Jenaro Villamil
Si un caso demuestra hasta dónde puede
escalar un montaje mediático para servirle de propaganda al actual
secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (en ese entonces
director de la Agencia Federal de Investigaciones) y encubrir relaciones
poco claras entre este funcionario y las televisoras, éste es el caso
de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de
prisión por el delito de secuestro y cuya petición de amparo fue
rechazada este jueves por un tribunal.
El caso ya llegó a la Suprema Corte de
Justicia. El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar plantea
la “inmediata y absoluta” liberación de la ciudadana francesa. Esto ha
generado una airada reacción de la Procuradurías General de la República
y de la CNDH que han insistido en que es más importante pensar en las
víctimas del secuestro que en las irregularidades derivadas del montaje
televisivo. En sentido contrario, juristas como Diego Valadés, la CDHDF y
otros organismos han insistido que si no existe un “debido proceso”
frente a este caso difícilmente se puede tener una sentencia justa. En
este caso, en contra de la presunta cómplice de secuestro.
El proyecto de sentencia tendrá que ser
discutido el 21 de marzo en la Primera Sala. La correlación de fuerzas
no es clara. Cassez necesita de dos votos para ser liberada. De entrada,
el ministro Zaldívar realiza un duro juicio a los términos del
videomontaje y sus consecuencias para el caso y quizá para todos los
demás similares:
“No se censura que la prensa informe
sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la
lucha contra la delincuencia. Se censura que las autoridades encargadas
de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de
crear un filtro para exponer a una persona frente a la sociedad, y
principalmente, frente a las futuras partes del proceso”, advierte el
ministro Zaldívar en una de las partes medulares del proyecto.
Esto es lo único claro y contundente en
el caso Cassez: la difusión de su detención, la mañana del 9 de
diciembre de 2005, se trató de un montaje televisivo, una “recreación”
le dicen en Televisa, a costa de la integridad de las víctimas y de
quienes fueron presentados en cadena nacional como presuntos
responsables.
Aquella Mañana
Esa mañana, en la pantalla de Primero Noticias, el reportero de Televisa, Pablo Reinah, inició así su enlace:
“De último minuto, un duro golpe contra
la industria del secuestro se está dando en estos momentos y es que la
AFI trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es
liberar a personas secuestradas… Estamos viendo cómo están entrando en
estos instantes los agentes”.
La cámara enfocó la acción y siguió
hasta el cuarto de la habitación de una cabaña, allanada por los agentes
federales, bajo las órdenes de García Luna. En una mesa se observó una
laptop, credenciales de elector, un pasamontañas, una máscara de hule de
hombre lobo y, al lado, dos rifles AK-47, armas usadas presuntamente
por los sujetos que están a cuadro.
“Podemos mostrarles a los secuestradores
–afirmó el reportero de Televisa-. Estas son las armas con que
secuestraban a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una
mujer de origen francés, era también la esposa (de Israel Vallarta)
quien ayudó a planear este secuestro”.
Esa mujer “tapada” era Florence Cassez.
Ella negó, desesperada, que estuviera involucrada en el caso del
secuestro de Cristina Ríos Bayadares y de su hijo, a manos de una
“peligrosa banda” conocida como Los Zodiaco.
En la transmisión en vivo, el reportero se dirigió a Ezequiel, uno de los secuestrados, que afirmó frente a las cámaras:
“Mucha gente piensa que no trabaja la policía, pero la verdad es que si ellos no estuvieran aquí, no sé qué hubiera sido de mí”.
Días después de la transmisión en vivo
del “innegable golpe” de la AFI, Vallarta y Cassez denunciaron que todo
fue un montaje para la televisión, un reality judicial para recrear lo que supuestamente había sucedido varias horas antes.
La Queja de Reinah
Televisa acusó al periodista Reinah de
haber sido el principal responsable de lo que sucedió y lo despidieron
de la empresa. Argumentaron que ellos no sabían que se trataba de un
montaje. García Luna, en ese momento director de la AFI, argumentó que
fueron los reporteros televisivos quienes le pidieron “recrear” el
operativo.
Reinah se inconformó ante la decisión de
la empresa. Presentó una queja el 15 de febrero de 2006 ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos para deslindarse de la versión de
sus ex jefes de la televisora, al tiempo que también demandó
laboralmente a Televisa.
En paralelo, el juicio contra Cassez
generó una de las crisis diplomáticas más severas entre México y
Francia. La cúspide de esta crisis ocurrió en julio de 2009, durante la
visita del presidente francés Nicolás Sarkozy a nuestro país. El
mandatario europeo afirmó que Cassez debía ser juzgada en Francia y no
en México. Tomó el caso como un asunto de Estado y la mayoría de los
medios franceses documentaron desde 2008 la suma de irregularidades,
especialmente, el montaje mediático.
En su alegato ante la CNDH Reinah afirmó
que a las 4:30 de la mañana, vía teléfono celular, recibió una llamada
del director de Operaciones de la AFI, Luis Cárdenas Palomino, para
cubrir la liberación de unas personas secuestradas.
Argumentó que consultó con el titular de Primero Noticias
y “se tomó la decisión de que me trasladara al lugar para realizar la
cobertura”. Reinah subrayó en la parte central de su queja:
“Rechazo categóricamente haber tenido conocimiento o haber sido avisado de que ese operativo era una recreación…
“En ningún momento solapé, coordiné o gestioné ninguna acción que tuviera que ver con el desempeño de los elementos de la AFI”.
El 30 de marzo de 2007, la CNDH emitió
una resolución salomónica. No determinó quién fue el responsable del
montaje televisivo, pero le ordenó a la AFI y a la PGR que dejaran libre
de cualquier responsabilidad al ex reportero de Televisa. La resolución
fue emitida por el quinto visitador Mauricio Farah Gebara, quien aspiró
a ser ombudsman nacional el año pasado.
En otras palabras, la CNDH resolvió el caso mediante “el procedimiento de conciliación”.
La misma palabra se utilizó a fines de
enero de 2011, cuando Pablo Reinah dio a conocer que después de dos años
concluyó su litigio laboral con la empresa Televisa. No hubo un laudo
laboral. Reinah y Televisa decidieron cerrar el expediente, sin que se
aclarara, hasta ahora quién fue el responsable del montaje mediático.
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