Se las ponen dura
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
Corrupción, opacidad e inseguridad
Por fin: hay Ley de Transparencia
Empresarios bajan de la nube a EPN
PVEM: patente de corso inamovible
“Una derrota política es sólo testimonio de mejores métodos de corrupción”.- Jorge Saldaña
La corrupción es el problema central de México. Grave para la salud de la República es el hecho de que los mexicanos no conozcan el destino del gasto público, ni el correcto ejercicio de la función pública a cargo de autoridades y representantes populares. Que observan impotentes que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno usan los recursos públicos, financieros y materiales, como si fueran recursos personales. Que vean perplejos cómo, en tan sólo un periodo de gobierno, los funcionarios son capaces de acumular fortunas para evitar, a sus generaciones futuras, preocuparse de trabajar para ganar el sustento diario. Que existan los mirreyes, las ladies, los juniors de la política que hacen ostentación de la riqueza mal habida de sus progenitores a través de cargos públicos y legislativos.
Hasta este viernes, fue posible contar con una Ley General de Transparencia que, confiamos, pueda ayudar a restringir este flagelo, ya que triplica el número de sujetos obligados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), al pasar de 17 a 50 los entes -organismos, instancias y entidades- que deberán rendir cuentas de los recursos públicos ejercidos. La ley fija bases y procedimientos para garantizar el acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Así, el sistema de transparencia debe complementar el sistema anticorrupción, que aún se discute en el Senado.
En la Cámara de Diputados registró 385 votos a favor del dictamen -que se compone de 216 artículos y 13 transitorios, y es reglamentario del artículo 6º. De la Constitución, referente a la transparencia y el acceso a la información- de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza. En contra votaron 24 diputados del PR, Movimiento Ciudadano y Morena, cuyas reservas no prosperaron. Tres diputados se abstuvieron. Ningún cambio hicieron los legisladores al proyecto que hace un mes le envió el Senado de la República. La minuta aprobada se envió de inmediato al Ejecutivo federal, para su promulgación. Esta ley pretende terminar cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, según sus impulsores.
Pretende acabar con la opacidad en el uso de recursos públicos que actualmente impera. Amplía el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados para pasar de 17 a 50, entre las que destacan las relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; montos, criterios, convocatorias y listados de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos; concesiones, contratos, convenio, permisos, licencias o autorizaciones otorgados; información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.
Destaca que la nueva ley incorpora figuras como la prueba de daño y la prueba de interés público para cuando se pretenda reservar información. Establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o de situaciones vinculadas a actos de corrupción.
CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD
En términos económicos, el combate a la corrupción es el principal trabajo a realizar para elevar la competitividad de las empresas, de acuerdo con el estudio “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2015”, de KPMG de México. Los principales directivos de las empresas en el país advierten el aumento de la desconfianza sobre el gobierno federal y los gobiernos estatales, debido a que observan una administración ineficiente como promotor de la competitividad y combate a la inseguridad.
También, ante los empresarios, Enrique Peña Nieto ha visto caer estrepitosamente su popularidad. La opinión favorable que presidentes y directores empresariales tenían sobre el gobierno del mexiquense cuando comenzó su gobierno, “cayó drásticamente”, ya que 69 por ciento considera que su actuación respecto al entorno económico es “regular” y “mala” contra 37 por ciento que tenían tal opinión en 2013.
El número de directivos del sector privado que calificó como “pésima” la actuación gubernamental, subió a 20 por ciento, cuando al arrancar el sexenio sólo un 2 por ciento tenía tal opinión. Los porcentajes de descalificación son similares en cuanto al Poder Legislativo y los gobiernos estatales.
La corrupción y la inseguridad siguen siendo los “puntos dolorosos” para los empresarios, pues 89 y 81 por ciento de los encuestados consideró que son las dos principales trabas para la competitividad. Además, están insatisfechos con las reformas fiscal y laboral.
La corrupción y la inseguridad siguen siendo los “puntos dolorosos” para los empresarios, pues 89 y 81 por ciento de los encuestados consideró que son las dos principales trabas para la competitividad. Además, están insatisfechos con las reformas fiscal y laboral.
Para el 93 por ciento de los empresarios, el actual régimen fiscal no ayuda a promover la inversión en el país. No obstante lo anterior, siete de cada 10 empresas en México esperan crecer sus ingresos y flujo operativo hasta 9 por ciento en este 2015, cuando el año pasado eran seis de cada 10, por lo que hay una visión positiva sobre las condiciones económicas mundiales, destacó Roberto Cabrera, socio líder de industrias y mercado de KPMG de México.
El gobierno federal no recupera la confianza de los empresarios porque esperaban mayor dinamismo en los dos primeros años del sexenio. La drástica caída sigue dándose y eso “debería ser preocupante para las autoridades”, dijo Miguel Ortiz, socio de la consultora KPMG.
RECETA DE LA IP
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), México padece un severo problema de corrupción, lo que ha quedado comprobado en las mediciones que hacen organismos internacionales. Este delito es el principal obstáculo para hacer negocios en México.
La iniciativa privada tiene una agenda de ocho temas para el mejoramiento del país, en los que se contemplan la estabilidad macroeconómica, seguridad, educación, reformas estructurales, Estado de derecho, crecimiento económico, seguridad social y democracia. De acuerdo con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el 53 % de los 65 programas que integran su agenda los han analizado con funcionarios del gobierno federal.
Tras la firma de un convenio con la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) para reducir la corrupción en los niveles de gobierno, Gutiérrez Candiani reveló que tienen una mesa de gasto con la administración federal, en la que se analizan los diferentes proyectos para que pueda invertirse. Dijo que “se hace una revisión puntual de los recursos que van a los estados: cómo se debe gastar, mayor transparencia y rendición de cuentas, publicación en línea. Aseguró que hay avances importantes para que todos los recursos de los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión queden totalmente transparentes.
El líder empresarial advirtió que uno de los faltantes en México es la fortaleza del mercado interno, “porque estamos en niveles muy bajos de consumo”. Señaló que no se tienen avances en este renglón por márgenes y temas de coyuntura para ver qué es transitable para impulsar a la economía nacional. Informó que los temas fiscales se encuentran en la mesa y “estamos analizando la deducción de inversiones en algunos sectores estratégicos que son fundamentales, programas que realmente impulsen la generación de empleo, la recuperación de ahorro, además de bajar las tasas al pequeño ahorrador que hoy le afectan.
VERDE IMPUNE
Desde ahora se los adelanto: el registro del PVEM no será tocado en absoluto por el Instituto Nacional Electoral (INE) que encabeza Lorenzo Córdova. El Partido Verde Ecologista de México es el más claro ejemplo de hasta dónde puede llegar la compleja red de corrupción política-empresarial del gobierno federal, su partido, el Revolucionario Institucional, y los integrantes de la patente de corso en que esta convertido el partido del Tucán. Su actuación sistemática, dolosa y reiterada, como fuerza política al servicio del Ejecutivo federal y de sus propios intereses privados, sin importarles ir contra las reglas de la competencia electoral, no les traerá mayores consecuencia.
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