“… hemos dado, Sancho”
Jacobo Zabludovsky
Lo que los
neocristeros quieren es regresar a México a 1860. En ese año, resultado
de la lucha que mexicanos católicos pagaron hasta con su vida, se
promulgó la Ley sobre Libertad de Cultos, garante, por primera vez en
nuestra historia, de “…la independencia entre el Estado… y las creencias
y prácticas religiosas… es y será perfecta e inviolable… Ningún acto
solemne religioso podrá verificarse fuera de los templos sin permiso
escrito concedido en cada caso por la autoridad política local”. El
Estado establecía la libertad y el derecho de todos los creyentes,
dentro de límites claros y lógicos, después de haber recuperado para el
siempre escaso caudal público las enormes propiedades del clero.
Los precristeros
de la época montaron en cólera y en busca de conservar sus privilegios
fueron por un emperador extranjero, único caso en América, tierra donde
la realidad desbordó cualquier desfiguro. El obispo de Puebla, don
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, visitó a Maximiliano en Trieste
en 1862. A principios de 1863 fue recibido por el papa Pío IX quien, en
marzo, lo nombró arzobispo de México, ocupado por los franceses el 21 de
junio de ese año. Tres personajes, incluso don Pelagio, integraron una
regencia para entregarle el trono, la corona y el país a Maximiliano,
confiando en destruir a Benito Juárez, católico devoto consciente de que
su primera obligación era con México, obstinado por lograr para los
mexicanos un México nuevo. Pero Maximiliano venía contagiado de ideas
perniciosas emanadas de la Revolución Francesa y del Código Civil de
Napoleón y proclamó la libertad de cultos en febrero de 1865, causando,
primero, el rompimiento con el arzobispo y, después, la pérdida de los
apoyos que lo habían hecho emperador espurio. El resto se escribió en el
Cerro de las Campanas.
En la
Constitución de 1917 se recogieron esos principios: “Todo hombre es
libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para
practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los
templos o en sus domicilios particulares…”. Esta última frase se
suprimió en 1992 y se autorizaron actos de culto externo. La estrategia
de reversión histórica se ha precipitado en estos 11 años de gobierno de
un partido cuya vocación religiosa de origen se manifiesta en devolver a
instituciones afines, no a creyentes, el poder concentrado hasta antes
de 1860.
Eso no puede
ser. Por lo menos es lo que creen millones de ciudadanos y
organizaciones cuya voz se ha levantado ante el peligro inminente de
sufrir una mutilación más de las leyes que han dado a México estabilidad
y bases de convivencia pacífica. Un diputado ¡del PRI!, llamado Ricardo
López Pescador, propone que en las escuelas públicas “…los hijos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”. Habría que modificar el artículo tercero: “La
educación que imparta el Estado deberá ser laica, ajena a cualquier
doctrina religiosa”. La propuesta del diputado López, pasteurizada,
pasará a la Cámara de Senadores y luego, en su caso, a los congresos
estatales si se quiere reformar la Constitución. Se intenta revisar los
artículos tercero, quinto, 27º y 130º. En una manipulación grotesca de
la realidad, se pretende entregar no sólo la educación, sino medios
masivos de influencia sobre la opinión pública y otros instrumentos del
dominio intelectual, a quienes los perdieron hace más de siglo y medio.
Ante la
inminencia de un repudio popular el primero de julio, el partido aún en
el poder trata de ganar tiempo. La aprobación del engendro de López
Pescador fue un sabadazo con el agravante de la nocturnidad. El tiempo
se les va y sólo un milagro (no debemos ignorar esa posibilidad en este
caso) puede mantenerlos donde están. Precipitados pierden las formas:
Josefina Vázquez Mota: “Primero misa y después votar. Yo les pido que
vayan a misa a las 8 y luego a votar”. Si no son señales de culto
externo sí lo son de un propósito definido, de una meta a la que se debe
llegar cueste lo que cueste. Ernesto Cordero me lo confirmó en publico
el jueves: “Si llego a presidente permitiré la religión en las escuelas
públicas”. El problema es que la ambición ya no se conforma con recintos
escolares: abarca el país entero otra vez.
Coincido con el
párrafo final de uno de los desplegados de esta semana: “Cerremos filas
alrededor del carácter laico del Estado mexicano, condición
indispensable para la anhelada convivencia armónica y la paz social”.
También recojo las palabras finales de las declaraciones en EL UNIVERSAL
del jueves: “Que se defina en el artículo 40 de la Constitución el
carácter laico del Estado mexicano”.
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