¡¡Exijamos lo Imposible!!Imperio de la impunidad
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
México, en la mira de la CPI
Crímenes de lesa humanidad
Violencia e injusticia siguen
El PRI gana ventajas al PAN
Bodas y proyectos, tapaderas
“Las leyes que rigen la vida política no tienen relación con la razón o la justicia”.- Jorge Saldaña
México es el imperio de la impunidad, donde no se cumple el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita. A pesar de masacres como las de Tlatlaya y Apatzingán o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre miles de casos que abultan las estadísticas oficiales, y que causaron escándalo a nivel internacional, los responsables gozan de total impunidad: no son investigados, ni perseguidos, ni detenidos, ni procesados, ni condenados. Lo peor es que en el corto y mediano plazos, la situación permanecerá sin variaciones. La oferta política de los candidatos a cargos de elección popular carece de propuestas serias para terminar con la inseguridad, la corrupción, la miseria, el crimen y la impunidad.
El índice global de impunidad (IGI) ubica a México en el segundo lugar en la lista de países con mayor nivel de ese flagelo. América Latina presenta los más altos índices de impunidad a escala mundial y México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador ocupan los más altos en la región, de acuerdo con un reporte presentado la semana pasada por el rector de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez. En dicho estudio participaron, además de la UDLAP, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
“Los altos niveles de impunidad agudizan la inseguridad, la violencia y la corrupción”, sostiene Derbez, quien subraya que detrás de la impunidad en México hay problemas de estructura y funcionamiento en seguridad pública e impartición de justicia. A su vez, Antonio Le Clerq, jefe de Departamento de Políticas de la UDLPA, señala que el reporte evidencia una correlación con la corrupción, ya que “a mayor corrupción, mayor impunidad; y con el índice de desarrollo humano, menor corrupción”. Cabe destacar que el índice estima un promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México tiene sólo cuatro jueces por cada 100 mil habitantes.
La administración de la justicia en México presenta grandes fallas, que se evidencian en una clara sobrepoblación del sistema penitenciario favorecida por la saturación judicial, misma que no se da abasto para sentenciar oportunamente a toda la población encarcelada. No se lleva a cabo la apertura de procesos de averiguación de la mayor parte de las personas sospechosas, detenidas, arrestadas o que se encuentran bajo arraigo. Las deficiencias del sistema de justicia se vislumbran en el hecho de que la mitad de la población detenida se encuentra sin sentencia (46 %). Además, hay un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a los tribunales.
A México le urge atender la funcionalidad de sus sistemas de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Se debe optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. Es indispensable aumentar el número de jueces, a fin de reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también la sobrepoblación de las cárceles.
Resulta, en extremo extraño, que se monten escenarios en cárceles sobresaturadas en las cuales lo que se tiene como objetivo es la fuga de reos peligrosos y pasan las horas y, como si no tuvieran un registro exacto, el que debe tenerse por las mañanas y por las tardes para poder pasar lista, ninguna corporación policiaca tenga información al respecto y aquellas que tienen internos en las prisiones estatales no exijan que de inmediato se dé la información sobre si están o no tras las rejas todos aquellos que quedaron bajo su responsabilidad. Dicho por los propios directores de penales: “Los reos no se fugan porque no quieren, porque no contamos con elementos suficientes, con custodios que, por ejemplo, en los días de visita pudieran contener una ola en la que se decidieran a abandonar el penal unos y otros y hasta sin uniforme”.
MEXICO EN LA MIRA
Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa han puesto a México bajo el escrutinio de la comunidad internacional. Como lo señaló este fin de semana el subsecretario de Estado para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinowksi, tras la “masacre” de los normalistas de Ayotzinapa, “el mundo entero” ha estado al tanto de lo que pasó en Iguala, “y otros emblemáticos incidentes”, que involucran “a perfiles muy altos”, actos que no son “adecuadamente investigados ni sancionados” y que deben resolverse para mantener el Estado democrático.
A pesar de que en la administración federal actual se tiene la certeza de que enfrentan un serio problema de violación a los derechos humanos, de desapariciones, tortura, corrupción y falta de rendición de cuentas, los pasos para resolverlos no se están dando y todo parece indicar que prefieren mantener el actual estado de cosas. Ante esa actitud, es difícil poner en práctica las leyes que pretenden mejorar la defensa de los derechos humanos y enfrentar crímenes como las desapariciones o la tortura, especialmente cuando debe aplicarse en los tres niveles de gobierno.
Siete meses después del crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, priva la impunidad y se acrecienta la insatisfacción de los ciudadanos por este hecho. Este fin de semana, cientos de personas recriminaron al gobierno la falta de resultados: instalaron en uno de los camellones de Paseo de la Reforma una escultura roja de metal de más de tres metros de altura donde se lee “+43”. Demandan justicia y verdad, y colocaron un “antimonumento” para recordar que ese “crimen de Estado” sigue impune.
La estructura se colocó justo en el cruce de Reforma y Bucareli, a fin de mostrar a los ciudadanos que transiten por esta avenida que aún no hay verdad, justicia ni castigo a los responsables, por lo que demandaron a las autoridades no retirarlo hasta que aparezcan con vida los normalistas. Los padres de los estudiantes desaparecidos destacaron que han transcurrido siete meses de lucha para los familiares de las víctimas por conseguir la verdad y la justicia, pero, a la vez, han sido siete meses de “coraje y mucho dolor”.
Melitón Ortega, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, subrayó: “Se trata de un crimen de Estado cuyo principal responsable es Enrique Peña Nieto. La orden salió de ahí (de Los Pinos); tenemos claro que no hay otro responsable de esa agresión”. Por eso demandó una vez más que la Procuraduría General de la República (PGR) atienda las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se abran nuevas líneas de investigación sobre el caso y se analice la presunta participación en los hechos del Ejército y del gobernador con licencia Ángel Aguirre.
La comunidad nacional e internacional continúan exigiendo: “¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, subrayó el director del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Miguel Concha Malo, quien demandó que la PGR atraiga el caso de Julio César Mondragón –el normalista cuyo cuerpo apareció desollado con signos de tortura-, pues hasta ahora las indagatorias recaen en las autoridades de Guerrero.
Los manifestantes mantenían guardias para evitar que las autoridades capitalinas o federales intentaran retirar el “antimonumento”, el cual no se quitará hasta que los normalistas sean presentados con vida. De lo contrario, es decir si deciden eliminarlo, ya se sabrá hasta dónde está comprometido el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, con el gobierno de Peña Nieto.
A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El abogado Netzaí Sandoval Ballesteros sostiene que las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, así como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, abrirían la puerta para que este año la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “pueda afirmar que en México se están cometiendo delitos de lesa humanidad y, en su caso, crímenes de guerra”. Quien redactó una de las peticiones a la Fiscalía de la CPI para que intervengan en México, afirma que esos tres casos engrosaron el expediente presentado en noviembre de 2011 con el apoyo de 23 mil firmas.
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