La Jornada
Watergate mexicano: 3 motivos para destituir al Presidente
Víctor M. Toledo
Cuatro décadas después, el tiempo transcurre pero no pasa. El periodista Jorge Ramos, conductor estelar de Univisión, declaró públicamente la semana pasada en un acto de la revista Time en Nueva York, visto en todo el mundo, la necesidad de abrir una investigación independiente al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, señalado de ser responsable de diversos actos de corrupción, y especialmente del caso de la llamada Casa Blanca, que lo sitúa junto con su esposa en un aparente conflicto de intereses. Aderezando este hecho, pues Jorge Ramos fue galardonado como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo por aquella revista, el domingo antepasado el semanario Proceso reveló la existencia y describió con sumo detalle otra masacre, esta vez en Apatzingán, Michoacán. Este descubrimiento, que permaneció ausente como noticia relevante en todos los periódicos del país, se vino a situar junto con Tlatlaya y Ayotzinapa como parte de un nuevo triángulo de la ignominia. Tres hechos vergonzosos de violación suprema a los derechos humanos y de complicidad de los más altos dirigentes del país. Si los militares que asesinaron impunemente a 12 ciudadanos en Tlatlaya fueron vanagloriados en un discurso público por el actual gobernador del estado de México –y el procurador general de la República dio por cerrada la investigación de los muertos y desaparecidos durante los sucesos de Ayotzinapa–, quien fue el responsable aparente de la masacre de Apatzingan, Alfredo Castillo, e igualmente divulgó un escenario falso, fue recientemente respaldado y favorecido con un nuevo puesto por el mismísimo Presidente de México.
En cualquier país del mundo con una mínima democracia representativa, estas tres líneas de investigación sobre las autoridades deberían ser aceptadas como algo normal, y ejecutadas por las cámaras de representantes (diputados y senadores) y por el máximo órgano judicial (Suprema Corte de Justicia) y/o por los organismos defensores de los derechos humanos o sencillamente por ciudadanos independientes que se organizan. En contraparte, y aunque no exista en el país la revocación de mandato (impeachment), el Presidente y cualquier otro funcionario público deberían estar presentando sus renuncias como un acto elemental de congruencia y decoro.
En las semanas recientes, la sociedad civil ha imaginado iniciativas para lograr lo anterior. Este ha sido el caso de los ciudadanos y organizaciones que trabajan para promulgar una nueva Constitución, y más recientemente la iniciativa que artistas, políticos e intelectuales hicieron pública para incluir durante las votaciones del 7 de junio próximo una boleta extra en la que los ciudadanos expresen su demanda de que el titular del Ejecutivo renuncie (ver).
Mientras, la temperatura de la fuerza del sector más consciente, honesto e informado del país sigue en aumento. Una energía que se acumula y que tarde o temprano logrará que las aguas congeladas de la ignominia se conviertan en los ansiados vapores de la democracia.
Para Carmen Aristegui, con respeto y admiración
No hay comentarios:
Publicar un comentario