- El exilio, por persecución y amenazas del gobierno y empresarios
- “Los sindicatos son ha sido un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos”, habría dicho Calderón a los empresarios que financiaron su campaña.
- Carlos Fernández-Vega
Inculpado penalmente de 11 delitos que
“nunca cometí”; acosado
por los gobiernos de Vicente
Fox y Felipe Calderón;
hostilizado por autoridades
políticas y laborales,
en complicidad con los
líderes oficialistas de
la CTM y el Congreso
del Trabajo; amenazado,
junto con su familia,
por los barones
del sector minero, con
Germán Larrea y su
Grupo México en primer
plano, y permanentemente
hostigado por los grandes
empresarios del ramo para
que renuncie a la dirigencia
nacional del sindicato que
encabeza, Napoleón Gómez
Urrutia anuncia, no sin
riesgos, su inminente regreso
a México tras cinco años
y medio de exilio en esta
ciudad canadiense porque,
dice, “todas las imputaciones
fueron fabricadas y una
tras otra se les han desmoronado
en los tribunales;
mis persecutores ya no tienen
de dónde agarrarse; se
les ha caído la farsa”.
Gómez Urrutia sostiene que los
delitos reales, si así pudieran calificarse,
no son otros que defender al gremio, “en
su bienestar, dignidad e independencia”;
denunciar públicamente la corrupción y
colusión entre los gobiernos panistas y los
grandes empresarios mineros; exigir castigo
por el homicidio industrial cometido
por Germán Larrea y el Grupo México en
la mina Pasta de Conchos, “porque eso es
exactamente lo que cometió”, y demandar la
renuncia del secretario foxista del Trabajo,
Francisco Javier Salazar Sáenz, “plenamente
entregado a los intereses de Larrea, uno de
los hombres más ricos de México a costillas
de los bienes nacionales. Esos, y no los
delitos que me fabricaron, son los motivos
reales que provocaron la furia de esa voraz
mafia de autoridades panistas y empresarios
de la minería, la cual sentenció: córtenle
la cabeza”.
Puntual fue la charla con el dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana, quien recibió a La Jornada
en la oficina que solidariamente le proporcionó,
en sus propias instalaciones y desde
su llegada a Canadá, la United Steelworkers.
“Ese fue el inicio público de la persecución,
que se prolonga por más de cinco
años”, explica Gómez Urrutia, “pero hay
antecedentes que dejan en claro que todo se
gestó cuando menos un año antes; se creó
una conspiración para removerme del sindicato,
tomar el control de la agrupación e
imponer títeres al servicio de la empresa y
del gobierno. En 2005 hubo varias reuniones
clandestinas en las oficinas de Carlos
Abascal Carranza, ya como secretario de
Gobernación, y otras en las del titular de
Economía, Fernando Canales Clariond, en
las que participaron varios empresarios…”
CFV: Comencemos por los empresarios
involucrados. ¿De quiénes se trata?
NGU: En primer lugar, de Germán
Larrea, dueño del Grupo México, y su
director Xavier García de Quevedo; los
hermanos Julio, Sergio y Pablo Villarreal
Guajardo, del Grupo Villacero; Alberto
Bailleres, del Grupo Peñoles, y su director,
Jaime Lomelín; Alonso Ancira Elizondo,
del Grupo Acerero del Norte, y
probablemente Xavier Autrey, su socio.
Ellos, principalmente, junto con funcionarios
foxistas de Gobernación, Economía
y Trabajo, fueron quienes desde
2005 diseñaron la estrategia para atacar a
nuestro sindicato, inventar acusaciones,
intentar destituirnos e imponer una nueva
dirigencia a su servicio.
En días previos a la explosión en la
mina Pasta de Conchos, narra Gómez
Urrutia, sucedieron dos hechos clave.
Uno, la renovación de la mesa directiva
del Congreso del Trabajo. “Un grupo
mayoritario de dirigentes sindicales
proponía que yo fuera el siguiente presidente
del CT. Víctor Flores, de los ferrocarrileros,
había estado ya dos años
al frente del organismo, y los estatutos
–no sé si los hayan modificado en estos
cinco años– definían que hasta allí
llegaba. Sin embargo, los líderes de la
CTM, el propio Flores, Enrique Aguilar
Borrego, de los bancarios, y varios más,
se habían reunido con Carlos Abascal, a quien propusieron que no hubiera cambios
al frente del Congreso del Trabajo,
aun violando los estatutos”.
El ambiente se tensó, y “en esta conspiración
se acordó (dos días antes de
Pasta de Conchos) enviar a un grupo de
300 golpeadores, drogados, fuertemente
armados, a tomar las oficinas de nuestro
sindicato, y así lo hicieron por un par
de horas. Regresaba de una conferencia
de prensa, cuando me avisan que no
llegara porque el edificio sindical estaba
en poder de esos vándalos, quienes
robaron, destruyeron y saquearon documentos
oficiales, sobre todo los probatorios
de que una parte importante de
los 55 millones de dólares del fideicomiso
minero se habían distribuido entre
los trabajadores –un total de 22 millones
de dólares– de Cananea y Nacozari.
El objetivo era que no tuviéramos cómo
probar el legal y transparente manejo de
esos recursos. Pero les salió mal: tenemos
copias de todos y cada uno de los
cheques entregados a los trabajadores,
con actas de recepción firmadas por
ellos”.
Los porros, narra Gómez Urrutia,
llegaron encabezados por Elías El Sope
Morales (expulsado en la convención
nacional de 2000, con cargos probados
de traición, corrupción y espionaje
a favor de las empresas, sobre todo las
de Larrea y los Villarreal), quien exhibió
una “toma de nota” como supuesto
nuevo secretario general del sindicato,
“que al vapor e ilegalmente le entregó
el secretario del Trabajo, Salazar Sáenz,
violando la autonomía y la libertad sindicales,
los estatutos internos y el convenio
87 sobre la libertad de asociación
de la OIT, que México tiene firmado
hace más de 60 años. Sólo hasta el 28 de
febrero de 2006 anuncian que Morales
había sido designado. No era miembro
del sindicato, no hubo convención ni se
tomó en cuenta a los trabajadores, y el
primer requisito para ser electo es, precisamente,
formar parte del sindicato.
Fue una imposición total la que empresarios
y gobierno pretendieron hacer;
fallida, desde luego”.
En ese ambiente ocurrió la explosión
en Pasta de Conchos. Algunos directivos
de Grupo México se trasladaron a la
mina (Germán Larrea nunca apareció,
tampoco Fox); a Salazar Sáenz lo envió
el presidente, y la dirigencia sindical viajó
de inmediato al lugar de la tragedia.
“Esto interrumpe lo que pensaban hacer,
pero deja ver que impondrían a Elías
Morales, harían públicas las acusaciones
fabricadas y arrestarían a varios de nosotros
sin fundamento legal. Esa fue la estrategia
torpe, perversa, de funcionarios
corruptos coludidos con empresarios corruptores
(Calderón, ya como presidente
electo, hizo una declaración que nosotros
supimos, aunque nunca salió a la luz
pública; le dijo a un grupo de empresarios
que aportó recursos a su campaña:
´los sindicatos son como un cáncer para
la sociedad y hay que extirparlos´).
“De momento todo se centra en la
tragedia. Desde allí hago las acusaciones,
porque el crimen que cometieron no sólo
fue por las terribles condiciones de inseguridad
e insalubridad que mantenía
Grupo México y que nosotros veníamos
denunciando, sino porque la Secretaría
del Trabajo no realizó ninguna de las inspecciones
que por ley son obligadas, pues
Salazar Sáenz estaba coludido con Larrea.
Sus empresas particulares eran proveedoras
de Grupo México, y su yerno, Pedro
Camarillo, era el delegado de la Secretaría
del Trabajo en Coahuila, de tal forma que
había una total colusión con la empresa.
De allí mi acusación de ‘homicidio industrial’,
porque eso es lo que cometieron, y la
exigencia de que renunciara el secretario
del Trabajo. Entonces se abrió y estalló el
conflicto en el que ha habido asesinatos,
detenciones, torturas, daños graves contra
los trabajadores, acusaciones ilegales,
toda una estrategia perversa, utilizando
medios de comunicación, jueces, magistrados
y hasta ministros de la Suprema
Corte, contra nuestro sindicato”.
CFV: ¿En qué momento decides salir
de México? ¿Qué te lleva a asumir que
tu sobrevivencia sólo sería posible fuera
del país?
NGU: A partir de mi acusación de
homicidio industrial, al tercer día de la
tragedia de Pasta de Conchos. De inmediato
comenzaron las amenazas, telefonazos
y correos electrónicos intimidatorios,
mensajes que incluso dejaron
en el parabrisas del automóvil de uno
de mis hijos, en el que advertían que si
no dejaba de acusar a Grupo México me
iban a asesinar, y a mis hijos y esposa a
descuartizar. Esos son los términos que
utilizaban. También recibí comentarios
de algunos amigos políticos, en el sentido
de que preparaban un ataque frontal
para detenerme; lo consulté con mis
compañeros, con amigos líderes sindicales
internacionales, y todos me recomendaron
salir temporalmente. No lo quería
hacer. De hecho, me quedé dos semanas
más en Pasta de Conchos y en lugares
de alrededor, exigiendo continuar con
las tareas de rescate, una investigación a
fondo para castigar a los responsables, y
un trato justo y digno para los familiares
de los mineros atrapados, pues consideramos
que algunos de ellos aún podían
estar con vida”.
De inmediato recuerda el histórico
rescate en la mina chilena de San José
Copiapó y compara: “Chile, en 2010,
nos hizo ver que 17 días después del
derrumbe se localizaron con vida a los
trabajadores y los rescataron 69 días más
tarde. Fox, al quinto día de la tragedia en
Pasta de Conchos cerró la mina y dejó
al Ejército. Los trabajadores sindicalizados
intentamos seguir con las labores
de rescate, pero lo impidió la tropa. No
querían que se conociera la realidad de
lo sucedido, ni la negligencia criminal
cometida por el gobierno y la empresa.
En esas condiciones era muy riesgoso
continuar, exponer a la organización sindical,
no sólo mi persona y mi familia,
sino la de todos mis compañeros, porque
iban por todo. Querían acabar
y destruir sin miramientos.
Cinco años después no
hay responsables, pero sí 63
cuerpos abandonados en la
mina. Grupo México es considerado
por organismos internacionales
entre los diez
consorcios menos éticos del
mundo. No respeta la salud
ni la vida de los trabajadores,
se guía por la avaricia y
la corrupción a través de sus
contactos gubernamentales.
Grupo México se sintió totalmente
protegido por Fox
para tomar esta determinación.
Lo mismo con Calderón. Ningún
empresario, por obsesiva que fuera su
actitud, se arriesgaría a pelearse con un
sindicato, si no se sintiera totalmente
protegido por el gobierno”.
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