Nos necesitan llenos de terror y miedo

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

Estrategia de terror
Violación de derechos humanos en México
Grandes fallas en administración de justicia
Urge atender señalamientos de ONU: CNDH
Prioritario legislar sobre desapariciones: AS
Inseguridad obstaculiza progreso social: SPI
Otra gran farsa la renuncia de David Korenfel

“En la política mexicana, la delincuencia no genera intranquilidad”.- Jorge Saldaña

Una tesis muy interesante es la que expresa el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en torno al actual clima de inseguridad del país, las matanzas impunes de ciudadanos, la tortura, el maltrato, las desapariciones forzadas, la corrupción y la impunidad que impera en los cuerpos de seguridad del Estado, y el miedo y el amedrentamiento de la población que esto provoca. El prelado asegura que en México existe “una estrategia de control de las personas a través del sistema de terror o de violencia, en el que nos tienen metidos; nos necesitan llenos de temor y buscando cómo salvar nuestras vidas”.
México está entre los 30 países que más violan derechos humanos, de acuerdo con el informe global de la ONU, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; y junto a Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina. Existe evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, “pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

Así, con ese objetivo estratégico, el establecimiento de un sistema de terror, puede explicarse la decisión del actual gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto de mantener la guerra subterránea contra los cárteles de la droga diseñada a partir de la Iniciativa Mérida o Plan México; también, los grandes recursos presupuestales que se han gastado en armamento, equipo y asesoría militar para tener un Ejército activo, contra su propia población; el hecho de que los cárteles de la droga no sólo no hayan sido desmantelados sino sólo reagrupados, con lo que se mantiene la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos, con las fabulosas ganancias que generan y que son lavadas principalmente en el sistema financiero estadounidense y anglosajón.

Como en México, como dijo Vera, “se vale hacer todo contra la ciudadanía”, se explica la aprobación de sus reformas estructurales que no han servido al país pero sí a su grupo político para hacer grandes negocios, sin importarles llevarse entre los pies a los trabajadores mexicanos y sus familias, como con la reforma energética, la cual, entre otros aspectos, autoriza el uso de millones de litros de agua para extraer gas de lutitas, mediante la fractura hidráulica o fracking, con lo que “no sólo se contaminará la tierra, sino que están obligando a los campesinos del desierto a aplicar la ley de servidumbre y les van a devolver una tierra inservible por años. ¿De qué va a vivir esa gente? Ese crimen se aprobó aquí y es contra el pueblo”.

Las grandes fallas en materia de derechos humanos del Estado mexicano, en manos de una voraz burocracia que ahora ostenta los colores del PRI, han sido señaladas y reprobadas por organismos y expertos internacionales en los últimos meses. La tortura, el maltrato y las desapariciones forzadas han sido denunciadas y recriminadas por diversos actores defensores de las garantías.

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha advertido sobre la violencia en México y la falta de atención a los problemas humanitarios que ésta provoca, como la desaparición de personas. A su vez, el Relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, en su informe anual de actividades ante el Consejo de Derechos Humanos, acusó que la tortura es una práctica generalizada en México. Culpó que “la práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada. Esta práctica se produce por varios factores. En la ley, por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica, por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener”.

También el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raád Al Husein, advirtió el mes pasado, durante la presentación de su informe anual de actividades, que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado. “He expresado, en repetidas ocasiones, mi preocupación respecto a la violencia generalizada en partes de América Central y en México, y los vínculos entre el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado”, señaló.

Apenas en febrero pasado, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó que, en gran parte del territorio nacional, hay un contexto de desapariciones generalizadas, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas y que ocurrieron incluso después de entrar en vigor la Convención, en diciembre de 2010.

Asimismo, en ese mes, Amnistía Internacional advirtió en su informe anual sobre violaciones de derechos humanos contra indígenas, mujeres y niñas, periodistas, defensores de derechos humanos, manifestantes, migrantes y refugiados. Y un mes antes, en enero, Human Rights Watch alertó sobre escasos avances en materia de derechos humanos, en particular en juzgamiento de asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tortura generalizados, perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada.

ATENDER RECOMENDACIONES: CNDH

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Luis Raúl González Pérez, el Estado mexicano tiene que atender las recomendaciones del Relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez. “Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla. Adicionalmente, hay que favorecer todo aquello que coadyuve a evitar que se cometa esta violación a derechos humanos y por eso, nosotros insistimos que más allá de las cifras se puedan aclarar esos diferendos”.

González Pérez sostuvo que “lo importante es retomar las acciones que permiten evitar que estas conductas se den en el país. Es inadmisible la tortura en México; un solo caso es indignante y, desde luego, tenemos que buscar que haya una cultura de respeto a los derechos humanos, y eso pasa por evitar que se cometan hechos como la tortura”. Subrayó que “en el país se tiene que prevenir la tortura y cuando se acredite se sancione a los responsables”.

El presidente de la CNDH insistió en llevar a cabo “acciones que corrijan un fenómeno que sí existe en el país. La tortura existe en el país y hay que evitarla. No se puede perseguir el delito cometiendo violaciones a derechos humanos. Lo importante también es que lo que se dijo por Naciones Unidas también es atendible”. Añadió que “en lo que debemos centrarnos es que ninguna tortura se debe repetir. Tortura que no es investigada y sancionada, puede ser propiciatoria de más violaciones”.

PROPUESTA LEGISLATIVA

Por omisión o por comisión, también en el Congreso de la Unión, estarían dentro de la misma estrategia al no legislar en donde si deberían hacerlo. De ahí que el obispo Raúl Vera presentará en la Cámara de Diputados una propuesta para que ésta incluya en la Constitución el derecho de todas las personas a no ser sometidas a desaparición, incluso en condiciones de suspensión de garantías. Explicó que el Congreso debe abrir las puertas a todo aquello que permita fortalecer la defensa de la vida y de las víctimas, y que la ley en la materia debe hacerse en diálogo con éstas “y debe llevar la sangre, el dolor, y sus lágrimas y entonces sí servirá esa ley”.

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