Reprimir es delito, expresarse una libertad

¡¡Exijamos lo Imposible!!
La Jornada

Raúl Vera, entre otros, demanda no criminalizar la protesta

ONG exigen al Estado 

respetar las libertades

Carolina Gómez Mena

 

Poco más de 100 organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y 81 personas a título individual, entre ellas el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, emitieron un pronunciamiento en el que expresan la defensa del derecho a la protesta y a la manifestación y divulgaron un ya basta a la represión del Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades.

En el posicionamiento, denominado Reprimir es un delito, expresarse una libertad, elaborado con motivo de los hechos violentos ocurridos el pasado 2 de octubre en la marcha conmemorativa de los 45 años de la matanza estudiantil ocurrida en Tlatelolco, académicos, investigadores, defensores de derechos humanos y articulistas, entre otros, exigen que se realice una investigación y haya sanción a los agentes responsables de estas violaciones, incluyendo a toda la cadena de mando y la adopción inmediata de medidas de no repetición.

Detallan que ante la posibilidad de que ocurrieran violaciones a los derechos humanos de personas en ejercicio de su derecho a la protesta y a la manifestación, un sector amplio de la sociedad civil compuesto por activistas y defensores de derechos humanos se articularon en formas legales y legítimas para observar el desarrollo de la marcha.

Precisaron que durante la movilización constataron que los cuerpos policiacos actuaron de manera ineficaz y desorganizada para procurar la seguridad de los asistentes a la marcha, evidenciando falta de profesionalismo y ausencia de protocolos para el uso de la fuerza, generando con ello condiciones para violaciones a los derechos humanos.

Exponen: rechazamos totalmente la violencia del Estado en contra de las y los ciudadanos y se pronuncian en contra de la criminalización de la protesta.

Hasta ayer 111 organizaciones signaron el pronunciamiento, entre ellas la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, la Casa del Migrante de Saltillo, los centros Antonio de Montesinos, de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y a título personal Alejandro Brito Lemus, Cristina Auerbach, Elena Azaola, John M. Ackerman, Magdalena Gómez y Manuel Fuentes Muñiz.