Texto Completo Publicado en la revista Proceso No. 1847.
Televisa y García Luna, Perversión Político-TelevisivaJenaro Villamil
Un falso secuestrador asesinado por
agentes de la AFI en 2002; una indígena otomí presentada con engaños
como secuestradora de seis agentes de la AFI en marzo de 2006; un pastor
aeropirata que nunca tuvo explosivos ni amenazó a los pasajeros,
capturado ante las cámaras de televisión por Genaro García Luna en
septiembre de 2009; unos reporteros de Televisa y Grupo Milenio
falsamente rescatados por la Policía Federal en julio de 2010; la
presentación “espectacular” ante las cámaras televisivas de Edgar Valdés
Villarreal, La Barbie, horas antes del IV Informe de Gobierno
de Felipe Calderón; el montaje del caso del futbolista Salvador Cabañas
para inculpar al gerente del Bar-Bar, en función de los intereses de
Televisa.
Estos son, entre decenas de otros ejemplos, los más casos más significativos de “recreaciones”, invenciones o relaties judiciales orquestados
entre Genaro García Luna, ex titular de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) y actual secretario de Seguridad Pública, y la
empresa Televisa, con el aval de los dos presidentes de la República, de
extracción panista.
Antes y después del caso de la joven francesa Florence Cassez, los
agentes policiacos bajo las órdenes de García Luna se especializaron
en “manejo de escenarios” y de recreaciones para transmitir en
televisión, especialmente en la pantalla de Televisa, la de mayor
audiencia e impacto político.
No fueron simples errores o excesos telegénicos para promover los logros y la figura de García Luna. Constituyen un modus operando que
ha dependido del contexto y de las necesidades políticas tanto de los
gobiernos federales como de la SSP. A pesar de los montajes, la
incidencia delictiva y la percepción de inseguridad no han disminuido.
Así lo anota la Auditoría Superior de la
Federación, en su análisis de la cuenta pública del 2010 a la SSP: “el
incremento de la incidencia delictiva que se registró en el periodo
2001-2010, del orden del 20.7 por ciento en promedio anual…derivó en el
aumento de la percepción de inseguridad de la ciudadanía, que para el
mismo periodo registró un crecimiento sostenido a una tasa media anual
de 4.5 por ciento, toda vez que la población mayor de 18 años se sintió
insegura en la entidad donde vive pasó de 47 por ciento a 70 por
ciento”.
Peor aún, la Auditoría Superior advierte
que el incremento de la inseguridad y sus efectos “no se reflejó en un
aumento proporcional de las denuncias ante las autoridades
ministeriales”. Lo que sí incrementó fue el gasto ejercido por la SSP.
En términos reales se incremento a un ritmo de 37.8 por ciento anual, al
pasar de 1 mil 147 millones de pesos en 2006 a 4 mil 131 millones de
pesos en 2010.
La Subsecretaría de Prevención y
Participación Ciudadana de la SSP sólo aumento 0.1 por ciento, siendo el
área de menor crecimiento en este sexenio. La Auditoría advirtió que
“la cobertura de acciones desplegadas por la SSP en materia de
prevención social del delito es poco significativa, ya que de los 466
mil personas consideradas beneficiarias de la implementación de
programas de prevención con la ciudadanía y fomento a la cultura de la
legalidad representaron sólo 0.4 por ciento de la población”.
En contraste, el gasto en comunicación
social de la SSP se incrementó sustancialmente. Tan sólo entre 2008 y
2009 pasó de 59 millones 237 mil pesos a 79 millones 800 mil pesos,
según el análisis de Fundar. Sin incluir la producción de la teleserie El Equipo, en 2011, que fue de 118 millones de pesos oficialmente.
La Intención es el Montaje
Juan Manuel Magaña, ex jefe de Información de la emisión de Primero Noticias, conducida
por Carlos Loret de Mola en Canal 2 de Televisa, reflexiona a la luz de
la discusión en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre
el caso Cassez:
“Esta situación y otros muchos me llevó a
entender que los casos policíacos en televisión siempre tenían una
motivación que no eran solamente periodísticos. Cuando sucedió el caso
de Florence, estaba el foco del escándalo de Marta Sahagún y las cuentas
de sus hijos en la Cámara de Diputados”.
“Había también otra motivación: era
diciembre del 2005 y Calderón era ya candidato presidencial del PAN.
Había un interés de García Luna por permanecer”, rememora.
-¿Fueron los días también de la aprobación fast track de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados? –se le recuerda en entrevista.
-Así es. El 1 de diciembre se aprobó la
ley en San Lázaro y Diego Fernández de Cevallos estaba presionando a los
senadores para que la aprobaran.
Ex jefe de información del noticiario de
Loret de Mola hasta el 15 de mayo de 2009, fecha en la que decidió
renunciar al equipo de Primero Noticias, Magaña admite que los
asuntos policiacos ya habían adquirido “un lugar” en las transmisiones
televisivas, sobre todo, para generar rating.
Sin embargo, en transmisiones en vivo de
supuestos rescates, como en el caso de Florence Cassez, Magaña asume
que existían intereses y presiones “extraperiodísticas”, provenientes de
los altos mandos de la televisora y del gobierno federal.
-¿Qué tanto influyó en tu decisión de retirarte de Televisa el caso de los montajes?
-Hasta que salió la resolución del
ministro Zaldívar me di cuenta de cuáles son los efectos de lo que
nosotros asumíamos que eran ciertos excesos, “travesuras condenables” en
las transmisiones de la televisión, pero que generaban rating.
“Hay andamios y decisiones que tú no ves desde el trabajo cotidiano.
Para mí, el caso Cassez ese día fue una orden más. Los asuntos de
edición de cada mañana podían ser 150. Sí me extrañó que le dedicaran
más de los 4 o 6 minutos que debían ser.
“Entonces pensé: ‘estamos otra vez en el
amarillismo’, pero también hay cosas psicológicas en juego. Tú crees lo
que te dice la producción, que se trataba de una detención real. En ese
momento también creí: ‘bueno, bueno, déjenlo correr’”.
Magaña también se percató, al revisar la
transmisión de ese día, que había una secuencia donde la imagen de las
víctimas se borra en la pantalla. Técnicamente se conoce como blur, o “imagen blureada”, es
decir, borrada en la pantalla. Como le hicieron al ex coordinador de la
bancada del PAN, Santiago Creel, cuando Televisa se molestó por la
aprobación de la reforma política del 2007.
-¿Se puede hacer esto en una transmisión en vivo?
-Sólo se puede hacer en posproducción.
-¿Eso significa que pudo haberse grabado antes ciertas imágenes?
-Eso lo tiene que determinar un experto. Significaría que sobre la recreación hubo un montaje en posproducción.
Entrevistado por Carmen Aristegui, en
MVS Radio el 21 de marzo, el mismo día de la deliberación de la Primera
Sala, Magaña reconoce que hasta ahora no ha tenido ninguna reacción por
parte de Televisa ni de Loret de Mola.
“El proyecto del ministro Zaldívar y la
opinión de otros cuatro ministros indica que en el montaje había una
intención: presentar a Cassez como responsable del secuestro. En la
televisión, la intención es el mensaje, pero hubo más intenciones y esto
te lo explica el contexto. Ahí estaban la Ley Televisa y el caso de los
hijos de Martha”, reflexiona.
Al día siguiente de la resolución de los
ministros de la Primera Sala, el senador priista Jesús Murillo Karam,
presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó en rueda de prensa que
“la Suprema Corte ya prácticamente determinó que hubo una simulación y
algún ministro le llamó más que eso”.
El ex gobernador de Hidalgo, considerado uno de los políticos más cercanos a Enrique Peña Nieto, advirtió:
“Es obligación del Ministerio Público la
investigación de este tipo de cuestiones, sobre todo, en un caso tan
público y con tanta trascendencia internacional. Pero sí debe haber una
acción en ese sentido. Porque el trabajo de la policía no puede ser
empezar por falsificar”.
El Falso Antrax
En 30 de marzo de 2002, en vísperas de
las negociaciones de Televisa y el gobierno de Vicente Fox para congelar
una nueva ley Federal de Radio y Televisión, la AFI y la PGR informaron
que una investigación minuciosa los condujo a la detención de Guillermo
Vélez Mendoza, miembro de la banda de secuestradores conocida como Los Ántrax.
El mismo día que lo atraparon con
engaños, dejaron huir al auténtico líder de la banda, Jaime Orozco. Su
padre, Guillermo Félix Vélez Pelayo, fue informado el 31 de marzo que su
hijo había fallecido en el interior de un vehículo oficial “de muerte
natural por causas desconocidas”.
Vélez Pelayo no tuvo acceso a los
detalles de la averiguación previa PGR/UEDO/083/2002. Cuando le
entregaron el cuerpo de su hijo observó que presentaba múltiples
lesiones. Presentó una denuncia de hechos ante la procuraduría
capitalina por posible tortura y una queja ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
El padre acusó a la Dirección de
Comunicación Social de la PGR de “un mal manejo de la información, ya
que informó falsamente a la opinión pública que el agraviado pertenecía a
una supuesta banda de secuestradores denominada Ántrax, habiendo
señalado que era el cerebro de la misma, no obstante que en la
averiguación previa PGR/UEDO/186/2001 no existe elemento alguno que
acredite tal situación, o siquiera la haga suponer”.
En su recomendación 12/2002, del 14 de
mayo de 2002, la CNDH concluyó que “los hechos relativos a la
localización y presentación, intento de huida, forcejeo, sometimiento y
traslado del señor Guillermo Vélez Mendoza a las oficinas de la Unidad
Especializada en Delincuencia Organizada no ocurrieron como los agentes
federales investigadores lo refirieron, ni como obviamente estaba filmado en la reconstrucción de los hechos enviados sin sonido por esa Procuraduría General de la República”.
La CNDH acreditó que Vélez Mendoza fue
extraído de su domicilio mediante engaños; que existieron
contradicciones entre lo manifestado por los agentes de la AFI y lo
expuesto por las supuestas víctimas del secuestro. Entre otras cosas, la
CNDH concluyó recomendado que se amplíe la vista a la Contraloría
Interna de la PGR en contra de 6 agentes de la AFI, entonces bajo las
órdenes de Genaro García Luna.
Para salvarse del escándalo, la FI
obligó al verdadero líder de los Ántrax, a Jaime Orozco, a declarar ante
las cámaras televisivas que Guillermo Vélez Mendoza era su cómplice.
Cuando rindió su declaración ministerial Orozco no ratificó su
acusación.
La familia Vélez le ganó un juicio a la
PGR para que enmendara la memoria del joven asesinado y pagara una
indemnización económica, después de múltiples triquiñuelas jurídicas de
la no cumplir la orden de los jueces.
Continúa mañana.
Conferencia SSP: rescate de periodistas secuestrados
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