¡¡Exijamos lo Imposible!!
Proceso
Imperativos de una reforma electoral
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Quien no invierte 10 millones de pesos en
una campaña no gana, el que no compra votos el día de la elección no
gana, el que no reparte despensas y otras cosas, tampoco”. Son las
palabras de Zac Mukuy Vargas Ramírez, secretaria de Asuntos Juveniles
del Partido de la Revolución Democrática, expresadas a la periodista
Claudia Herrera, de La Jornada. La dirigente partidista resume con toda
claridad la naturaleza corrupta de nuestro sistema político. En la
“democracia” mercantilizada que vivimos, la posibilidad de dirigir a la
nación no es un asunto abierto a ciudadanos bien intencionados, con
liderazgo social o con propuestas creativas, sino un negocio reservado
para políticos experimentados en la recaudación de fondos de procedencia
desconocida, la compra de lealtades y la manipulación mediática.
La
situación que resume Vargas Ramírez es la triste realidad de todos los
partidos políticos actuales. No gana quien juega respetando las reglas;
lo hace quien patea con más fuerza el tablero. Mentiría el dirigente
partidista o funcionario electoral que afirme lo contrario.
Tal es
el legado directo de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo
Valdés, quienes han custodiado nuestra “transición” fallida desde 1996.
La gran mayoría de los consejeros y magistrados electorales, tanto
federales como locales, también han contribuido gustosos a generar estas
circunstancias al sustituir la objetividad, inteligencia y valentía que
reclama su actuación por conductas pasivas, parciales o abiertamente
corruptas.
El reemplazo del Instituto Federal Electoral (IFE) por
el nuevo elefante blanco llamado Instituto Nacional Electoral (INE) no
resolverá el problema. No se echará de menos al viejo IFE, pero muy
probablemente el INE será aún menos efectivo que su antecesor.
La
soberbia de los ocupantes de la casona de Viaducto Tlalpan rebasará
cualquier límite, pues los nuevos virreyes de la “democracia” no
solamente podrán negociar votos y lealtades en función de los comicios
federales, sino que también tendrán entre sus manos las riendas de las
elecciones estatales y municipales del país. Las oportunidades para la
búsqueda de nuevos cargos, empleos y acomodos políticos se ampliarán y,
si llegan a jugar bien sus cartas, los consejeros gozarán de un futuro
posburocrático lleno de lujos y prebendas.
Antes que cualquier
reforma legal, lo más importante son los perfiles de quienes dirigen las
instituciones. En vez de lucrar personal, política o económicamente con
su cargo, un buen funcionario electoral busca entregarse a la defensa
de las causas ciudadanas y a enfrentar a los poderes fácticos. Un
efectivo consejero electoral se asume como un auténtico líder social en
lugar de esconderse en los laberintos de la simulación legalista.
Ya
basta de tímidos burócratas y ambiciosos ególatras cuyas mayores
preocupaciones son la elección del restaurante para su próxima cena de
“trabajo” o el destino de su siguiente congreso internacional. Se
requiere una nueva generación de consejeros y magistrados que se
distingan por su humildad, valentía y dignidad.
Los detalles de la
nueva legislación electoral evidentemente también tienen su relevancia.
El ámbito más importante es el de la fiscalización y la vigilancia de
las campañas electorales. Específicamente, dicha ley debería dejar
perfectamente claro que el IFE, o el INE, no es un simple “árbitro” de
las contiendas electorales, sino un verdadero órgano regulador de la
competencia política.
La autoridad debe ser obligada por ley a
vigilar de manera activa y en todo momento cada aspecto del proceso
electoral. Por ejemplo, el IFE tendría que desplegar miles de
observadores equipados con la más alta tecnología para contabilizar de
manera independiente todos los gastos hechos por partidos, candidatos,
militantes y simpatizantes en los 300 distritos electorales; ejercer
una vigilancia escrupulosa y en tiempo real de absolutamente todos los
depósitos realizados por cualquier persona física o moral en las cuentas
bancarias de las principales empresas mediáticas, así como de sus
filiales, socias y aliadas; y el día de la jornada electoral, el IFE
debería ser obligado por la ley a organizar un enorme operativo de
vigilancia fuera de las casillas para prevenir y documentar el acarreo,
la compra y la coacción del voto.
El actual proceso de
fiscalización burocratizado y casi exclusivamente ex post ha resultado
ser una enorme simulación. La ley debiera requerir la dictaminación de
todos los informes y la resolución de cada una de las quejas en la
materia antes de la calificación de validez de los comicios; asimismo,
incluir el rebase de topes de gasto de campaña como causal de nulidad
automática de la elección.
Nos encontramos en una situación de
fraude electoral institucionalizado y consolidado. La única forma en que
un ciudadano puede defender la soberanía popular e influir en las
políticas públicas es por medio de la protesta social. Es por ello que
los maestros disidentes y los jóvenes activistas son nuestros demócratas
más destacados.
A quienes incomodan las protestas habría que
recordarles que estas manifestaciones son síntomas de un problema
estructural más profundo de ilegitimidad democrática. En lugar de caer
en el perverso juego del linchamiento mediático, sería preciso trabajar
arduamente para desplazar a la caduca clase política con nuevos
liderazgos juveniles, así como recuperar el espacio político-electoral
como un escenario de competencia auténtica y debate informado.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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