Laura Bolaños Cadena
El hecho no ocupará primeras planas ni titulares destacados en la prensa nacional. Tampoco habrá protestas de gremios de intelectuales y Ongs. Los dos asesinados por guardias de seguridad de la empresa Pacific International Development (PID), no eran escritores, actores, músicos, poetas o catedráticos universitarios. Ni a estudiantes de secundaria llegaban. A lo peor no pasaron ni la primaria completa. No eran más que un par de obreros.
José Matilde Cotonieto Sánchez y Alejo Ortega Rosas fallecieron por disparos de armas de fuego en el enfrentamiento que tuvo lugar en Ciudad Sahagún, Hgo., entre guardias de seguridad de la PID y obreros que intentaron tomar las instalaciones de la empresa. Ésta fue una estatal armadora de automóviles que operó durante muchos años de forma exitosa. Se llamaba Dina Nacional. Como tantas otras, fue vendida a la IP, en este caso a una compañía extranjera, Motor Coach Industries (MCI). Para corroborar que contra lo que tratan de hacernos creer acerca de lo bien que funcionan los negocios en manos privadas, la MCI quebró en 2003. Se adjudicó a los trabajadores como pago de sus liquidaciones. Ellos la vendieron a la PID en 2010 en 170 millones de pesos. Pero la PID sólo les pagó 10 millones. Los trabajadores interpusieron demandas de carácter civil y mercantil, por lo visto hasta ahora sin solución.
Con la honradez que caracteriza a la IP, la PID cerró las instalaciones y comenzó a sacar clandestinamente la maquinaria. Al tanto del saqueo, los obreros intentaron tomar la planta. Fueron recibidos con disparos por los guardias con saldo de los dos obreros muertos y cinco más heridos que están hospitalizados. Hay 21 detenidos por los hechos. La noticia no aclara si son guardias de seguridad o trabajadores, pero tampoco se habla de ningún guardia herido, por lo que cabe suponer de qué parte salieron los disparos.
No es criticable en absoluto que se haga un escándalo cuando los asesinados son personas de alguna forma notables, o pertenecen a sectores destacados de la población, pero sí que no se dé la importancia debida cuando las víctimas son modestos trabajadores. Y más en momentos como los actuales en que el régimen mantiene una postura claramente antiobrera.
Es de esperarse que al menos sindicatos no oficiales y trabajadores en lucha como los electricistas, los de Mexicana de Aviación y todos los que sufren la embestida gubernamental, hagan oír su protesta y manifiesten su solidaridad con estos trabajadores golpeados por las maniobras ilegales de una empresa, para peor, extranjera, y ahora agredidos a muerte por sus perros guardianes. Se debe exigir que las instancias del estado de Hidalgo castiguen a los asesinos y no se vuelvan contra las víctimas.
Ahora ya sabemos quién manda en Oaxaca
Una vez más fracasa la táctica tramposa y oportunista de los perrechuchos al aceptar alianzas contrarias a los principios. O somos nosotros los equivocados al invocar los principios cuando el único propósito chucheril es ganar puestos al amparo de un candidato triunfante.
Gabino Cué ganó la gubernatura de Oaxaca gracias a la alianza del PRD nada menos que con el PAN. Y ahora este señor se porta como cualquier Ulises Ruiz doblegándose ante los paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), apoyados por el anterior mandatario priísta. Funcionarios gubernamentales impidieron el acceso de la representación triqui independiente (MULT-I) a la última asamblea efectuada el domingo pasado, y con ese pretexto les impiden volver a sus casas. La firma del gobernador al documento anterior ordenando el regreso de los desplazados, valió sorbete.
Infames
Los rarámuris caminan hasta 12 horas para acudir a que les sean entregadas las despensas oficiales ofrecidas por la hambruna que azota la región. Y resulta que tras la penosa jornada, cuando llegan a recibir la modesta ayuda, funcionarios menores les exigen dar 30 pesos a cambio. Como son tan pobres, la mayoría no los pueden pagar y deben regresar a sus comunidades de origen con las manos vacías. A veces se les niega la ayuda porque no cumplen con las condiciones que les ponen para dárselas, como acudir a la clínica de salud, que también dista varias horas por veredas de montaña.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la organización campesina El Barzón, exhorta al gobierno a un cambio en la política agropecuaria dirigida a solucionar de fondo el problema del sector agrícola, en lugar de las medidas asistencialistas que apenas palian los efectos de la sequía y la baja en la producción de granos. Esto no se remedia con la entrega de despensas, dice. Propone utilizar los ingresos extraordinarios del petróleo para invertirlos en el campo que, según sus palabras, “está destrozado”.
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