Homozapping
Entrampada la Reforma Energética en la Reforma Fiscal
(Primera parte)
Jenaro Villamil
Primera parte del reportaje publicado en Proceso No. 1928.
La reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto quedó entrampada en el futuro de la reforma fiscal que deberá aprobarse en los próximos días en el Congreso. Por la vía de una nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda pretende crear un nuevo régimen tributario que debilita a Pemex, incorpora la figura de los “contratos de utilidad compartida”, aún antes de que se apruebe las reformas constitucionales al 27 y 28 y sin que se conozcan los detalles de la legislación secundaria.
Esta propuesta ha generado severas
críticas al interior de la bancada del PRD en el Senado y en la Cámara
de Diputados, pero también de ex directores de Pemex, como Adrián
Lajous Vargas, quien propuso suspender la aprobación de un nuevo régimen
tributario en materia de hidrocarburos basado en los contratos de
utilidad compartida porque “aún no se conocen el contenido y los
alcances de esos contratos”, así como de constitucionalistas como Diego
Valadés, quien consideró
que las reformas constitucionales al 27 y 28 “daría a los particulares
derechos reales, esto es, de posesión o propiedad sobre la parte de los
recursos que hayan sido objeto de la contratación”.
En el marco de los foros de reforma energética organizados por el Senado, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, hizo pública una propuesta
que ha estado presente tras bambalinas entre un sector negociador del
PRD con el gobierno federal: aprobar la reforma al 27 constitucional, a
cambio que se derogue el intento de reformar el 28 y que se modifique la
carga tributaria para Pemex.
La nueva Ley de Ingresos de
Hidrocarburos, propuesta en el paquete fiscal por la Secretaría de
Hacienda, establece dos regímenes fiscales operando al mismo tiempo: uno
para Pemex Exploración y Producción, y otro para las empresas privadas
que podrían estar operando al lado de Pemex o compitiendo con la
paraestatal.
La iniciativa de Hacienda modifica la
naturaleza de Pemex y las instituciones alrededor de la paraestatal,
como la Secretaría de Energía, que adquirirá mayor poder de decisión.
Esta dependencia se encargaría de otorgar los bloques en explotación
directa a la paraestatal.
Al mismo tiempo, se crearía una empresa
comercializadora de la producción de hidrocarburos –gas natural o
petróleo- que se obtenga por medio de los contratos de utilidad
compartida. El dinero obtenido de estos contratos sería entregado a
Hacienda para su posterior reparto.
Así lo establece en la exposición de motivos la iniciativa:
“El comercializador del Estado entregará
al fideicomiso todos los ingresos derivados de la producción, una vez
descontado el pago por los servicios de aquel, de conformidad con lo
establecido en el contrato de recolección y venta que formalicen con
Secretaría de Energía”.
Esta iniciativa fue duramente criticada
por el ex director de Pemex, Adrián Lajous, quien participó esta semana
tanto en los foros de debate organizados por la bancada del PRD, como
los de la comisión de Energía, presidida por el priista David Penchynna.
“El Poder Ejecutivo difícilmente podrá
hacer pública las legislaciones secundarias a la reforma energética sin
que antes se apruebe su paquete fiscal, pero sin conocer los contenidos
que se implementarán, ¿cómo quieren aprobar la forma de tasarlos?
¿Aplicarán estos cobros para Pemex o para todas las empresas? Los
legisladores no pueden aprobar leyes basándose en conjeturas”, afirmó el
ex director de Pemex durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Lajous Vargas propuso que en lugar de
los contratos de utilidad compartida se explore la figura de un “régimen
de permisos y de licencias”, similar al que hoy rige en materia de
gasoductos, transporte y distribución, “y que tiene una larga tradición
jurídica en el país”.
El régimen de licencias, abundó, es más
fácil de diseñar y administrar porque sus términos y condiciones se
fijan por ley, no caso por caso, como ocurre con las concesiones y con
los contratos de riesgo, como sería en la figura de los “contratos de
utilidad compartida”.
Lajous también afirmó que si se adoptara
el régimen de licencias la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá
tener “amplios poderes regulatorios y una autonomía, que habrá de
proponer áreas geográficas a explorar y desarrollar; definir con el
gobierno los bloques que se liquidarán, las ventajas de su adjudicación y
abandono; así como el tamaño y frecuencia de las rondas de licitación”.
En la misma mesa del foro de debate
organizado por el PRD, participó el jurista Diego Valadés quien expresó
su oposición a las reformas al 27 y 28 constitucionales porque dará a
los particulares “derechos reales, esto es, de posesión o de propiedad,
sobre la parte de los recursos que hayan sido objeto de la
contratación”.
Además, abundó el ex procurador general,
la reforma propuesta por Peña Nieto “fortalece las capacidades
decisorias y discrecionales del gobierno, lo cual agrava la situación”.
“Lo que no se ha explicado todavía,
desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista
administrativo y económico, es por qué un monopolio petrolero fracasa.
Es un caso único en el plante. No es porque el país no tenga capacidad
técnica de gestión, administración o exploración y explotación. Lo que
ha hecho fracasar la industria petrolera es el régimen político”,
sentenció Valadés.
Continúa mañana.
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