¡¡Exijamos lo Imposible!!
Buscan la América para los de EU Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Guerra contra el narco, el pretexto
OEA dicta instrucciones a 34 países
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Abate la Armada de México al “fantasma”
Contienda entre dos, ¿a quién beneficia?
“Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización”.- Ernesto Sábato
Mientras el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, está pensando reunirse con directivos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que le aclaren “sus fuentes” tras las acusaciones, en el sentido de que las bandas criminales asesinan e incluso imponen a sus propios candidatos en los procesos electorales de América Latina, el Plan de Acción Hemisférico del Departamento de Estado y el Pentágono estadounidense avanza para trasnacionalizar a todo el continente americano la “guerra al narcotráfico”, que tan buenos dividendo$ les dejo a través del “Plan Colombia” y les deja con la “Iniciativa Mérida” o “Plan México”, el cual está en pleno desarrollo en territorio nacional y que explica la serie de combates, ejecuciones, “levantones”, detenciones de presuntos criminales y líderes sociales, y pone en claro las razones de la enorme podredumbre y corrupción que impera en el sistema de impartición y procuración de justicia del país.
En efecto, dicho plan estratégico pasó a su fase de implementación tras los acuerdos que se alcanzaron en la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada que se desarrolló a lo largo de dos días en la Ciudad de México. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), dieron a conocer los acuerdos que “adoptaron” los fiscales y ministros de los 34 países que integran esa organización internacional, entre los que destaca la creación un “Centro de Cooperación para el combate al crimen organizado trasnacional”, como punta de lanza de las medidas que tomarán y las acciones que llevarán a cabo en el corto y mediano plazos para hacer un frente a lo que llamaron “esta creciente e invasora forma de criminalidad”, que, dicen, “representa una amenaza” que se extiende a nuevas zonas de la región e incluso está interconectado con otros continentes.
La razón de esta estrategia es muy simple: en el continente americano no existen regímenes extremistas como en Asia o África, en cuyos países el plan global de dominación militar y económica de Estados Unidos, tras el descongelamiento de la “Guerra Fría”, se fundamentó en el combate al terrorismo y los “satanes” que representaban los dirigentes de movimientos guerrilleros y populares con pretensiones nacionalistas y que han sido eliminados, uno a uno, país por país, y que, por supuesto, incluyeron la eliminación de gobiernos completos que se opusieron a los planes de expansión militar de los Estados Unidos, como los regímenes de Sadam Hussein en Asia o de Muammar el Gadhafi en África, por sólo mencionar dos.
Por esa razón, el embate sobre América Latina y el Caribe se disfrazó de “guerra al narcotráfico y a la delincuencia organizada”, convirtiendo en verdaderos “diablos” a los capos más sobresalientes y que justifiquen la “santa cruzada” de las agencias de inteligencia estadounidenses y los combates de sus tropas irregulares conformadas con mercenarios contratados por empresas privadas de seguridad e inteligencia, para que en caso de ser descubiertos en los crímenes masivos –ejecuciones de gente inocente y totalmente inerme como indígenas o migrantes pobres que ejecutan en la oscuridad, en los territorios a los que son trasladados- no haya forma de ligarlos a gobiernos constituidos en el norte del continente.
La posición oficial y pública del gobierno y el Congreso de Estados Unidos, de los dirigentes políticos y los legisladores de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, ha sido la de disfrazar los grandes presupuestos destinados año con año a esas guerras subrepticias e irregulares como “ayuda” y “asesoría” para así destinar miles de millones de dólares a empresas privadas, cuyo único y principal negocio es la muerte, a través de la venta de tecnología militar y armamentista y la “capacitación” de las fuerzas militares de paz de los países ocupados, en fuerzas de intervención y represión de sus propias poblaciones, al margen de las Constituciones locales y todos los tratados internacionales firmados en la materia. Los ejemplos de Colombia y México son más que ilustrativos sobre las consecuencias de la aplicación de estas tácticas.
Este es el contexto en el que los ministros y fiscales de los 34 países de la OEA “decidieron”, por no decir que les impusieron, la creación del “Centro de Cooperación para el Combate al Crimen Organizado Trasnacional” que, dicen o les dijeron, que les permitirá “hacer uso de las capacidades” con las que cuentan todos los estados miembros pero, mucho ojo con esto, también implica la creación de “nuevas capacidades” para hacer frente a la delincuencia organizada trasnacional. El chileno José Miguel Insulza fue muy claro al precisar que se trata de un “frente organizado trasnacional” para poder “imponernos sobre esta amenaza”.
Es decir, se crea la “gran amenaza diabólica” para poder justificar e implementar la “santa cruzada” internacional para acabarla o exterminarla, cuando de lo que se trata es de un peligroso y global juego de dominación internacional en todo el continente americano y que es la versión de este siglo XXI a la famosa doctrina Monroe, que estipulaba: “América para los americanos”, o mejor dicho para los norteamericanos y, más precisamente, para los estadounidenses. Las palabras del ex ministro chileno son más que reveladoras: nosotros “representamos a la democracia americana, el delito representa lo opuesto: la destrucción de las instituciones y las personas, la anulación del diálogo. La delincuencia es por su naturaleza autoritaria”.
El dudoso privilegio de leer las conclusiones de esa reunión, no de consensos sino de establecimiento de directrices, fue para la procuradora mexicana, Marisela Morales Ibáñez, quien no ha dado una en nuestro país y todos sus espectaculares casos han terminado en rotundos fracasos. A esta funcionaria le correspondió dar la instrucción de “desarrollar un sistema de cooperación que incluya el Centro que coordine la implementación del “Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada trasnacional”, armonizando y coordinando los esfuerzos sobre el tema en los distintos órganos de la OEA, y así potenciar las acciones nacionales y regionales”. La presunta abogada de México, palomeada en Estados Unidos, justificó que “el fenómeno de la delincuencia organizada trasnacional se ha hecho cada vez más complejo y afecta a nuestras sociedades extendiéndose a nuevas zonas de la región e interconectado con otros continentes”. Es decir, más justificaciones.
Otras instrucciones que dio la Ibáñez a los ministros y fiscales de América fue la de “armonizar plenamente” sus legislaciones nacionales con estos instrumentos; “dar mayor impulso a la cooperación hemisférica” y establecer “mecanismos que permitan enfrentar esta criminalidad de forma integral”; también, complementar los esfuerzos legislativos con recursos financieros, materiales y humanos que permitan la plena aplicación de las normas jurídicas”, aspectos que ella y su jefe, don Felipe Calderón, no han logrado hacer a lo largo de más de cinco años. También les estableció implementar las extradiciones –hacia Estados Unidos, por supuesto-, la asistencia jurídica mutua, el intercambio de información e inteligencia y la capacitación mutua. Más “Plan México” para toda America Latina y el Caribe.
IFE BUSCARA A LA OEA
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