Por Esto!
Cuánto cuesta comprar la Presidencia
Juan José Morales
Escrutinio
No por esperado deja de ser aberrante el fallo del tribunal electoral sobre la elección presidencial. No se preocuparon los magistrados —ni uno solo de ellos— por al menos guardar un poco las apariencias aceptando siquiera alguno de los muchos elementos de prueba que el Movimiento Progresista aportó para demostrar lo que es evidente para todos, excepto para los integrantes del Trife. Es decir, que no se cumplieron los requisitos de igualdad y equidad que, según el Art. 41 constitucional, deben regir las elecciones.
Para nadie es un secreto que hubo compra y coacción del voto por parte del PRI, que Peña Nieto rebasó holgadamente el tope de gastos de campaña —que según la ley era de 336 millones—, que hubo una confabulación entre el propio Peña Nieto y las empresas del duopolio televisivo para impulsar su candidatura, que la campaña priísta se financió con dinero de oscuro origen que fluyó a raudales a través de empresas fantasmas, que diversos gobiernos —en particular el del Estado de México— aportaron también enormes cantidades mediante transferencias ilegales, que hubo repartos de láminas, despensas, materiales de construcción y otros productos para inducir el sufragio, que a cambio de su voto se entregaron a los electores tarjetas —equivalentes a dinero en efectivo— para adquirir mercancías, tarjetas que se harían válidas al día siguiente de la elección (obviamente, sólo si triunfaba Peña Nieto, lo cual los obligaba a ejercer su voto en tal sentido).
Una tras otra, tales pruebas fueron desechadas por los magistrados, aduciendo que no las consideraban suficientes para probar que hubiera habido compra y coacción del voto, o que no se demostraba las acciones en cuestión hubieran tenido como propósito vulnerar la ley. Se llegó al extremo —para citar un caso— de aducir que, si bien quedó demostrado que Peña Nieto, en su calidad de gobernador del Estado de México, firmó contratos con Televisa y Televisión Azteca para promover su imagen en todo el país y no sólo en su propia entidad, eso no significaba que hubiera sido con propósitos electorales (quizá fue sólo porque EPN buscaba mostrar a todas las mujeres de México su copete envaselinado y su rostro de galán de telenovela).
A despecho del fallo del tribunal, siguen ahí sin embargo, a la vista de los mexicanos, todos esos hechos que los magistrados minimizaron o no quisieron aceptar. Ahí están, por ejemplo, los famosos monederos electrónicos Monex, que —según facturas hechas públicas— tuvieron un valor de 160 millones de pesos, o sea casi la mitad del total de gastos de campaña. Ahí están las no menos famosas tarjetas de Soriana, que costaron no menos de cien millones de pesos y de las que primero se negó su existencia y después, al tener que admitirla, llegó a decirse en el colmo del cinismo que las había utilizado López Obrador para desprestigiar al PRI.
Ahí está la verdadera flota de helicópteros y grandes aviones —uno de ellos de cien pasajeros— que Peña Nieto utilizó durante su campaña electoral. El alquiler de tales aviones asciende en un caso a 10 mil dólares la hora y en el otro a 12 mil. O sea, 22 mil dólares la hora por ambos. Suponiendo un mínimo de tres horas de vuelo durante los 90 días de la campaña, estamos hablando conservadoramente, en números redondos de dos millones de dólares, o sea unos 26 millones de pesos. A ello hay que sumar la renta de los helicópteros.
Y desde luego, esos no fueron los únicos gastos. Ahí están también la renta de cientos y cientos de autobuses para el acarreo en los actos masivos, la profusión de anuncios espectaculares, los millones de gorras, camisetas, sombrillas y demás parafernalia electoral, y otros muchos —muchísimos— gastos.
No resulta exagerado decir, como afirmó el Movimiento Progresista, que la campaña de Peña Nieto costó más de 4,500 millones de pesos. O sea más del mil por ciento por encima del límite legal.
Eso le costó comprar la presidencia de la República. Y, obviamente, él y sus patrocinadores pronto comenzarán a recuperar —y con creces— la inversión. De modo que, si ya los gobiernos priístas dejaron en bancarrota a sus estados por haber destinado el dinero del erario a financiar la campaña de EPN, sólo nos queda esperar que las cosas empeoren.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
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