposible instalar 100 por ciento de los equipos antes
del próximo 15 de marzo, fecha límite ofertada de acuerdo con la
naturaleza del contrato y los puntos y porcentajes”.
Ante estos antecedentes, León David
Pérez Hernández, joven de 36 años especializado en psicología e
ingeniería electrónica, argumentó al interior del gobierno federal que
renovar el contrato con Mainbit en Plataforma México y ante el
Comisionado Nacional de Seguridad representaba un riesgo por los
incumplimientos y las fugas de información, según confirmaron fuentes
consultadas por Proceso, bajo la condición del anonimato.
Continúa mañana.
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