A la expectativa Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
- Se complica más el escenario nacional
- Tic…tac: ningún acuerdo con maestros
- Con Peña Nieto van 12,595 homicidios
- México en “fuerte bache” económico: ML
- Videgaray reconoce menor gasto público
- Empieza la defensa contra Dragón Mart
- Baja el peso y aumenta el precio del gas
“La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”.- René de Chateaubriand
Pese a que se ha tratado de buscar que las modificaciones en fecha, hora y escenario del mensaje presidencial anual disminuyan presiones y cambien perspectivas de imposición, sigue siendo complicado el poder entregar cifras de resultados concretos, ya que el entorno económico, político y social en que habrá de entregarse al Congreso el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra totalmente alterado.
“La economía mexicana está en la parte más profunda del bache”, reseña Merril Lynch; la moneda mexicana se ha devaluado hasta los 13.60 pesos por dólar; al igual que las actividades productivas que conforman el PIB, el empleo no crece y, por el contrario, se deprime y prevalece el trabajo informal; la inseguridad pública no se ha resuelto y en mucho rubros se ha agravado; la pobreza y la desigualdad crece y el salario de los trabajadores sigue deteriorándose; hasta el principal aliado político del mexiquense, el Partido Acción Nacional, recrimina que la actual gestión ha sido: “9 meses de promesas sin resultados”.
Decepción es el sentimiento que prevalece en la población en torno la primera etapa de la presente administración federal.
La antesala de la evaluación de la administración de Peña Nieto fue la agudización del problema magisterial que al cierre de estas líneas se encaminaba a la confrontación y, por consecuencia, a la represión, así como la conmemoración del Día Internacional de Desaparecidos, un tema que el gobierno federal había logrado dejar de lado con su estrategia informativa de no destacar los hechos de violencia en el país, pero que tarde o temprano tenía que surgir porque esta gestión también ha fracasado en su intento por garantizar la seguridad pública en general y, en particular, en localizar a personas desaparecidas y sancionar a los responsables.
Los propios informes oficiales confirman que en lo que va de esta gestión los secuestros y extorsiones se incrementaron, aunque destacan que disminuyeron los homicidios dolosos y el robo de vehículos.
El informe presentado por el gobierno federal en el formato acordado con las organizaciones de la sociedad civil, señala que los homicidios dolosos se duplicaron durante el sexenio pasado, pues mientras en 2007 se denunciaron 10 mil 253 asesinatos, para 2012, el último del gobierno de Felipe Calderón, la cifra se incrementó a 21 mil 700.
En tanto, los secuestros aumentaron en 21 por ciento y las extorsiones 14 por ciento comparando el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y julio de 2013 —correspondiente a la gestión de Peña Nieto- con el de diciembre de 2011 y julio de 2012, el mismo periodo de la administración de Calderón Hinojosa.
Según ese reporte, en los meses de inicio del actual gobierno federal, los homicidios dolosos disminuyeron 13 por ciento y el robo de vehículos con violencia 12 por ciento y sin violencia 8 por ciento, respecto del mismo periodo del gobierno anterior.
Sin embargo, el PAN que encabeza Gustavo Madero sostiene que los homicidios “dolosos” registrados en los primeros seis meses de gobierno de Peña Nieto se han incrementado en comparación con las administraciones panistas. Refiere que en los primeros seis meses con Vicente Fox se llegó a tener arriba de ocho mil homicidios dolosos; con Felipe Calderón se tuvo arriba de seis mil; y con Peña se tienen más de 10 mil.
Subraya que “no hay una estrategia eficaz para disminuir los homicidios dolosos, los resultados de Peña Nieto son los peores en tres administraciones”.
Sobre el particular, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que se han cometido un total de 12 mil 595 homicidios dolosos durante la administración de Peña Nieto. Abril fue el mes con mayor registro: mil 649.
Por lo que toca a los desaparecidos, las cifras oficiales son “escalofriantes”, como las calificó la organización Amnistía Internacional. El Sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó el mes de febrero pasado que pudo constatarse la existencia de un listado con un total de 26,121 registros de personas desaparecidas. La cifra está basada en los reportes de las procuradurías locales. Esa base de datos contiene información básica, como fecha de la desaparición, género, señas particulares, tatuajes de la persona desaparecida y ministerio público que registró la desaparición.
Ese listado, dado a conocer en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que entró en vigor el 18 de abril de 2012, es insuficiente al no traducirse en investigaciones que determinen “en cuáles desapariciones participaron agentes de las fuerzas armadas y policiales”, como lo señaló Amnistía Internacional, que reprobó que las autoridades “no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes”.
Insistió en que falta por definir cuáles personas de esa relación son víctimas de desaparición forzada, es decir, de “desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos”.
El informe de Al, denominado “Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México”, divulgado el pasado mes de junio, lamenta que a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir al crimen organizado las desapariciones siguen ocurriendo en el país por una razón: porque, en su mayoría, son perpetradas por funcionarios públicos.
Ante “la pasividad del Estado, que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo a las personas a que sean víctimas de desaparición”, los familiares de las víctimas han tenido que luchar para saber qué paso con sus seres queridos.
AI advierte que el principal desafío que enfrenta el gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos es poner fin a las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, sean delincuentes o funcionarios públicos. También refiere que “el nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encarga de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad política necesarios para abordar esta crisis nacional”.
A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que investiga 2 mil 443 casos de presuntas desapariciones forzadas con indicios de participación de funcionarios o agentes de alguna corporación policial o militar.
En las últimas semanas, el foco sobre las miles de desapariciones pendientes fue puesto por las investigaciones en torno a la desaparición de 12 jóvenes en mayo en un bar en la Zona Rosa de la Ciudad de México.
Apenas el martes pasado las autoridades federales y del Distrito Federal confirmaron que 12 de los 13 cuerpos encontrados la semana pasada en una fosa clandestina a las afueras de la capital fueron identificados como las víctimas del secuestro en el bar after Heaven, aunque sus familiares ponen en duda que sea cierto.
La organización Human Rights Watch destaca que “las autoridades hacen el esfuerzo de investigar en aquellos casos en que las familias hicieron suficiente ruido para que el costo de negligencia sea demasiado alto para ignorarlo”. Ese secuestro ha sido el de más alto perfil mediático desde que Peña Nieto asumió la Presidencia.
El revelante caso anterior aún no ha sido aclarado, a pesar de las prisas de las autoridades del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República por cerrarlo. Ayer, más de 50 personas, entre ellas familiares de los 13 secuestrados en el bar Heaven se congregaron en el Hemiciclo a Juárez para exigir justicia a las autoridades, en el marco del Día Internacional del Desaparecido.
Reclamaron que hasta el momento, las autoridades no les han dado pruebas de que los cuerpos hallados en una fosa en Tlalmanalco, Estado de México, corresponden a los de sus seres queridos, por lo que están desaparecidos.
BACHE ECONOMICO
Por lo que toca al panorama económico, no podría ser más sombrío: este viernes, a unas horas de presentarse en el Congreso de la Unión el documento del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Bank of America Merril Lynch advirtió que la economía mexicana “está en la parte más profunda del fuerte bache” que comenzó a finales del 2012, debido a los choques externos (disminución de las exportaciones) y fiscales (contención del gasto por parte del gobierno federal).
Frente a estas críticas, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, comprometió que este año habrá un ejercicio íntegro del gasto público. Tras una reunión con la bancada de senadores de Acción Nacional, sostuvo que el Presupuesto se mantendrá sin ajustes, pese al comportamiento de los indicadores de crecimiento. El funcionario aseguró que no está en puerta un recorte al gasto público. No obstante, reconoció que el gasto que ejerce el gobierno federal disminuyó entre enero y julio pasados en 14 mil 172.5 millones de pesos en comparación con el ejercicio en el mismo periodo de 2012.
Entre enero y julio pasados, el gasto programable del sector público se redujo a un billón 724 mil 933 millones de pesos, cantidad menor en 14 mil 172.5 millones de pesos al ejercicio en el mismo periodo de 2012, una disminución de 4.6 por ciento en términos reales, informó el funcionario.
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