Pues puso muy nervioso a fecal demanda

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Estado de los ESTADOS

Por Lilia Arellano

Amenaza FCH a acusadores

PAN no baja a ningún aspirante
AMLO y Peña asustan a panistas
En el PRI, la unidad con fisuras
En 4 décadas, promesas y chascos

“La amenaza es el arma del amenazado”.- Leonardo Da Vinci

Ante la denuncia que interpusieron 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos por las fuerzas federales y los cárteles del narcotráfico durante esta administración, la reacción de Felipe Calderón y su gabinete fue desmedida, refleja sus tentaciones autoritarias al intentar silenciar voces que piden justicia a través de una vía pacífica, y atenta contra la libertad de expresión de las víctimas de la violencia que se ha desbordado en el país. El inquilino de Los Pinos no debería estar tan preocupado por la denuncia en su contra en La Haya, donde no se ha juzgado a los aliados de los Estados Unidos, sino sólo a sus adversarios, particularmente del continente africano; debió de actuar con más calma e inteligencia y dejar el asunto en manos de los juristas internacionales que lo asesoran y no centrar una vez más en la opinión pública una posibilidad, aún muy remota, de que pueda ser procesado por esos delitos, a menos que cuente con información que la propia ciudadanía desconozca hasta ahora y que lo haya obligado a ese extremo.

Desde Los Pinos, el domingo salió el amago de proceder legalmente contra quienes suscribieron la denuncia presentada contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), lo que provocó de inmediato la reacción de la oposición contra su proceder, encabezados por la dirigencia nacional del PRD, con Jesús Zambrano y Dolores Padierna al frente, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. No conforme con eso, este lunes, el michoacano se defendió nuevamente señalando que tiene deber constitucional, político y ético de combatir la delincuencia. Durante la ceremonia conmemorativa por el 100 aniversario de la Promulgación del Plan de Ayala, en la Casa Museo Emiliano Zapata, en Ayala, Morelos, advirtió que no claudicará en su lucha contra la delincuencia, no obstante los riesgos que implica, incluyendo por supuesto los de carácter electoral. Por la tarde, en el Auditorio Nacional volvió a centrarse en la inseguridad que prevalece en el país y habló de un ambiente de pesadumbre que prevalece en ciudades como Ciudad Juárez o Monterrey, y que recientemente se evidenció en Guadalajara y Culiacán, donde se libra una guerra a muerte entre los principales cárteles: el de Joaquín “El Chapo” Guzmán y “Los Zetas”. 

La denuncia no debió sobredimensionarse por los calderonistas. El propio Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), uno de los abogados que asesorará penalmente al michoacano, afirmó que las alternativas jurídicas que tiene la administración federal para revirar contra los acusadores no implica la vía penal. Laveaga dijo que “se podría proceder en el ámbito civil y sería decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete de Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores”. Hasta ahí debieron de quedarse y no echarle más leña al fuego.

Por su parte, abogados especializados en derecho internacional, entre ellos John Ackerman y Martín Rubio, de la UNAM, y José Patiño, de la UAM, consideraron que si queda demostrado ante la CPI, que ha habido un ataque sistemático contra la población civil mexicana, de parte de cuerpos policíacos y militares del Estado mexicano y de miembros del crimen organizado, en el contexto de la llamada guerra contra el crimen y narcotráfico, sí habría elementos para que se inicie la indagatoria internacional, sólo hasta ese momento.

Una fuerte polémica generó dicha denuncia: el abogado Netzaí Sandoval afirmó que “si Felipe Calderón es inocente, la Corte Penal Internacional le va a dar la razón” y denunció que ha recibido “amenazas” por parte de la administración calderonista, luego de que el viernes presentara la denuncia ante la CPI. A su vez, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, indicó también que la CPI será la que “verá hasta qué punto pudiera haber culpabilidad o no” de Felipe Calderón en la muerte de civiles a causa de la guerra contra el narcotráfico. Así, no hay por qué adelantarse, a menos que se deba y se tema algo.

FOCOS ROJOS EN EL PAN

Tras el impacto del resultado de los procesos internos en el PRI —que logró concretar su alianza con el Panal y el magisterio nacional así como con el PVEM y posicionó a Enrique Peña Nieto como su abanderado al 2012— y en las izquierdas con la candidatura irreprochable de Andrés Manuel López Obrador al frente del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y luego del aval del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) a las alianzas “Compromiso por México” del mexiquense y “Movimiento Progresista” del tabasqueño, una precipitada reunión se realizó este lunes en las oficinas nacionales del PAN, para analizar los “focos rojos” rumbo a la elección federal del próximo año, las altas probabilidades que existen de una estrepitosa derrota, y revisar la estrategia electoral albiazul ante el éxito de la selección interna de sus adversarios, y el lastre que representa la fallida administración calderonista.

Convocados por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, se reunieron “a comer” los aspirantes presidenciales panistas Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel, con el secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth; el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y gobernadores panistas como el de Sonora, Guillermo Padres; el de Jalisco, Emilio González; y el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, además del presidente de la Cámara Alta, José González Morfín, el senador Rubén Camarillo, coordinador de la estrategia electoral panista; Luis Felipe Bravo Mena y Juan Molinar Horcasitas, entre otros, a pocos días de que inicie el registro oficial de los precandidatos panistas el 5 de diciembre, y luego de que los aspirantes entregaran el segundo bloque de firmas solicitado por la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido para poder registrar su precandidatura.
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