¡¡Exijamos lo Imposible!!
Las inquisiciones judiciales como previa censura
Álvaro Cepeda Neri
El periodismo de investigación publica, sustentado en la veracidad y
la información contrastada de gran calado, que funcionarios impugnan al
pedir indemnizaciones por la vía de lo contencioso en materia civil. Y
cuando los empresarios son pillados en actividades meritorias de ser
cuestionadas periodísticamente para conocimiento de los lectores,
entonces con sus poderosos despachos de abogados recurren al acoso
judicial. Para, con procedimientos penales manipulados para sus
intereses, obtener resoluciones que obliguen a los medios de
comunicación a retractarse, e imponer, particularmente a la prensa
escrita, la previa censura para que no vuelva a informar con relación al
caso. Se trata de poner en marcha la inquisición judicial de esa
censura.
Esos empresarios que exigen impunidad para que sus actividades no
sean objeto de la información, han acosado judicialmente a la revista Contralínea,
para que sus reporteros dejen de investigar, periodísticamente, cuanto
hacen con sus empresas y quisieran ocultar, para vivir en el paraíso de los intocables.
Con abuso de su poder económico, atacan brutalmente las libertades
constitucionales y sus reglamentaciones para reducirlas, y que los
periodistas que indagan el quehacer empresarial, los dejen en paz para
estar al margen de la información y la crítica; al fin y al cabo que
tienen a sus orquestadores que los entrevistan a modo y columnistas que,
de forma gratuita o no, los ensalzan hasta convertirlos en damas de la caridad que no alteran sus transacciones.
Quieren que el mercado laboral, mercantil, financiero y sus negocios con empresas públicas se celebren en lo oscurito.
Y abortar esos hechos es una de las tareas de la información, para ser
exhibidos ante la opinión pública individual y colectiva de la nación.
Sin ésta y toda la demás información, la democracia está mutilada. Las
embestidas al semanario por empresarios de tal proceder obedecen a la
concepción autocrática de quienes, no obstante de tener actividades
públicas y de toma y daca con el sector gubernamental,
empresas y órganos centralizados y descentralizados con su relativa
autonomía, quisieran pasar desapercibidos. Pero no.
La prensa escrita y en particular la que busca información veraz, tierra adentro
de lo que quieren ocultar funcionarios y empresarios, debe, cueste lo
que cueste, de exhibir información, análisis, crítica y comentarios que
ilustren a los lectores para que éstos, como ciudadanos, hagan de esa
información su punto de partida para opinar y juzgar a gobernantes y
protagonistas (empresarios, banqueros, patrones, etcétera) de la vida
pública nacional. Contralínea ha ejercido plenamente las
libertades de expresión y de publicar escritos, lo que ha provocado
reacciones de censura a través de inquisiciones judiciales. No la han
doblegado. Y mientras permanezca como un medio de comunicación,
sostendrá a toda costa la constitucionalidad de su tarea periodística.
Nuestras son las palabras del tercer presidente de Estados Unidos,
Thomas Jefferson: “Es preferible periódicos sin gobierno”. Y, también,
las de John Adams, segundo presidente de ese país: “No os sintáis
intimidados, pues, por cualquiera amenazas que os impidan publicar con
la mayor libertad todo aquello que autoricen las leyes de vuestro país;
ni permitáis que se os despoje de vuestra libertad por cualquiera
pretextos de cortesía, delicadeza o decencia, que son, únicamente, tres
nombres diferentes de la hipocresía, la trapacería y la cobardía”.
Contralínea ha sufrido de los empresarios –que el periodismo
de investigación ha puesto frente a la opinión pública– toda clase de
inquisiciones judiciales para obligarla a desdecirse, cuando sus
reportajes tienen el sustento de la veracidad y buscan siempre la
versión de todos los involucrados para completar el cuadro informativo,
aunque por lo general, éstos se niegan. Y es que “la libertad de prensa
significa libertad para obtener noticias, escribirlas, publicarlas y
hacerlas circular”, como resolvió una corte.
El que los funcionarios de los poderes del Estado y los dueños del
poder económico insistan en cercar a los medios, sobre todo escritos,
con sus demandas civiles y penales, no para dirimir un conflicto de
puntos de vista, sino para tratar de censurar la información y solicitar
que la prensa no se vuelva a ocupar de ciertos temas con el objeto de
imponer una censura previa, significa que tratan de silenciar al
periodismo que insiste en ventilar todo cuanto importa a la sociedad
civil. Contralínea ha sido víctima de esos actos de acoso
judicial por empresarios que quieren la impunidad informativa. Pero, la
prensa democrática y republicana a ningún precio ha de abandonar su
deber constitucional de informar cuanto sus reporteros investigan. Y
publicarlo.
*Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario