Por Esto!
Quítense las máscaras
La corrupción que ha impulsado Roberto Hernández Ramírez desde sus tiempos de operador de piso en la Bolsa de Valores y la impunidad y protección que le han garantizado el Poder Ejecutivo Federal como ingeniero de las finanzas de los capos de la droga, así como su participación directa en el FOBAPROA y en operaciones multimillonarias, hacen imposible su NO participación en la ruta centroamericana del narcotráfico / Notarios yucatecos involucrados en la narco-mansión
Es difícil concebir que un Roberto Hernández Ramírez, acusado por los POR ESTO!, con pruebas irrefutables, de vínculos con el narcotráfico desde 1997, desconociese el uso de 16 camionetas (no sólo 6) con logos de TELEVISA y la participación directa de no menos de 19 operadores del monopolio de la televisión en México en el comercio de la cocaína, en particular, y las drogas, en general, en Centroamérica.
Es difícil concebirlo, sobre todo después de adquirir, el 26 de Diciembre del 2006, un total de 18 millones de certificados de participación ordinaria (CPO’s) de TELEVISA, que por 110 millones de dólares le entregó María Asunción Aramburozavala Larregui, heredera, entre otros, del Grupo Modelo, cuyas cervecerías vendió también a la compañía belga Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.
La corrupción que ha impulsado Roberto Hernández Ramírez desde sus tiempos de operador de piso en la Bolsa de Valores y la impunidad y protección que le ha garantizado el Poder Ejecutivo Federal como ingeniero de las finanzas de los capos del narcotráfico, así como su participación directa en el FOBAPROA y en operaciones multimillonarias, sin pagar un solo impuesto, como sucedió también en la compra-venta de 18 millones de certificados de participación ordinaria, que lo convirtieron en el “padrino financiero” de Emilio Azcárraga Jean en TELEVISA, hacen imposible su NO participación en la ruta centroamericana del narcotráfico.
NO hay que olvidar, tampoco, la intervención del Presidente Ernesto Zedillo ante el entonces Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para impedir la Operación “Casablanca II”, que consistía, nada menos y nada más, que en el arresto en México de Roberto Hernández Ramírez, por agentes especiales norteamericanos, y su traslado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y “lavado” de dinero.
En aquel entonces, un alto funcionario estadounidense hizo la siguiente observación al Director General de los POR ESTO!, con motivo de la conferencia que sobre el narcotráfico dictó en la Universidad de Columbia:
- Señor Menéndez, el Pueblo de México no puede imaginar el precio que tendrá que pagar por el servicio del Presidente Clinton a la solicitud del Presidente Zedillo.
Tiempo después, el Director General de los POR ESTO! supo de qué se trató:
23 mil millones de barriles de petróleo del Golfo de México.
Quítense las máscaras, ¡YA es hora de enjuiciar a Roberto Hernández Ramírez.
El involucramiento de seis empresarios yucatecos, un comandante de la Policía Federal y seis notarios públicos en las transacciones del Crimen Organizado para establecer aquí en Mérida sus “casas de seguridad”, resulta un claro ejemplo de cómo el narco penetra como la humedad a la sociedad meridana, no obstante el clima de seguridad que prevalece en la capital yucateca.
Armando Palma Peniche, a través de Carlos Góngora Peniche, Héctor Lira Morales (ex comandante de la PFP en Quintana Roo), Héctor Ulises Valdez Aguilar, Francisco Estrada Castillo, Carlos Pérez Palma, Ana Ileian Campos Alejos y Rodolfo Martínez Gamboa son las personas que vendieron la narco mansión y las demás casas a Juana Raquel Alvarado Torres, (a) Raquel Alatorre Correa, arrestada en Nicaragua desde el mes de agosto pasado.
María del Carmen Baltazar Arceo, Jorge Correa Mena, Héctor Victoria Maldonado, Jorge Heredia Trujillo, Eric Granja Ricalde y Jorge Hidalgo Aguilar y Aguilar, son, por su parte, los notarios públicos que se encargaron de protocolizar los predios que adquirió la mujer arrestada por la Seguridad del Estado de Nicaragua, junto con el yucateco Carlos Gustavo Reyes Arce y otras 18 personas, con 9.2 millones de dólares en efectivo y restos de cocaína, que transportaban en seis camionetas con el logotipo de Televisa, monopolio donde el neobanquero Roberto Hernández Ramírez es hoy poseedor de más del 20% de las acciones del corporativo televisivo.
Asimismo, ronda el comentario entre los círculos notariales y empresariales que resulta muy extraño el hecho de que los fedatarios Baltazar Arceo, Correa Mena y Victoria Maldonado hayan hecho los protocolos más importantes, como el de la narco mansión de Altabrisa, pues dichos notarios públicos fueron, por así decirlo, los “consentidos de la administración anterior”, fuertemente vinculados al ex consejero jurídico Sergio Cuevas González y sus jugosos negocios inmobiliarios hechos al amparo del Poder Ejecutivo.
A la notario público María del Carmen Baltazar Arceo tal parece gustarle la protocolización de importantes negocios, pues en la administración anterior fungió como la que dio fe de la adquisición de los terrenos de Chichén Itzá, así como de la regularización de miles de hectáreas en Ucú y Hunucmá y haya sido la que “se echó el trabajito” de la “narco mansión”.
La “narco mansión”, como se sabe, se encuentra en la calle 19 No. 559 por 21, de Altabrisa, cuenta con avanzados sistemas de seguridad, entre ellos barda electrificada, cámaras de video vigilancia exterior, interfon con cámara de video y portones eléctricos. Está conformada por cuatro lotes, de los nueve en que se dividió el predio original, que perteneció a la inmobiliaria Casas, Desarrollo y Promoción en Cancún, de Armando Palma Peniche, y cuyo director adjunto es Carlos Jesús Góngora Peniche.
Entre los notarios es bien sabido que a la hora de protocolizar una compraventa de algún bien inmobiliario hay considerando al momento de anotarlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como el hecho de hablar de un precio real y otro para que sea anotado en los documentos oficiales.
Es precisamente el artículo 153 de la Ley del Notariado en vigor el que sancione a quien utilice indebidamente los instrumentos notariales y a los fedatarios que a sabiendas hagan constar hechos falsos en un acta o escritura.
Hay más camionetas de Televisa
Asimismo, en las investigaciones del caso, todo apunta a que hay más camionetas con el logotipo de Televisa que eran utilizadas por estos narcotraficantes, pues Grupo Televisa inició un litigio contra autoridades del Gobierno del Distrito Federal que le negaron información sobre todos los vehículos registrados en la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) a nombre de la empresa.
La televisora solicitó por oficio a Setravi la lista de todos los vehículos registrados a nombre de “Televisa SA de CV” en el padrón vehicular del DF, después de que investigaciones periodísticas confirmaron que las seis camionetas tipo Van rotuladas con logotipos de Televisa, que fueron decomisadas por la Policía Nacional de Nicaragua el 20 de agosto, están registradas a nombre de “Televisa SA de CV”.
Respuesta de Setravi
Sin embargo, la directora del Registro Público del Transporte, María Alexandra Malpica Gómez, respondió mediante un oficio fechado el 24 de septiembre pasado que sólo puede proporcionar tal información si Televisa le envía los datos específicos de los vehículos que busca.
Ante tal respuesta, el Grupo Televisa presentó el pasado 8 de octubre una demanda de amparo contra la Setravi, que ya fue admitida a trámite por el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Enrique Cabañas Rodríguez.
Televisa alega que el oficio de la Setravi “carece de fundamentación y motivación legal”. En el juicio de amparo, que debe tomar entre tres y seis meses, se analizará si estos argumentos son ciertos y si Setravi debió responder en los términos planteados por la empresa.
El mismo día, el procurador de Justicia capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, declaró a la prensa que en las pesquisas por el caso Nicaragua habrían detectado al menos otras 10 camionetas registradas a nombre de Televisa, al parecer de forma irregular.
La Ley de Transporte del DF establece que sólo se tendrá acceso a los datos sobre registro de vehículos privados y mercantiles “cuando el solicitante acredite fehacientemente ser titular de algún derecho o registro ante la Setravi” mediante oficio en el que “funde y motive la necesidad de la información”.
Pena máxima
Asimismo, la Fiscalía de Nicaragua prepara la solicitud de 30 años de cárcel para los 18 mexicanos detenidos el pasado 20 de agosto con 9.2 millones de dólares en efectivo que eran transportados en seis camionetas con el logotipo de Televisa.
El fiscal del caso en Nicaragua, Armando Juárez, exige a Televisa las pruebas de que es inocente y que demuestre que no tiene ligas con los acusados de narcotraficantes ya que Nicaragua está obligada a dilucidar los vínculos de una operación del Crimen Organizado que ha puesto en el ojo del huracán a la televisora mexicana y ésta debe respaldar “con elementos de prueba” que ha sido víctima.
La posición de Televisa “tiene que estar respaldada por elementos de prueba que determinen que fue víctima de una operación -ilícita- o no”, dijo el inspector general de la Fiscalía de Nicaragua.
La Fiscalía nicaragüense ya solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) de México “investigaciones a profundidad” sobre los registros del parque vehicular de la televisora por el hallazgo de camionetas con su logotipo en presuntas actividades ilícitas.
La Fiscalía pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para los extranjeros, según informó la Fiscal adjunta, Ana Julia Guido.
El Fiscal Juárez dijo que solicitarán información sobre registros migratorios a Costa Rica y Honduras y ampliarán las indagaciones al “uso de comunicaciones” que habrían efectuado los sospechosos en sus ingresos a Centroamérica.
El fiscal comentó que nunca “han estado satisfechos” de la descarga de responsabilidades de la televisora mexicana por el uso de su marca y su logotipo. La insatisfacción, agregó, ha ocurrido por la detección de nuevas camionetas “con las mismas características” que las que fueron detenidas en Nicaragua.
“Nadie puede estar satisfecho de algo que ha ido en progreso, necesitamos determinar por la prueba de la investigación que ninguna institución de la naturaleza que sea, haya tenido vínculo encubierto o no con la operación”, sostuvo el inspector general de la Fiscalía.
Al momento de su detención, los mexicanos declararon que eran empleados de Televisa y una fachada como esa con “una marca y el emblema es de mucho peso” para facilitar su movilización por los países de la región sin contratiempo, expresó Juárez.
Nicaragua “tiene la obligación de dilucidar” con una investigación “a profundidad” la propiedad de los vehículos y sus registros, reiteró.
Televisa ha negado en reiteradas ocasiones cualquier relación laboral con los detenidos o con los vehículos retenidos.
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