Contralínea
El caduco sistema político y electoral debe ser renovado
Pablo Moctezuma Barragán
Salinas de Gortari creó el Instituto Federal Electoral en 1990 y, en 1993, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
luego del patético fraude de 1988 para intentar limpiar la cara al
sistema electoral mexicano y modernizar la operación del fraude
electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional-Partido
Acción Nacional (PRIAN) y en contra de los intereses de nuestro
pueblo, y para consumar el bipartidismo que impulsa Washington para
México. La dictadura de las grandes corporaciones a través de solamente
un partido ya no funcionaba, el PRI-gobierno estaba agotado, así que se
ejecutó el modelo clásico de la “democracia estadunidense” con dos
partidos alternándose en el poder, para servir a un solo amo: el gran
capital.
Es más fácil controlar a siete personas que a 500. Antes era el Congreso de la Unión el que calificaba la elección presidencial, ahora es el Tribunal Electoral. A los siete magistrados del Tribunal los nombra la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros, a su vez, son nombrados también por los senadores a propuesta del presidente de la República. Por tanto, son decisiones de las cúpulas del PRIAN las que permiten nombrar como magistrados únicamente a los incondicionales de la mafia en el poder.
El Tribunal Electoral es un órgano que sirve a la cúpula del poder.
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron
modificados los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 94, 99 y100 en la
época de los gobiernos priístas de Salinas y Zedillo para quitar a la
Suprema Corte la facultad de hacer justicia ante un fraude electoral y
darle al Tribunal el ejercicio supremo del Poder Judicial de la
Federación en materia electoral, quitándole además al Congreso la
función de calificar la elección presidencial. Así se garantizan las
imposiciones y fraudes del PRIAN, dándole además una apariencia “legal”, “democrática” y “moderna” a lo que es un verdadero cochinero.
La acción del Instituto Federal Electoral (IFE) es un preludio de
lo que en estos días resolverá el Tribunal Electoral. Mientras que por
una parte sanciona el IFE con más de 8 millones a los partidos del
Movimiento Progresista (Partido de la Revolución Democrática, PRD;
Partido del Trabajo, PT, y Movimiento Ciudadano) por supuestas
irregularidades en las precampañas, al PRI le aplica una ridícula multa
de tan sólo 6 mil 233 pesos. El IFE no oculta su parcialidad en la
aplicación de sanciones, no duda en defender a los delincuentes
electorales, ni en castigar a los que denuncian los delitos y están del
lado de la ley. Hasta ahora ha desestimado las pruebas y dará su
resolución hasta después de la calificación presidencial. A la
asociación Amigos de Fox la penalizaron tres años después de los hechos.
Peña Nieto pudo hacer una campaña durante años, pagada por el
erario mexicano, lo que ha sido ampliamente documentado por el diario The Guardian.
Y el IFE no vio nada. Los gastos de por lo menos 4 mil 500 millones de
pesos, que excedieron más de 10 veces el tope de campaña, que es de 366
millones de pesos… y el IFE no detectó nada. Tampoco vio los 4 mil
espectaculares de Peña Nieto. Se compraron millones de votos con
tarjetas Monex, Soriana y telefónicas, sin consecuencias para los
delincuentes electorales.
Pretextos no han faltado, pero es claro que el IFE debe realizar
investigaciones exhaustivas sobre los secretos, incluidos el fiscal y
el bancario. Es su responsabilidad. Debe contar con reportes de todos
los gastos, y está prohibido hacer gastos sin soporte. Sin embargo los
consejeros del IFE se “desentendieron” de su deber.
También la propaganda electoral en los medios está reglamentada y
está prohibido que otras personas hagan campaña de manera encubierta y
sin embargo vimos cómo a través de entrevistas, comentarios de
espectáculos, reportes de encuestas y opiniones de analistas, se hizo
una campaña descarada a favor de Peña Nieto durante años sin que el IFE
lo haya tomado en cuenta.
El IFE es la autoridad para impedir la propaganda ilegal, la compra
de votos, el ingreso de recursos ilícitos en las campañas y para
castigar e impedir transgresiones administrativas y penales, pero
patéticamente se ha declarado inepto para resolver los problemas que
son de su directa responsabilidad y no sólo no investiga, sino que cierra los ojos
ante las evidencias. El IFE tiene el deber y las facultades formales de
investigación. Pero no cumple con su deber. Esto es así porque la
función de los nueve consejeros, que fueron electos por las cúpulas del
PRI y el PAN en la cámara de diputados, es la de operar el fraude
electoral a favor del PRIAN y no evitarlo.
Hay todo un aparato montado para salvaguardar los intereses de la oligarquía proyanqui,
de su gobierno bipartidista y para evitar que otro proyecto destruya su
dominación. El IFE y el Tribunal Electoral son parte de éste aparato.
Grandes intereses están en juego.
En los últimos meses de la campaña 2012 se desarrolló un Proyecto Alternativo de Nación capaz de romper con la subordinación al imperio yanqui
y los intereses de las grandes corporaciones, y de garantizar la plena
soberanía nacional, porque sólo rompiendo con el dominio de la
oligarquía y su gobierno bipartidista (PRI-PAN) podremos lograr la
liberación de México y su desarrollo económico, político, social y
cultural.
El pueblo soberano es quien debe decidir el rumbo de la nación, y
elegir al gobierno que responda a los intereses populares, ello requiere
de un sistema democrático que sea expresión de la voluntad popular.
Para derrotar al PRIAN apoyamos en las elecciones de 2012 a
Andrés Manuel López Obrador, pero una vez más (como en 1988 y 2006)
hicieron fraude para imponer al candidato del PRI. Hoy exigimos
invalidar las elecciones, lo que es un paso, pero en nuevas elecciones,
dado el sistema electoral actual, persistiría el problema. Es necesario,
junto con la invalidación, impulsar la demanda de la renovación
democrática que lleve a un nuevo sistema político y electoral en el que
se garantice que se ejerza la voluntad popular. Analizando los vicios
del sistema actual y cómo opera a favor del PRIAN y la oligarquía proyanqui,
es menester plantear las soluciones requeridas para garantizar
elecciones libres y auténticas, así como equidad y limpieza en los
procesos.
Es preciso detectar los factores que invalidan la elección libre,
auténtica y equitativa y proponer las medidas para establecer la
democracia genuina en interés del pueblo. Prohibir guerra sucia,
anuncios, regalos, promesas sin sustento. Es necesario encontrar las
propuestas de solución para que éstas se conviertan en una exigencia
popular, con la certeza de que sólo la amplia movilización activa de
millones de mexicanos en todo el país puede hacer triunfar la voluntad
popular.
Estamos en pleno siglo XXI y necesitamos una democracia moderna que
garantice la soberanía. Es hora de la transformación profunda que
necesita México. Vamos a organizarnos para encontrar la salida y a
impulsar la resistencia unificada, un frente que lleve a que el pueblo
tenga el poder y en sus representantes democráticamente electos.
Para ello necesitamos analizar el mecanismo que emplea la mafia con
el que las cúpulas secuestran el poder de decisión, y proponer
soluciones a este problema que lleve a candidaturas auténticamente
populares, campañas equitativas, elección no sólo de representantes sino
de proyectos y el necesario control sobre los representantes populares
ya en el poder.
La “democracia al estilo estadunidense” es una falsa democracia.
Necesitamos un sistema político y electoral que lleve a la renovación
democrática: que la decisión recaiga en manos de los electores para que
el pueblo mande. Que el futuro rumbo del país se decida
democráticamente.
*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki
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