CIUDAD DE MEXICO, México, 25 de noviembre (LILIA ARELLANO/ESTADO DE LOS ESTADOS) Apenas unas horas después de las masacres en los estados de Jalisco y Sinaloa, alrededor de 23 mil mexicanos presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad, presuntamente cometidos en México durante la lucha contra los cárteles de la droga, contra Felipe Calderón, los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa, Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez; y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Fue el jurista mexicano Netzai Sandoval quien entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, un expediente de 700 páginas que documentan las acusaciones en torno a las 50 mil personas asesinadas, los 10 mil casos de desaparecidos y los 230 mil desplazados por el clima de inseguridad, en lo que va de la administración del actual inquilino de Los Pinos.
Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Gobernación, se defendió rechazando que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente. La dependencia encargada de la política interna argumentó que las autoridades mexicanas están convencidas de que no se actualizan los supuestos establecidos por el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre la situación en el país. El flamante secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pasa por alto que el conflicto armado que se desarrolla en el territorio nacional inició en cumplimiento de una instrucción presidencial. Fue Felipe Calderón el que, con el uniforme de jefe de las fuerzas armadas, declaró e inició la “guerra” contra los cárteles de la droga y el crimen organizado y, como es sabido, los combates no se dan a jitomatazos sino con la utilización de armamento cada vez más sofisticado, y ahí están las decenas de miles de víctimas para confirmarlo.
La intención de los miles de mexicanos que documentan la denuncia, entre los que destacan el abogado John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; y José Rosario Marroquín, titular del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, es que la CPI, una instancia que aspira a convertirse en el máximo instrumento global para perseguir genocidas en el planeta, abra una línea de investigación contra Felipe Calderón, por las múltiples violaciones, al derecho humanitario y penal internacional, cometidas por las fuerzas policíacas y militares, para que se juzgue el papel y la responsabilidad del titular del Ejecutivo federal en la sanción de esas conductas.
Con la denuncia que surgió como parte del movimiento contra la violencia de principios de este año, Sandoval precisó que no buscan que la CPI se pronuncie sobre la política de Calderón, “sino juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el ex presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”. Los denunciantes tratan de demostrar a la CPI —una instancia que sólo actúa en aquellos casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y en países parte de los Estatutos de Roma, cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad— que México carece de las herramientas jurídicas para juzgar las centenas de casos de violaciones al derecho humanitario registrados en el país, como desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, reclutamiento de menores como combatientes y ataques a hospitales.
El expediente de la denuncia cuenta con tres grandes apartados: uno contextual, en el que se hace referencia a los miles de ejecutados, desaparecidos y desplazados; el segundo incluye 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional y exhibe conductas reiteradas por parte de las fuerzas federales, como asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, tortura y desplazamiento forzado; el tercero presenta líneas de investigación sobre la responsabilidad de los altos mandos, tanto policías como criminales, en las atrocidades en el país. También destaca la ausencia de herramientas jurídicas para procesar estos delitos y la campaña de encubrimiento oficial, como lo demuestra el hecho de que a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha procesado a un soldado de tropa por los abusos cometidos por sus elementos.
El presentar la denuncia, según las palabras del propio Sandoval, “no significa que se tomará el caso, ya que el fiscal tendrá como primer paso hacer un análisis y revisión básica de la situación de México con la CPI y, después, dar una oportunidad al Estado mexicano para que considere juzgar mediante sus instituciones e iniciar los procesos penales contra los señalados en esta demanda”. Los denunciantes, en un principio pretenden que el fiscal les diga si se han cometido crímenes de lesa humanidad en México, y si Felipe Calderón y otros funcionarios son responsables.
Es muy factible que cuando se dé la resolución de la demanda, Felipe Calderón ya no sea el titular del Ejecutivo mexicano. La decisión de los fiscales de la CPI, respecto a si lanzan o no una investigación, podría tomar meses o incluso años, de acuerdo con expertos legales. No obstante, la CPI ha investigado ya crímenes incluyendo genocidio, asesinato, conscripción de niños soldados y violación, principalmente en África. En el caso de que la CPI decida si el caso merece una investigación, en el transcurso de la cual podrían añadirse al expediente nuevos datos, como informes al gobierno federal y a las Naciones Unidas, la resolución podría tardar más de un año.
La posición de la administración de Felipe Calderón, como es de suponerse, es la de negar las acusaciones y argumentar que la seguridad no puede constituir un crimen internacional. El comunicado, distribuido por la Segob la tarde de ayer, considera que no se pueden configurar los crímenes de guerra y lesa humanidad porque “el Estado mexicano no está en guerra” y, dice, “no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido”. Sin embargo, el juicio está apenas en su etapa preliminar y las primeras pruebas ya fueron entregadas a la Corte Penal Internacional.
VÁLIDA CONVOCATORIA DEL PRI
Un priísta de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, argumentó, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que era ilegal la convocatoria del PRI para elegir a su candidato presidencial, porque la había emitido sólo el presidente nacional de su partido, Humberto Moreira, sin la aprobación previa y expresa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Sin embargo, los magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF ratificaron, por unanimidad, la validez de dicha convocatoria, toda vez que la dirigencia priísta pudo comprobar que sí se contaba con la aprobación del CEN, tal y como lo marcan los estatutos del Revolucionario Institucional.
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