Más amenazas contra el semanario Zeta
Álvaro Cepeda Neri
Lo
que está en cuestión para todos los mexicanos (¡no se diga para los que
a diario viven pacíficamente!) es terminar de tajo con la violencia
sangrienta provocada por todas las delincuencias encabezadas por
narcotraficantes y sus sicarios, y que combaten con muy contados saldos a
su favor las Fuerzas Armadas y policiacas (en cuya “guerra” fallida, no
pocos de sus elementos, soldados, marinos y policías, cometen abusos
contra la población civil) para tener cientos de miles de homicidios,
secuestros, violaciones a derechos humanos y sexuales, en cuyos hechos
participan la barbarie delincuencial y los uniformados. En sus fuegos
cruzados quedan atrapados niños y adultos que, con madres angustiadas
por los otros tantos miles de feminicidios, demandan el restablecimiento
de la paz pública.
Ésta y el cese de la violencia homicida, así como el regreso de los
militares a sus cuarteles y funciones de auxilio ante desastres, es lo
que los gobernantes deben de resolver, ya que esos problemas no pueden
continuar como hechos cotidianos. Por todo el territorio los mexicanos
no hallan cómo seguir con sus actividades diarias en el contexto de la
crisis económica y las pavorosas necesidades sociales, porque no saben
en qué momento los atraparán los encuentros entre militares-policías y matones.
La nación sobrevive angustiada, desesperada y huyendo de sus
lugares de origen y domicilio: expatriados en su propia patria. Nos han
impuesto un nuevo despotismo “con las fuerzas (de la violencia física,
derramamiento de sangre) explotadoras vueltas hacia dentro contra una
población sometida. Se mantiene a las masas en estado permanente de
subdesarrollo (y una “guerra”, para favorecer esto y aquello)”: Harvey
Wheeler, La democracia en una era revolucionaria, editorial Monte Ávila.
En ese estado de cosas, los periodistas también padecen esa violencia mezclada con amenazas, atentados, agresiones, levantones y homicidios. Una vez más el semanario Zeta,
editado en la frontera bajacaliforniana, es víctima de esas amenazas
cumplidas de funcionarios y delincuentes, las dos caras de la violencia.
Los medios de comunicación que no se han plegado a la censura
informativa, que demuestra el servilismo de algunos contados diarios,
han informado sobre las “amenazas telefónicas provenientes de sujetos
que se identificaron como parte de un grupo criminal”.
El texto completo apareció en varios periódicos, en solidaridad con
el semanario y el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia
(propone criterios editoriales comunes para que la cobertura
informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada no
sirva para propagar terror entre la población y establecer mecanismos
para la protección de los periodistas y de la identidad de las víctimas
de esta violencia).
“El equipo del semanario Zeta ha sido objeto de diversos
ataques y amenazas a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, que
han llegado incluso, a cobrar la vida de tres de sus colaboradores. A
ello se suma el atentado sufrido por su fundador. Estos hechos
lamentables han estado marcados y promovidos por la impunidad: el Estado
debe poner fin a este perverso ciclo” (Reforma, 6 de marzo de 2012).
En los últimos casi 12 años que los militantes del Partido Acción
Nacional como funcionarios federales (en los municipios y su
configuración como estados) tienen la obligación de hacer prevalecer la
legalidad, para no privar de la vida y libertad a todos los mexicanos.
Sesenta y siete trabajadores de la información han sido víctimas de
homicidios y otros más secuestrados, para que no ejerzan sus derechos a
manifestar en el periodismo impreso, la radio y audiovisualmente,
información a la opinión pública.
El presidencialismo fallido de Felipe Calderón ha descuidado la
máxima seguridad para los mexicanos y, al dirigir torpemente la
“estrategia” militar y policiaca para enfrentar a la delincuencia, ha
contribuido al aumento de la criminalidad. Lo que aprovechan
funcionarios y delincuentes para atacar a la prensa, como el caso de Zeta,
cuyos reporteros, columnistas, editores y directora han amenazado y, en
cualquier momento cumplirán. La respuesta del semario es que “ante la
impunidad nos queda la publicación, el ejercicio de nuestra libertad de
expresión y el derecho a estar (y dar) información, que es lo que nos
sostiene”.
El periodismo crítico, veraz y contrastado de Zeta no ha
perdido esa brújula desde Jesús Blancornelas, director y fundador,
víctima de varias agresiones políticas, inquisiciones administrativas,
judiciales y atentados. Tres más de sus reporteros han caído por
homicidios y sus autores intelectuales gozan de impunidad. Así que las
advertencias telefónicas por parte de quienes se identificaron como “un
grupo criminal” (lo sean o aparenten serlo), pone en grave riesgo a los
periodistas del semanario que sí están informando sobre los hechos de la
violencia generalizada por todo el país, sobre la pavorosa corrupción
que priva en todas las instituciones administrativas y judiciales y la
impunidad.
*Periodista
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