Muy dura la declaración de Jorge Ramos

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Por Esto!

De corrupción y renuncias

Víctor Flores Olea

De manera casi mágica se combinaron la expulsión de Carmen Aristegui de sus servicios cómo informadora dentro de la empresa MVS, con la muy dura declaración de Jorge Ramos, el distinguido periodista mexicano, con residencia en Florida, quien dijo en ocasión de una cena de celebración de la Revista Time que después del escándalo que suscitó hace unos cuantos días la denuncia de Carmen Aristegui, en el sentido de que la casa en las Lomas de Chapultepec del Presidente de la República y de su esposa Angélica Rivera, había sido construida y vendida a la pareja presidencial por una empresa que había hecho antes jugosos negocios con el gobernador del Estado de México (el propio Peña Nieto),y que seguía haciéndolos ahora con la Presidencia de la República. 

Informes posteriores han hecho saber que otros altos funcionarios del Estado Mexicano han seguido ese camino y han imitado los procedimientos del máximo jefe (ejemplo, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray).

La conclusión tajante del periodista mexicano-estadounidense fue que ante la evidencia, cuando menos, de un claro conflicto de intereses, el presidente de México está obligado a renunciar, o cuando menos a permitir una investigación a fondo del asunto, que ahora se ha convertido en una cuestión de burla y risa para los mexicanos en la medida en que nombró para la investigación a un irrelevante amigo suyo (designado al mismo tiempo Secretario de la Función Pública, lo cual multiplica la burla al pueblo y, en efecto, hace imposible la situación del Presidente Peña Nieto. 

Para subrayar su punto de vista Jorge Ramos afirma que él (y en su país) de ninguna manera se toleraría una burla de esa magnitud y que un Presidente en Estados Unidos con la doblez moral de Peña Nieto habría ya abandonado o estaría en vías de abandonar el cargo bajo el peso de la ley. No tiene tanta razón Ramos en la medida en que un buen número de presidentes en Estados Unidos que han violentado las leyes de su país han estado o estuvieron muy lejos de abandonar el cargo (se recuerda que un número de comentaristas en aquel país consideraron que George W. Bush, con sus actas patrióticas había violentado inclusive la Constitución de Estados Unidos).

Pero no es el caso discutir lo anterior, sino subrayar que, en lo fundamental, tiene la razón Jorge Ramos y que resulta una vergüenza y burla para la ciudadanía que en nuestro país no ocurra prácticamente nada ante estos casos públicos vergonzosos de corrupción oficial, o de grave sospecha de la misma. La verdad es que la corrupción oficial que se protege a sí misma o que se disimula lo único que hace es llamar a más corrupción, ante la evidente impunidad reinante. Y así vamos una tras la otra...

Debo, decir, por lo demás, que para sectores muy importantes de la opinión pública en México si hay consecuencias eventuales de estos hechos, precisamente cuando se denuncian, como es el caso de Aristegui que, obviamente por su denuncia, ya ha sido cuando menos objeto de una severa represión en su trabajo como informadora, al ser despedida sin causa justificada como informadora de la empresa MVS. El procedimiento sigue siendo el de siempre y muy sencillo: “maten al informador”.

Algunos se preguntarán entonces acerca de la eficacia de la ley anticorrupción aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, y que tendrá que pasar para su aprobación Constitucional por los Congresos locales. En todo caso existe ya un Sistema Nacional Anticorrupción al nivel normativo pero cuyos efectos concretos todavía no se perciben al nivel de vida diaria de los mexicanos. En dicho sistema Nacional tanto los gobiernos federales y estatales deberán enfrentar diversas acusaciones de corrupción y conflictos de interés.

Como lo señaló la firma Hogan Lovells en su informe sobre corrupción 2014, y los especialistas Luis Enrique Graham, socio de Hogan Lovells, resalta que esta reforma surge como una respuesta a graves hechos de corrupción ocurridos en el país y a compromisos internacionales del gobierno mexicano. “Esto explica que las fuerzas políticas estén llegando a acuerdos para crear un marco normativo para combatir efectivamente la corrupción.” (¿Será verdad?) De todas formas, la misma revista nos dice que pese a sus esfuerzos el gobierno de México se halla en este campo muy rezagado ante sus competidores económicos como Brasil, Chile y Perú. 

Como podía esperarse, uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley es el hecho de que el presidente de la República no podrá ser acusado por actos de corrupción o conflictos de interés, que es precisamente la cuestión a que se refiere la denuncia de Carmen Aristegui. El artículo 108 constitucional establece que, durante su periodo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. El Comité Técnico de Anticorrupción y Antilavado del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que esta circunstancia “deja un vacío en el sistema de transparencia y rendición de cuentas del país”.

Parece sin embargo que hay voluntad de avanzar por ese camino. ¿Será cierto? Ya lo veremos muy pronto, según la evolución del país, que para tantos es tan desilusionante e incluso tan perfectamente repudiable.