¡¡Exijamos lo Imposible!!La semana pasada, generó debate la oposición del PAN y del PRI a reformar la Ley Federal de Radio y Televisión para hacerla compatible con el nuevo marco electoral. Ayer como hoy, se presenta por un sector de la opinión pública a Televisa y TV Azteca, fundamentalmente, como las responsables de que la legislación que existe sobre la materia tenga contenidos antidemocráticos.
Tienen “secuestrado” al Congreso y al gobierno, afirman algunos. Otros más dicen que los legisladores se han convertido en “rehenes” de los medios electrónicos. Estoy convencido de que sin justificar éticamente las acciones de las televisoras, las culpas están en otro lado. Veamos.
Primero. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el concepto de “secuestrar” como “retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines” y rehén a la “persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones”. No hay conocimiento alguno de que existan querellas o denuncias de hechos en la PGR por parte de diputados, senadores o servidores públicos del sector de telecomunicaciones por la probable comisión del delito de secuestro, menos aún que grupos vinculados a Televisa o TV Azteca sean los probables responsables de semejantes delitos. De igual modo no existe, en el ordenamiento jurídico nacional, ninguna disposición que obligue a Televisa o a TV Azteca a ser “buenas”, a privilegiar el interés público y no sus intereses empresariales. En todo caso, el artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión establece una declaración aspiracional en esa dirección, pero de ninguna manera es obligatoria, en virtud de que a la conducta contraria a la prevista en dicho artículo no recae una sanción. Por si lo anterior fuera poco, Televisa y TV Azteca tampoco tienen derecho de iniciativa legal, de suerte que sus posibilidades de acción dependen única y exclusivamente de las reglas del juego que decide el Estado mexicano.
Segundo. Es entendible, como una manifestación de impotencia y acto de catarsis, que los “buenos” estigmaticen a Televisa y TV Azteca como si estas empresas tuvieran alguna responsabilidad legal de lo que pasa. Cabe reiterar que los responsables de legislar en materia de radio y televisión son, por mandato constitucional, los diputados y senadores de la República. De igual forma el Presidente de la República, con el auxilio de la Administración Pública Federal, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. La elaboración y aprobación de las Leyes Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones fue obra del Congreso de la Unión. El nombramiento de los polémicos integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es atribución presidencial, al igual que el del secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien puede, además, remover libremente. Es natural que las televisoras negocien, presionen y hagan labores de cabildeo para defender lo que consideran suyo, con razón o sin ella ¿Alguien iría contra su propio interés? Además, no hay norma jurídica alguna que impida el lobby en México, de suerte que en ese terreno pueden moverse libremente por más injusto y absurdo que pueda parecer.
Tercero. Poco se ha dicho y nada se ha hecho para exigir cuentas a los gobernantes de sus actos contra los mejores intereses del país. Es aquí donde está el problema de fondo. No es que las televisoras tengan “secuestrado” al Congreso, sino que el Estado ha decidido crear mecanismos legales para que las televisoras hagan lo que hacen. ¿Por qué no señalar e iniciar acciones contra diputados y senadores, el presidente Calderón, el secretario Luis Téllez, el presidente de Cofetel, Héctor Osuna y muchos más por sus acciones y omisiones que afectan al país? Aquí sí existen rendijas legales para iniciar procesos de responsabilidad, toda vez que formalmente son nuestros representantes los que deben actuar en el mejor interés de todos. Una reforma del 28 de diciembre de 1982 introdujo, en el artículo 109 constitucional, la prerrogativa para que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, (pueda) formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo”; es decir, “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.” No será una tarea sencilla, pero sí encarecería costos a los gobernantes y, eventualmente, se sancionaría a algunos de ellos. De acuerdo con datos que obran en la Cámara de Diputados, no hay una sola denuncia presentada por ciudadano alguno contra un servidor público, legislador o no, por los múltiples actos que se pueden acreditar de afectación al interés público con motivo de la aprobación y aplicación selectiva de disposiciones legales en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Sería una alternativa para salir de la prédica incendiaria de los “buenos” que polariza y aísla, y que, hasta ahora, sólo está dando como resultado frustración y resentimiento en sus sectores de influencia, pero nada más.
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