¡¡Exijamos lo Imposible!!Cualquiera está indignado por el asesinato del joven Fernando Martí. No cualquiera tiene miedo a ser secuestrado porque la inmensa mayoría no es secuestrable. Lo que nos mueve es la indignación ante un hecho ruin y cobarde. Pero por más indignación que exista no se combatirá el secuestro con discursos.
Los políticos suelen creer que sus declaraciones son respuestas ante fenómenos criminales. Se equivocan. Llevamos casi dos años escuchando discursos de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada y ninguna de sus peroratas ha incidido en lo mínimo.
Algunos creen que con penas más largas se puede disuadir el delito de secuestro. Uno de ellos es Felipe Calderón. Pero no. Llevamos 30 años aumentando penas y la delincuencia es ahora mayor. La pena máxima federal es de 70 años. Esto, por lo visto, es un fenómeno mundial como también es mundial la conclusión criminológica de que las penas más duras no disuaden a nadie.
Si un grupo de secuestradores opera con cierta libertad, si la policía encargada de perseguir el secuestro no existe o es precaria, si hay agentes policíacos que son cómplices de los secuestradores, si muchos familiares de personas plagiadas no confían en la policía y no denuncian el delito, si se meten empresas privadas a negociar rescates a falta de policías con experiencia, capacidad y confianza, lo que hay que hacer son reformas profundas en los aparatos de investigación policial en lugar de lanzar rollos justificatorios.
En el año 2000, el sistema nacional de seguridad pública repartía 5 mil millones de pesos a estados y municipios. Hoy se reparten 6,100 millones. Es decir, menos, en términos reales. En el año 2000 el presupuesto federal era de poco más de un billón de pesos anuales. Hoy es de más de dos billones y medio, pero la Federación no apoya a los estados donde se supone que se persiguen más del 80 por ciento de los delitos.
Los cuerpos de investigación han estado al servicio del poder y no de los ciudadanos. Tenemos una de las peores policías del mundo pues los agentes se reclutan entre personas con bajo nivel educativo que no son instruidas cuando ingresan a los cuerpos policiales. No pocos agentes son delincuentes con placa.
Los gobernantes son responsables de este desastre por más discursos que pronuncien. Da vergüenza que el Congreso de Estados Unidos exija a su propio gobierno que le informe sobre la rendición de cuentas de los cuerpos policiales federales, estatales y municipales, así como de su apego al respeto a los derechos humanos, como condición para entregar a México, en especie, 400 millones de dólares. Mientras, el Congreso mexicano, como tal, no pide cuentas a los jefes de policía, quienes acuden a los recintos legislativos a dorarle la píldora a los parlamentarios.
No se requiere un estado policíaco para combatir al crimen organizado pues éste se asimila y adecua con facilidad. Se necesitan mayores conocimientos, equipos, efectividad, responsabilidad y profesionalismo. Pero todo eso está muy escaso.
No está nada mal que la gente salga a la calle a protestar, pero no a pedir pena de muerte y prisión vitalicia porque esas son maneras de desviar la atención, de destilar la indignación, pero nunca de buscar soluciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario