Pobreza, corrupción e inseguridad
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
México tiene 61.4 millones de pobres
En extrema pobreza están 23 millones
Corrupción e impunidad pegan al PIB
Operativos militares generan violencia
EPN y JV “duermen” con el enemigo
“Gobernar es repartir lo posible y quedarse con lo existente”.- Jorge Saldaña
A pesar de la riqueza del país y sus potencialidades, México es una nación de pobres, inseguro y con niveles de corrupción en expansión. La pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años. De hecho, la tasa de pobreza es la misma que en 1992. El universo de pobres en el territorio nacional supera los 61.4 millones y en pobreza extrema hay más de 23 millones. Además, está entre los países más corruptos del mundo y es inseguro a niveles extraordinarios.
Un informe publicado la semana pasada por el Banco Mundial advierte que México padece un estancamiento de 20 años en reducir los niveles de pobreza. La medición, basada en el ingreso, muestra que la tasa de pobreza es la misma que en 1992, aseguró el BM en el reporte “Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe”. De hecho, con los gobiernos neoliberales, México es una gran fábrica de pobres: de 39.8 millones oficialmente reconocidos en 1984, incrementó su producción a 63 millones al cierre de 2012, según cifras oficiales de Sedesol y Coneval.
Los mexicanos en extrema pobreza, es decir que su ingreso diario es insuficiente para adquirir una canasta básica alimentaria, superan los 23.1 millones, la cifra más elevada desde 1988. El total de pobres en el país se eleva a 61.4 millones, la mayor cantidad desde 1996. Las mediciones del BM no sólo toman en cuenta el ingreso, sino también el acceso de la población a los servicios de salud, seguridad social o educación, áreas atendidas por los programas sociales de transferencia focalizada.
La pobreza por ingreso en México se ha mantenido por dos décadas, con altibajos. Después de la crisis de 1994, la pobreza total –extrema y moderada- creció de 52 % de la población a un pico de 69 por ciento. Luego vinieron diez años de una disminución sostenida que la redujo a 46 por ciento en 2006. Después de la crisis de 2008-2009, comenzó a subir hasta llegar a 52.3 por ciento de la población en 2012.
La población considerada en extrema pobreza aumentó de 19 millones en 1994 a 34.7 millones de personas en 1996; bajó a 15.1 millones en 2006 y, nuevamente, subió a 23.1 millones en 2012. Esto, a consecuencia del débil crecimiento de la economía y de la desconexión entre crecimiento y reducción de la pobreza.
El crecimiento de la pobreza a partir de la crisis de 2008-2009 se dio a pesar de que se establecieron programas de “trasferencias condicionadas”, como “Oportunidades”, con los que se ejercieron alrededor de 80 mil millones de pesos cada año. A pesar de la aplicación durante 17 años de programas como “Oportunidades” y “Prospera”, en 2012 la pobreza de los mexicanos era similar a la de 1992.
Los de la Universidad Iberoamericana de Puebla revelan que el bajo crecimiento económico ha logrado mantener una pobreza monetaria que ya llegó al 83 por ciento de los mexicanos. Esta pobreza, según revela el director del Observatorio del Salario de esa casa de estudios, se debe en gran parte a los bajos ingresos de los mexicanos y se nutre porque son los empleos poco remunerados lo que alcanza al 47.60 de los trabajadores formales que están, inclusive, por debajo del salario mínimo que ya de por sí es minimísimo. A esto se une también que van empeorando los niveles de vida de la clase trabajadora, por lo que la consecuencia es que incrementa de manera constante el número de personas en situación de pobreza en este país y se pasó, con la facilidad con que se da vuelta a una página del 70 al 83 por ciento en un par de años. En contraparte, existen las brechas salariales que en su mínima expresión revelan ingresos superiores hasta en 60 veces comparados con los que menos ganan.
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 1992 y 2012, el poder adquisitivo de los mexicanos disminuyó y los ingresos de las familias no crecieron en más de dos décadas.
“Mientras no se haga una redistribución de la riqueza y se busque la forma de dar a la gente más empleos, mejor remunerados, no podrá salir del círculo de pobreza”, advierte Paola Contreras, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.
CORRUPTO
México está entre los países más corruptos del mundo. Dentro del grupo de 34 naciones que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la peor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que es elaborada por Transparencia Internacional para medir las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público en más de 170 países.
De los 34 países que forman la OCDE, México tiene la peor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Desde 1995, Transparencia Internacional publica este índice, el cual se compone de una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción que realizan 11 instituciones, entre ellas el Banco Mundial.
A nivel general, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países evaluados en 2014, con una puntuación reprobada: 35 puntos de 100, en donde cero representa el máximo nivel de corrupción y 100 el menor. En América Latina, México está por debajo de sus principales socios y competidores económicos. Se ubica 82 posiciones debajo de Chile y 34 de Brasil.
El fenómeno de la corrupción ha impactado, también, negativamente sobre el crecimiento económico del país y de algunas entidades federativas. La pérdida de productividad que generan algunas actividades vinculadas con la corrupción merman al Producto Interno Bruto en 2 por ciento. Si la economía mexicana creció 2.1 % el año anterior, sin este fenómeno de corrupción el potencial que se pudo tener era de 4.1 por ciento.
“Los problemas de corrupción en el país ahuyentaron alrededor de 1,100 millones de dólares por inversión extranjera directa el año pasado”, estimó la directora general del Observatorio México ¿Cómo vamos?, Viridiana Ríos. “La corrupción ha generado mayor volatilidad y un mayor riesgo en la inversión en México”, indicó Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La percepción sobre la corrupción crece año con año en México, lo que se aprecia en todas las transacciones que realizan de manera cotidiana los ciudadanos, al pagar por servicios como la basura que debían ser gratuitos; los litros incompletos de gasolina; la asignación por herencia de una plaza docente; el pago de comisión por canalizar recursos a un municipio o la asignación de un proyecto de infraestructura sin licitación.
Los elevados niveles de corrupción se reflejan en el hecho de que todos los empresarios recurren a las “mordidas” para seguir operando sus negocios. En el Distrito Federal, según José Luis Beato, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la capital de la República todos los empresarios han recurrido a las “mordidas”.
Los empresarios se ven obligados a pagar más sobornos durante la tramitación de permisos para la construcción, por lo que se requiere un sistema de penalización más amplio para ejercer las leyes, sobre todo la Ley Anticorrupción aprobada recientemente. Los dirigentes empresariales han señalado que para combatir la corrupción, las autoridades locales y empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben mejorar la vigilancia y el castigo a quienes cometen esos ilícitos.
A su vez, el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cervantes, consideró que si la corrupción continúa a los niveles que hoy se observa, el país no tiene futuro, ya que está en entredicho el funcionamiento del Estado de Derecho y el desarrollo de la economía.
“Sumamente grave es el hecho de que el 97 por ciento de los delitos de corrupción queden en la impunidad”, advirtió María Amparo Casar, profesora y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
A pesar de que se impulsan reformas específicas anticorrupción, los grandes esquemas de corrupción que involucran a individuos del más alto nivel del poder y la falta de sanciones a los corruptos continúan prevaleciendo en México y América Latina.
En México, durante la discusión de la reforma anticorrupción, legisladores de oposición lamentaron que el nuevo marco legal no va a servir para combatir casos como la “casa blanca” y los “moches” en la asignación de recursos para obra pública. En el primer caso, el presidente Enrique Peña Nieto no puede ser sancionado debido a que conserva inmunidad constitucional. Destacaron que ni la legislación actual ni el nuevo entramado institucional que se creará con la reforma, sirven para castigar el conflicto de interés que significa la adquisición de la “casa blanca”.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado la semana pasada, es muy limitado. Legisladores de oposición consideraron que será insuficiente para atacar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios de los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno.
Cabe destacar que las bancadas del PRI y del PVEM impidieron que se modificara el Artículo 108 de la Constitución para retirar la inmunidad al titular del Ejecutivo, con la finalidad de que pueda ser procesado por actos de corrupción. Tampoco aceptaron eliminar el fuero de altos funcionarios, por lo que, para poder llevar ante la justicia a gobernadores, alcaldes y legisladores, primero será necesario desaforarlos.
Los legisladores federales se negaron a incorporar la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. La reforma se quedó corta frente al fenómeno de impunidad y corrupción que ha dejado pérdidas en el país por 86 mil millones de dólares en los últimos 10 años.
“Sólo un cambio de tajo en la estrategia anticorrupción permitirá que México abandone la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década”, advirtió Transparencia Mexicana, el capítulo en México de la organización Transparencia Internacional.
El Sistema Nacional anticorrupción debe ser realmente de carácter nacional y no sólo federal, es decir que abarque a estados y municipios, donde la corrupción es rampante y el crimen organizado infiltra a la policía y controla a los alcaldes.
La desaparición de 43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía de la ciudad de Iguala, quienes los entregaron a sicarios de un cártel del narcotráfico con el cual operaban, puso de relieve el nivel de corrupción a nivel municipal que existe en México. Evidenció que la corrupción permite a las bandas criminales cooptar las instituciones públicas.
INSEGURO
México es un país inseguro, a pesar de la propaganda oficial que señala que las denuncias por homicidios dolosos disminuyeron 27 %; los secuestros, dicen, 24 %; los delitos del fuero común, 13.5 %; además, presumen, se ha detenido o abatido a 93 de los 122 criminales más peligrosos. Sin embargo, la realidad es que el crimen organizado amenaza la seguridad de los ciudadanos en amplias zonas del territorio nacional. Incluso, los Estados Unidos han alertado a sus connacionales a extremar precauciones o evitar visitar 21 entidades.
Estado de los ESTADOS
México tiene 61.4 millones de pobres
En extrema pobreza están 23 millones
Corrupción e impunidad pegan al PIB
Operativos militares generan violencia
EPN y JV “duermen” con el enemigo
“Gobernar es repartir lo posible y quedarse con lo existente”.- Jorge Saldaña
A pesar de la riqueza del país y sus potencialidades, México es una nación de pobres, inseguro y con niveles de corrupción en expansión. La pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años. De hecho, la tasa de pobreza es la misma que en 1992. El universo de pobres en el territorio nacional supera los 61.4 millones y en pobreza extrema hay más de 23 millones. Además, está entre los países más corruptos del mundo y es inseguro a niveles extraordinarios.
Un informe publicado la semana pasada por el Banco Mundial advierte que México padece un estancamiento de 20 años en reducir los niveles de pobreza. La medición, basada en el ingreso, muestra que la tasa de pobreza es la misma que en 1992, aseguró el BM en el reporte “Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe”. De hecho, con los gobiernos neoliberales, México es una gran fábrica de pobres: de 39.8 millones oficialmente reconocidos en 1984, incrementó su producción a 63 millones al cierre de 2012, según cifras oficiales de Sedesol y Coneval.
Los mexicanos en extrema pobreza, es decir que su ingreso diario es insuficiente para adquirir una canasta básica alimentaria, superan los 23.1 millones, la cifra más elevada desde 1988. El total de pobres en el país se eleva a 61.4 millones, la mayor cantidad desde 1996. Las mediciones del BM no sólo toman en cuenta el ingreso, sino también el acceso de la población a los servicios de salud, seguridad social o educación, áreas atendidas por los programas sociales de transferencia focalizada.
La pobreza por ingreso en México se ha mantenido por dos décadas, con altibajos. Después de la crisis de 1994, la pobreza total –extrema y moderada- creció de 52 % de la población a un pico de 69 por ciento. Luego vinieron diez años de una disminución sostenida que la redujo a 46 por ciento en 2006. Después de la crisis de 2008-2009, comenzó a subir hasta llegar a 52.3 por ciento de la población en 2012.
La población considerada en extrema pobreza aumentó de 19 millones en 1994 a 34.7 millones de personas en 1996; bajó a 15.1 millones en 2006 y, nuevamente, subió a 23.1 millones en 2012. Esto, a consecuencia del débil crecimiento de la economía y de la desconexión entre crecimiento y reducción de la pobreza.
El crecimiento de la pobreza a partir de la crisis de 2008-2009 se dio a pesar de que se establecieron programas de “trasferencias condicionadas”, como “Oportunidades”, con los que se ejercieron alrededor de 80 mil millones de pesos cada año. A pesar de la aplicación durante 17 años de programas como “Oportunidades” y “Prospera”, en 2012 la pobreza de los mexicanos era similar a la de 1992.
Los de la Universidad Iberoamericana de Puebla revelan que el bajo crecimiento económico ha logrado mantener una pobreza monetaria que ya llegó al 83 por ciento de los mexicanos. Esta pobreza, según revela el director del Observatorio del Salario de esa casa de estudios, se debe en gran parte a los bajos ingresos de los mexicanos y se nutre porque son los empleos poco remunerados lo que alcanza al 47.60 de los trabajadores formales que están, inclusive, por debajo del salario mínimo que ya de por sí es minimísimo. A esto se une también que van empeorando los niveles de vida de la clase trabajadora, por lo que la consecuencia es que incrementa de manera constante el número de personas en situación de pobreza en este país y se pasó, con la facilidad con que se da vuelta a una página del 70 al 83 por ciento en un par de años. En contraparte, existen las brechas salariales que en su mínima expresión revelan ingresos superiores hasta en 60 veces comparados con los que menos ganan.
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 1992 y 2012, el poder adquisitivo de los mexicanos disminuyó y los ingresos de las familias no crecieron en más de dos décadas.
“Mientras no se haga una redistribución de la riqueza y se busque la forma de dar a la gente más empleos, mejor remunerados, no podrá salir del círculo de pobreza”, advierte Paola Contreras, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.
CORRUPTO
México está entre los países más corruptos del mundo. Dentro del grupo de 34 naciones que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la peor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que es elaborada por Transparencia Internacional para medir las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público en más de 170 países.
De los 34 países que forman la OCDE, México tiene la peor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Desde 1995, Transparencia Internacional publica este índice, el cual se compone de una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción que realizan 11 instituciones, entre ellas el Banco Mundial.
A nivel general, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países evaluados en 2014, con una puntuación reprobada: 35 puntos de 100, en donde cero representa el máximo nivel de corrupción y 100 el menor. En América Latina, México está por debajo de sus principales socios y competidores económicos. Se ubica 82 posiciones debajo de Chile y 34 de Brasil.
El fenómeno de la corrupción ha impactado, también, negativamente sobre el crecimiento económico del país y de algunas entidades federativas. La pérdida de productividad que generan algunas actividades vinculadas con la corrupción merman al Producto Interno Bruto en 2 por ciento. Si la economía mexicana creció 2.1 % el año anterior, sin este fenómeno de corrupción el potencial que se pudo tener era de 4.1 por ciento.
“Los problemas de corrupción en el país ahuyentaron alrededor de 1,100 millones de dólares por inversión extranjera directa el año pasado”, estimó la directora general del Observatorio México ¿Cómo vamos?, Viridiana Ríos. “La corrupción ha generado mayor volatilidad y un mayor riesgo en la inversión en México”, indicó Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La percepción sobre la corrupción crece año con año en México, lo que se aprecia en todas las transacciones que realizan de manera cotidiana los ciudadanos, al pagar por servicios como la basura que debían ser gratuitos; los litros incompletos de gasolina; la asignación por herencia de una plaza docente; el pago de comisión por canalizar recursos a un municipio o la asignación de un proyecto de infraestructura sin licitación.
Los elevados niveles de corrupción se reflejan en el hecho de que todos los empresarios recurren a las “mordidas” para seguir operando sus negocios. En el Distrito Federal, según José Luis Beato, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la capital de la República todos los empresarios han recurrido a las “mordidas”.
Los empresarios se ven obligados a pagar más sobornos durante la tramitación de permisos para la construcción, por lo que se requiere un sistema de penalización más amplio para ejercer las leyes, sobre todo la Ley Anticorrupción aprobada recientemente. Los dirigentes empresariales han señalado que para combatir la corrupción, las autoridades locales y empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben mejorar la vigilancia y el castigo a quienes cometen esos ilícitos.
A su vez, el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cervantes, consideró que si la corrupción continúa a los niveles que hoy se observa, el país no tiene futuro, ya que está en entredicho el funcionamiento del Estado de Derecho y el desarrollo de la economía.
“Sumamente grave es el hecho de que el 97 por ciento de los delitos de corrupción queden en la impunidad”, advirtió María Amparo Casar, profesora y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
A pesar de que se impulsan reformas específicas anticorrupción, los grandes esquemas de corrupción que involucran a individuos del más alto nivel del poder y la falta de sanciones a los corruptos continúan prevaleciendo en México y América Latina.
En México, durante la discusión de la reforma anticorrupción, legisladores de oposición lamentaron que el nuevo marco legal no va a servir para combatir casos como la “casa blanca” y los “moches” en la asignación de recursos para obra pública. En el primer caso, el presidente Enrique Peña Nieto no puede ser sancionado debido a que conserva inmunidad constitucional. Destacaron que ni la legislación actual ni el nuevo entramado institucional que se creará con la reforma, sirven para castigar el conflicto de interés que significa la adquisición de la “casa blanca”.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado la semana pasada, es muy limitado. Legisladores de oposición consideraron que será insuficiente para atacar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios de los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno.
Cabe destacar que las bancadas del PRI y del PVEM impidieron que se modificara el Artículo 108 de la Constitución para retirar la inmunidad al titular del Ejecutivo, con la finalidad de que pueda ser procesado por actos de corrupción. Tampoco aceptaron eliminar el fuero de altos funcionarios, por lo que, para poder llevar ante la justicia a gobernadores, alcaldes y legisladores, primero será necesario desaforarlos.
Los legisladores federales se negaron a incorporar la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. La reforma se quedó corta frente al fenómeno de impunidad y corrupción que ha dejado pérdidas en el país por 86 mil millones de dólares en los últimos 10 años.
“Sólo un cambio de tajo en la estrategia anticorrupción permitirá que México abandone la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década”, advirtió Transparencia Mexicana, el capítulo en México de la organización Transparencia Internacional.
El Sistema Nacional anticorrupción debe ser realmente de carácter nacional y no sólo federal, es decir que abarque a estados y municipios, donde la corrupción es rampante y el crimen organizado infiltra a la policía y controla a los alcaldes.
La desaparición de 43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía de la ciudad de Iguala, quienes los entregaron a sicarios de un cártel del narcotráfico con el cual operaban, puso de relieve el nivel de corrupción a nivel municipal que existe en México. Evidenció que la corrupción permite a las bandas criminales cooptar las instituciones públicas.
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