Que le pregunten a Peña Nieto
Pablo Gómez
¿Y el fuero?
El Congreso expidió una reforma sobre la corrupción. Se trata de un proyecto de poco alcance, desarticulado, inocuo en algunos de sus segmentos y difícil de ser aplicado. Después de tantos esfuerzos, discursos, denuncias, lamentaciones, hipocresías y reconversiones –todo sucesivo pero revuelto— la plataforma anticorrupción de la presente Legislatura ha quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas.
Uno de los temas que ha sido ignorado es el fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios de la Federación, y su correspondiente esquema en los estados. Ha sido Peña Nieto quien ha impedido que el asunto sea tocado. Al respecto es preciso contar una historia.
En noviembre de 2011 culminó en el Senado una negociación sobre la desaparición de la figura del fuero constitucional. La iniciativa que yo había presentado unos cuatro años antes fue motivo de negociaciones dilatadas pero al final exitosas. Se votó un proyecto que aprobaba la iniciativa con cambios, los cuales, sin embargo, no modificaban su contenido básico: todos los altos funcionarios de la Federación que habían estado aforados hasta entonces podrían ser ahora sujetos de proceso penal como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La única circunstancia especial consistía en que durante el proceso permanecerían en libertad, como si estuvieran bajo fianza, y en el ejercicio de su cargo sólo para evitar que autoridades menores pudieran dar un golpe de mano contra el Ejecutivo, el Congreso o la judicatura. Una vez que el juez de la causa dictara sentencia de primera instancia, el funcionario debería ser separado de su cargo por la Cámara de Diputados, sin dictamen previo, mediante un procedimiento político y, de tal forma, ser entregado a la justicia. El presidente de la República estaba incluido en este sistema puesto que no debe haber, se dice, privilegios de ninguna especie. El auto de sujeción a proceso dictado por el juez contra estos funcionarios podría ser recurrido directamente ante la Suprema Corte para evitar el uso político de la justicia en la apertura de procesos penales, pero eso no implicaba ningún privilegio personal sino sólo un mecanismo de seguridad para el funcionamiento normal de los poderes públicos. Así, cualquier alto funcionario de la Federación y de las entidades federativas podría ser sujeto de proceso penal aunque, como todo mundo, bajo el principio de presunción de inocencia.
La Cámara de Diputados se hizo la disimulada y congeló el proyecto enviado por el Senado por instrucciones directas y personales de Enrique Peña Nieto, quien ya había asumido la dirección del grupo parlamentario del PRI en esa cámara desde antes de ser nombrado oficialmente candidato, lo cual, por cierto, era diferente en el Senado. El PRI tenía entonces más de un tercio de los diputados y, por tanto, capacidad de bloquear cualquier reforma constitucional. Así las cosas, transcurrió el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril de 2012, Día del Niño, feneciendo de tal forma la legislatura.
En marzo de 2013, con la actual legislatura y con el Pacto por México (mal llamado y mal logrado), el cual señalaba que debía eliminarse el fuero, la Cámara de Diputados modificó el proyecto original del Senado para hacer un verdadero enredo en el contenido y en la forma. Por órdenes de Peña Nieto, se eliminó al presidente de la República de la lista de funcionarios sujetos a procesos penales lo cual contó con la vergonzosa complicidad del PAN, pero se olvidó reponer un artículo derogado en el proyecto del Senado de tal forma que ubicaba, sin querer y por torpeza, al presidente de la República sin inmunidad alguna, es decir, que éste podía ser detenido por cualquier gendarme y mucho más fácilmente encarcelado por un juez. Además, ubicaba el momento en que un funcionario debía abandonar su cargo en la ejecución de la sentencia, es decir, después de años de recursos procesales interminables, y no cuando se dictara sentencia de primera instancia como decía el proyecto del Senado.
Dentro de la reforma constitucional contra la corrupción, el PRI se negó a volver al proyecto original para eliminar el fuero, pero además mantuvo al presidente de la República sin responsabilidad administrativa alguna, lo cual es ya insostenible. El partido oficial se disciplinó a la consigna presidencial aún a riesgo de que no fuera aprobado su débil y engañoso decreto contra la corrupción. Creo que las oposiciones debieron haber congelado esa reforma hasta que todo se descongelara. Por lo pronto, el fuero sigue por sus fueros gracias a Enrique Peña Nieto, quien además mantiene su impunidad en materia administrativa, la cual ya no existe en ninguna parte del mundo.
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