Gallo: “No se ha probado la culpabilidad de Florence”
Daniel Blancas Madrigal
Hace casi 12 años perdió a Paola, su hija secuestrada y asesinada. Fue
él entonces quien, ante la inoperancia eterna de las autoridades,
condujo las investigaciones: se filtró a la sierra de Guerrero, a la
cuna del EPR, para desempolvar datos que develaran a los responsables.
Lo hizo con éxito.
Luego el recuerdo y la nostalgia le abrieron camino como gladiador
social, en especial en temas relacionados con plagio, con auxilio a
víctimas.
Hoy, todavía resquebrajado por la ausencia, y en medio de la colisión
por el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que propone liberar a
Florence Cassez —sentenciada a 60 años—, Eduardo Gallo se ha colocado en
el ángulo opuesto al de quienes fueron rescatados por televisión
aquella mañana del 9 de diciembre de 2005 del rancho Las Chinitas:
Ezequiel Elizalde, Cristina Ríos y su hijo Cristian… Y, tal vez sin
pretenderlo, se ha vuelto antagónico a otra mujer con una historia
similar en dolor y soledad investigadora: Isabel Miranda de Wallace.
"No se ha probado la culpabilidad de Florence", concluye.
En charla con Crónica, desentraña sus razones y latidos, sus argumentos e inspiraciones.
De arranque, opta por la alerta: "Si se niega el amparo a Cassez se
oficializará el permiso judicial a la policía para fabricar culpables,
torturar, violar derechos humanos y actuar conforme a ocurrencias
mediáticas".
Y luego habla con dureza: "En el amparo directo en revisión ya no
entran las víctimas, es un recurso que sólo corresponde a quien ha visto
vulnerado sus derechos en un proceso ministerial y judicial. A muchos
se les olvida que los jueces son dueños de la verdad legal, que puede
estar al margen de la verdad histórica: si ésta se distorsionó, no es
culpa de los ministros ni de Cassez, sino de la policía y la autoridad
procuradora de justicia… Son esas instancias las que desampararon a las
víctimas, no la Corte; ahora salen a decir —como Genaro García Luna y el
titular de la SIEDO Cuitláhuac Salinas— que les preocupan las víctimas,
si fuera verdad no habrían hecho lo que hicieron".
—Por tu historia pudiera pensarse que siempre tendrías que estar del lado de las víctimas —se le comenta.
—Y lo estoy, y quiero que se les haga justicia, pero el punto es que no
está probado que Cassez sea una de las personas que vulneró su
libertad; de que merecen el respaldo de la ley, no hay duda, pero
hacerles justicia es detener y castigar a quien sí cometió el delito, no
linchar a una persona con base en una investigación deshonesta. Lo que
deben hacer las víctimas es exigir que paguen los responsables y
reclamar al Estado su mal trabajo.
—¿Tienes duda de que Ezequiel, Cristina y Cristian sean víctimas verdaderas?
—No pongo en tela de juicio su palabra, debe haber forma de probar que
fueron secuestrados. No me corresponde decir si lo son o no, lo que sí
pongo en tela de juicio es que se haya probado la culpa de Florence.
—Lo pregunto por las contradicciones: reconocimientos tardíos, cambios
de testimonio, lo de la herida en uno de los dedos de Ezequiel que dijo
era por una inyección para anestesiarlo y resultó ser de nacimiento.
—Lo de la herida prueba que mintió para incriminar a Cassez, no que no
sea víctima. Aunque su padre fuera secuestrador, como lo señala Israel
Vallarta, lo privaron de la libertad y eso es un delito, sea para cobrar
o no…. Lo de las otras contradicciones lleva a la pregunta: ¿dónde las
rescataron?, ¿por qué no dijeron la verdad? Si la hubieran dicho, se
habrían evitado muchas cosas, las incongruencias han puesto en duda su
credibilidad, tal vez porque los confundieron. La culpa es de quien les
pidió que se prestaran al montaje.
—Elizalde no paró de elogiar a la AFI durante la escenificación.
—Parecía un promocional, no es normal, de hecho el comportamiento de
las víctimas no es natural. Cuando una persona es liberada de secuestro
trae un shock psicoemocional y más si se trata de un operativo violento
de la policía, y no los vi así. Y cómo salieron en la tele con pijamas y
sábanas, sin amarres ni cadenas, eso no existe en un secuestro, ¿por
qué no se salieron?... hay algo ilógico.
Iluminación. Lo ocurrido a Paola, dice Gallo, le enseñó dos veredas:
una de justicia y otra de venganza. Pensó que seguir esta última le
permitiría dar rienda suelta a sus pasiones, pero la otra le daría la
oportunidad de recordar con honor a su hija y no dudó cuál seguir. Son
metáforas que también se han escuchado decir a Wallace.
—¿Por qué un pasado tan parecido y conclusiones tan distantes? —se le pregunta.
—La señora dice que la voz de las víctimas es sagrada, no, aquí no hay
nada sagrado, estamos en la tierra, no en el cielo, ni hablando de Dios
ni es una clase de religión, aquí lo que se analiza es la congruencia y
los testimonios fueron cambiantes, además de que no hay ningún otro
elemento que incrimine a Cassez: no hay cuentas bancarias, ni depósitos,
ni grabaciones de voz, sólo el montaje y la declaración inicial de
Ezequiel, que debería tener un gran peso, pero luego salió con lo de la
peca en el dedo, con aquel golpe en la cabeza que primero lo adjudicó a
una caída y después a los policías y con lo de los promocionales a la
AFI mientras Luis Cárdenas Palomino se volvía héroe.
—A Cárdenas lo vimos en el montaje despescuezando a Vallarta.
—Sí, ya estaba muy golpeado, le aprietan el cuello y se queja, los
reporteros le preguntan qué le pasó y acusa a Cárdenas de haberlo
golpeado y entonces le vuelven a torcer el cuello y Vallarta mejor se
calla, fue una farsa.
—¿Y cómo explicar que quienes armaron esa farsa sean ahora los jefes de la seguridad pública del país?
—Le doy vueltas al asunto y no lo puedo explicar.
—Y luego Calderón sube a García Luna de director de la AFI a titular de la SSP.
—Pues ya había hecho un buen cartel, con videos y comerciales.
—¿Qué sería lo justo para los orquestadores?
—Cuando violan derechos humanos y constitucionales no hay otra que un
castigo, pero cuando ves que la CNDH avala la actuación de estos malos
servidores públicos, estamos fregados; se acabó el ombudsman, ya sólo
queda una Comisión Nacional de Defensa de la Policía y de los servidores
públicos corruptos.
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