Elecciones en riesgo
Teniendo como trasfondo la situación de inseguridad extrema en amplias
regiones de la República, generadas por la estrategia de “guerra” contra
algunos carteles del narcotráfico de Felipe Calderón, declaraciones del
presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, y altos funcionarios del
gobierno federal dejan entrever que todo puede suceder durante el
proceso electoral, incluso su cancelación
MEXICO, D.F., 29 de febrero (LILIA ARELLANO/ESTADO DE LOS ESTADOS) La
sesión número 32 del Consejo Nacional de Seguridad Pública fue todo un
espectáculo que incluyó una gran loa al cinismo, a la irresponsabilidad,
a la mentira, aderezado con los visos de corrupción y deshonestidad que
han acompañado a los largos años de mandato blanquiazul y que se han
visto descubiertos de la manera más clara en los últimos tiempos. Dentro
de todo este escenario sobresalen las amenazas del presidente del IFE
sobre los obstáculos que, a su juicio, se presentan para el proceso
electoral a celebrarse en julio próximo, señalando tanto el clima de
violencia como lo que llamó “vacíos en la Ley”. Porque al final, todo
parece redundar en la creación de un esquema que lleve a la aceptación,
por anticipado, de que todo puede suceder y que bien puede no tener
lugar la elección.
Leonardo Valdés Zurita advirtió que hay zonas en el país en condiciones
de inseguridad que podrían inhibir el desarrollo de la jornada
electoral. Y la pregunta es: ¿no se han encargado de crear esas
condiciones amparados en la guerra contra el narcotráfico? ¿Dijo zonas
en el país o se refiere a entidades completas de nuestra geografía?
Porque sabido es que tal esquema se presenta ya en Chihuahua,
Tamaulipas, Veracruz, Durango, Coahuila, Baja California Norte, Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Nuevo León. Es decir, en aquellos lugares
donde han enrarecido el ambiente a tal extremo, que ya es común el
patrullaje del Ejército, de la Armada, de la Policía Federal, tanto en
el día como en la noche.
Todas esas acciones, desde su puesta en marcha, fueron creando y así lo
hemos denunciado, un clima por demás enrarecido, como también hemos
opinado que, al parecer, el objetivo es que el PAN se mantenga en el
poder y si esto no puede ser posible porque la voluntad popular va en
contra, se tienen elementos que se han venido implantando para que se
siga otro curso que los mantenga dentro de una competencia en la que al
final, sigan sosteniendo el mandato. Esos “vacíos en la Ley”, a los que
se refiere Valdés Zurita, ¿se refieren al número de entidades en un
estado de inseguridad que impida elecciones? ¿O al número de casillas?
¿O al número o porcentaje de ciudadanos que no votarían? ¿O a que no hay
instalación y se nulifiquen y, de acuerdo con ese número, no sea válido
el proceso? ¿Por qué no aclara cuáles son esos vacíos de manera
completa y rotunda? ¿Son esos vacíos los que le permitirán cumplir con
alguna orden o encomienda recibida?
Valdés pidió a los tres niveles de gobierno realizar un esfuerzo
adicional para que la paz social sea una condición y no una preocupación
el día de la jornada. Es decir, otra vez a responsabilizar a
gobernadores y presidentes municipales de lo que pueda ocurrir, como si
ellos hubiesen desatado la “guerra contra el narco”; como si durante
todos estos años, hubiesen sido los responsables de estos delitos que
fue el propio gobierno federal que atrajo para ellos solos, para
mantener un control sobre los cárteles, para operar como lo han venido
haciendo. Olvidó el titular del IFE que mucho tienen que ver el Poder
Judicial y el Legislativo en lo que solicita y no sólo los tres niveles
de gobierno. De ahí que se contemple, sin ninguna nube, dónde están los
cómplices y dónde a los que hay que hundir.
Pero esto de lanzar alertas y pronunciar palabras que llevan al análisis
porque descubren intenciones y maniobras, no es exclusivo del PAN y de
sus seguidores, sino también de otros partidos políticos y sus
representantes. Ahí está lo dicho por el presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, la CONAGO, el gobernador de Querétaro, José
Eduardo Calzada Rovirosa, quien solicitó la voluntad de todos los
actores políticos para garantizar, en todo momento, el orden jurídico
que regula la competencia por el poder. Así o más claro: “la competencia
por el poder”, nada más y nada menos. No es la competencia por la
transformación del país, o por llevar a la Nación a otros niveles de
calificación que señalen que se ha logrado llevar a los ciudadanos a un
confortable nivel de vida, o por elevar a México al verdadero
calificativo de emergente, o para qué sé yo que revele que hay algo más
que la lucha por el poder. Sin el menor recato, usan expresiones que
descubren todas las intenciones y no varían: se trata del poder por el
poder mismo y nada más.
Por su parte, el inquilino provisional de Los Pinos volvió a asegurar
que la criminalidad y sus intereses son las principales amenazas para la
democracia y las instituciones porque han buscado enquistarse en la
sociedad en diversas regiones del país y han buscado incidir en proceso
electorales. Es decir, todo su pronunciamiento orquestado debidamente
con el del IFE y con la insistencia de la penetración de las mafias en
la política y en las elecciones, como si todavía ignorara que es del
conocimiento popular que su cartel preferido, el de los panistas, el
mismo que protegió Fox, fue el de don Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”,
el hombre al que señalan en EU con índice de fuego ante los medios, pero
que protegen porque les ha generado suficiente dinero para sostener la
economía de su país.
Dijo Calderón que el Estado no debe ceder ante el crimen y urgió al
congreso y a los gobernadores, a tomar las medidas necesarias para
consolidar la lucha anticrimen. Es obvio que el Estado no debe abdicar
de ésta o de alguna otra de sus responsabilidades, sin embargo hemos
visto que han fallado en todas. Y, al mencionar todas, no parece que se
cayera en ninguna exageración, ya que no hay rubro que resulte exitoso,
que pudiese constituir siquiera una pequeña marca en el sexenio. Se
habla de la macroeconomía y de que es este el renglón en el que don
Felipe ha dado buenas cuentas, pero hay que ver a quiénes, a los que
siguen enriqueciéndose en un país en los que hay suficientes muertos de
hambre y más de los deseados desempleados, lo cual sólo refleja que las
ganancias aquí no se invierten.
A los gobernadores, al jefe del gobierno del DF y a los actores
políticos les pidió que sigan trabajando “sin mezquindades ni cálculos
políticos”. De ahí que le señalemos que esta sesión fue verdaderamente
un espectáculo en el que reinaron el cinismo y la mentira, porque si
algo ha caracterizado al michoacano, según lo han revelado sus propios
compañeros de partido y hasta aquellos que compartieron con él las
aulas, el desarrollo de la infancia, de la adolescencia y parte de la
madurez, es la traición y la mezquindad. El “hijo desobediente” es
revelador de su auténtica personalidad y el principio de una serie de
acciones que todavía no conocen fin, y que se perfilan a lo que ahora
pide a los demás que no realicen.
De nueva cuenta salió a la luz la petición de llevar a cabo el registro,
las bases de datos tanto de homicidios dolosos como de desaparecidos.
Son tantas las ocasiones que nos han hablado de lo mismo, de iguales
bases ya sea para los policías, que para los taxistas, que para los
desaparecidos, que para todo tipo de delincuentes y no terminan, como si
no fuese tan simple como organizar un programa y enlazar computadoras a
un solo centro. Si no se hace es porque al gobierno federal actual es
al que menos le conviene que se tengan cifras reales tanto de muertos
como de desaparecidos y, además, quieren controlar sólo ellos a las
mafias, ¿por qué forman parte de ellas? Es sólo una pregunta, ¿o será
por la protección? Que es otra interrogante.
Por su parte, el chaparrito titular de Gobernación, Alejandro Poiré,
sacó la zanahoria para el conejo a relucir. Luego, luego habló de pesos y
centavos. Dijo a los gobernadores que cuentan con un fondo de 12 mil
millones de pesos para adecuar sus instalaciones penitenciarias y de
procuración de justicia, con el propósito de que hagan frente a la
Reforma del Sistema de Justicia Penal. Dicho esto que tampoco puede ser
verdad porque les quedan escasos 9 meses de gobierno y nunca les ha sido
sencillo ni rápido sacar dinero cuando se lo ofrecen a los gobernadores
y menos lo harán ahora cuando les llega la duda si lo usarán para las
campañas políticas, vino la revelación de las “letras chiquitas”. Agregó
que el dinero permitirá que los Estados obtengan créditos hasta por 20
años y sólo cubrirán el pago de intereses. ¿No que ya las entidades no
aguantaban un céntimo más de deuda? ¿O sea que lo que dan es el aval?
¿Entonces lo de antes no es cierto y ahora que el préstamo es para
desahogar lo que es su obligación y pueden endeudarse? ¿Vamos todos a
pagar para que las lacras de la sociedad vivan mejor y coman tres veces
al día, además de que puedan realizar algún trabajo que les permita
ganar dinero o les pagaremos sus estudios tras las rejas?
Tal vez esto último se lea inhumano, pero no lo es más que el
hacinamiento que han provocado que la irresponsabilidad con la que han
actuado, con relación a los jueces, con las injusticias cometidas en la
aplicación de la Ley que siempre requiere de billeteras repletas por
delante. Señalamos sólo a los que son auténticas lacras de la sociedad y
que bien podrían estar en trabajos permanentes en zonas áridas, ahí se
volverían productivos y hasta desquitarían el pan que comen. ¿Por qué
Derechos Humanos no protege a la sociedad de todos estos delincuentes
que nada tienen de “presuntos culpables”?
En fin, que en esta sesión no podían faltar las declaraciones de Genaro
García Luna, quien contradice abiertamente lo dicho por el subsecretario
de Gobernación y por el titular mismo, con relación a su
responsabilidad sobre los hechos que han culminado con muertos dentro de
los penales en el país. Dijo que en el 2006, la población penitenciaria
en el país era de 3 mil 184 reos y que hasta la fecha ya se tienen 18
mil 283, es decir aumentaron un 478 por ciento. La cifra misma niega las
palabras de Calderón, de que llegaron a más de 70 mil los capturados,
sólo son 18 mil. Y si el michoacano pensó en tal reclutamiento ¿por qué
no construyeron más cárceles? ¿Por qué congestionaron a tal extremo las
de los estados? ¿No que no eran responsables de fugas y masacres? Dijo
también que todos van a ser reacomodados en sus 12 centros
penitenciarios federales, en los de máxima seguridad ¿van a caber o se
les van a fugar al estilo “chapo”?
La cereza de este inmundo pastel corrió por cuenta de doña Marisela
Morales, quien de plano se fue sobre los mandatarios estatales, al
señalarles que no han cumplido con certificar al 100 por ciento al
personal que conforma las unidades de combate al secuestro de las
procuradurías o fiscalías bajo su cargo. En alguna de las lagunas
mentales que la acompañan, probablemente producidas por los constantes
vuelos a los EU que realiza cada semana, le quedaron los datos que
revelan que su personal, el activo, el que hizo todos esos exámenes, ha
sido señalado, acusado y arraigado por aquello de lo que culpa a los
demás. Para muestra está, más recientemente, el caso Coahuila y todos
los involucrados. Ella misma no sabe si se realizó tales exámenes y no
sólo esos, sino los de capacidad para no andar dando “michoacanazos” o
para armar completos los expedientes en los casos en los que la
culpabilidad es manifiesta, como es el de Gregorio Sánchez, o si es de
desvío sicológico, el montaje al estilo García Luna pero ahora en los
terrenos de Jorge Hank Rhon.
Así pues, el escenario tuvo sus objetivos. Calentar aún más el terreno
de la inseguridad con fines meramente electorales y desviar las culpas,
rociarlas a las entidades, ya sin tocar a los legisladores porque está
el Acuerdo firmado para las cuestiones petroleras con EU y menos aún al
Poder Judicial que, visto está, es ya cómplice de los buenos del mandato
en turno. ¡Esa fue la sesión y esa la seguridad que nos brindan!
DESFACHATEZ DE EU
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