Jorge Canto Alcocer
Por todos lados brotan las evidencias, desde las clásicas maletas repletas de efectivo –como las confiscadas a los funcionarios del gobierno de Veracruz- hasta las grabaciones en las que se ofrece con descaro dinero como pago por obtener votos –como el reciente caso de la delegada del Instituto Nacional de Migración en Puebla-. Dificultadas y minimizadas –aunque no eliminadas- las prácticas tradicionales de fraude electoral –acarreo de votantes, relleno de ánforas, robo de urnas, “ratón loco”, sustitución de actas, etc.,- todo parece indicar que uno de los mecanismos fundamentales que utilizará el poder para alterar la decisión de los ciudadanos mexicanos será la compra de votos, el pago de una cantidad a cambio del compromiso de sufragar a favor de un candidato.
Las recientes elecciones en el Estado de México, Veracruz y Michoacán fungieron como laboratorios. Es sabido que en dichos comicios los votos comprados se “cotizaron” entre mil y tres mil pesos, y la práctica, aunque realizada con igual entusiasmo por priístas y panistas, redundó en todos los casos en victorias para los tricolores, tal vez por su mayor experiencia en el manejo de las elecciones, tal vez por haber contado con mayores recursos financieros.
Pese a presumir 20 años de construcción democrática, el IFE ha sido totalmente incapaz de frenar esta práctica. Enfrascado en regulaciones absurdas, exageradas, complejas e inviables, el instituto electoral siempre se ha mostrado apartado de lo que ocurre en la realidad, volteando la cara ante hechos como el que nos ocupa, y que claramente manifiestan su inoperancia, ineficiencia y complicidad con quienes manipulan la voluntad de las mayorías.
¿Es posible soñar en democracia cuando más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza? ¿Cuándo millones de familias cuentan con ingresos ínfimos, microscópicos, menores de lo que los poderosos ofrecen por su credencial de elector? Durante el neoliberalismo, pero sobre todo durante la docena trágica de los gobiernos panistas, la pobreza y la miseria se han multiplicado en todas las regiones de México, sumiendo a decenas de millones de compatriotas en una existencia precaria, lacerante, humillante, para la que una mísera dádiva –ya sean mil, dos mil o tres mil pesos- representa algo mucho más tangible e importante que la oportunidad de decidir sobre el futuro.
El colapso económico provocado por el neoliberalismo ha producido en México –como en gran parte del mundo- generaciones de trabajadores y profesionistas ligados a empleos precarios y frágiles, acostumbrados a aceptar condiciones laborales serviles y tratos humillantes por parte de capataces infames. ¿Cabe esperar en esas condiciones que surja y se reproduzca la conciencia social, el pensamiento crítico? Y eso hablando de quienes tienen empleos formales, pues la precarización, inestabilidad y sumisión ante el poder se agudizan en los sectores informales, dependientes aún en mayor medida del ingreso diario. Y, lógicamente, se multiplican aún más entre los desempleados y subempleados.
Con alrededor de 40 millones de votantes en situación de pobreza y miseria, la compra del voto se perfila como el mayor obstáculo para el movimiento popular. Paradójicamente, quienes fabrican la pobreza son quienes se benefician de ella, y quienes luchamos por acabar con la injusticia, la marginación y la ignorancia los que enfrentamos mayores dificultades para obtener el apoyo de las mayorías para nuestro proyecto. Establecido lo anterior, nadie se puede llamar a engaño: la única posibilidad de vencer a la poderosa maquinaria de la oligarquía es a través de un esfuerzo formidable, sin tregua, a ras de tierra. Por un futuro diferente, indudablemente vale la pena.
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