¡¡Exijamos lo Imposible!!
Crimen. narco y evasión Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Respalda PRI a los 3 exgobernadores
Fuego electoral contra el de Veracruz
Tomás Ruiz, inocultable oscuro pasado
Dudosa fortuna acumulada por “Greg”
En 10 días, volverá a volar Mexicana
“Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley, no han cumplido con su deber”.- R. Von Ihering
Pese a que los 3 ex gobernadores de Tamaulipas, a quienes el fin de semana anterior les lanzaron una alerta migratoria que apenas fue dada a conocer ayer, señalan que desconocen los motivos de ésta e incluso Eugenio Hernández asegura que no ha recibido ninguna notificación, trascendió que a los tres se les persigue ante su negativa para comparecer a declarar en torno al asesinato del ex candidato del tricolor al gobierno estatal, Rodolfo Torre Cantú, además de solicitarles información sobre asuntos ligados al crimen organizado y que están ya dentro de una indagatoria abierta en la SIEDO, donde uno de los testigos protegidos los cita en diversas ocasiones.
Al respecto Eugenio Hernández sostiene: “Nosotros queremos tener la oportunidad de aclarar cualquier señalamiento o sospecha que haya en nuestra contra porque no se nos ha informado de alguna investigación que exista, pero por ser gobernador de una entidad fronteriza, como lo es Tamaulipas, existe siempre el riesgo de que por ejercer la autoridad tengamos algún tipo de señalamiento”.
Como ya se sabe, el primero en caer en este asunto fue el empleado de la SCT que lanzó la alerta migratoria e incluso Alejandro Poiré, titular de Gobernación, declaró al mediodía de ayer que “lo que ocurrió fue un error de un funcionario, ya que no le correspondía hacer una alerta de ninguna naturaleza”. La PRG también declaró que nunca solicitaron tal alerta migratoria. Esos errores y el hecho de que la solicitud para reportar entradas, salidas y viajes de los ex gobernadores surja de las afirmaciones de un testigo protegido, han dado entrada a que se califique a esta acción como otro “michoacanazo” y todo termine en un escándalo mediático que, paradójicamente, le sirva al tricolor.
Y es que también arrancó la feria de las contradicciones, ya que existen oficios de la PGR que fueron girados los días 13 y 15 de enero de este año, en los que señalan que ni Manuel Cavazos Lerma, ni Tomás Yarrington, ni Eugenio Hernández Flores pueden salir de México y eso, aquí y en China, lo llaman alerta migratoria. Los números corresponden : 718.403.0039/12 y al 718.403.0038/12. De ahí que de entre las decisiones que han venido tomando los involucrados, está la de solicitar informaciones a través de abogados, y “esperamos que se haga una investigación seria por parte de las autoridades y que ésta sea apegada a derecho, además de exigir que no se politice ningún asunto en estos tiempos electorales”.
Ahora bien, tal como lo señalamos en líneas anteriores, resultó falso que Egidio Torre Cantú, el actual gobernador de Tamaulipas y hermano del fallecido Rodolfo, hubiese sido el operador en los grandes negocios de don Eugenio. Lo que sí es un hecho, es que se comprometió con toda la familia a que iría a fondo en las averiguaciones, independientemente de lo que se siguiera a través de las autoridades federales, sin embargo según lo han comentado los parientes cercanos, no movió un solo dedo. De ahí que don Egidio, desde su llegada al poder, buscara no tener absolutamente ningún contacto con “el geñó”.
Una vez instalado en la silla estatal e informado de que lo menos que podía fincársele como responsabilidad directa a su antecesor es el haber permanecido inmóvil, paralizado, frente a las actividades del narco y que se dedicó a proteger los intereses de los ex gobernadores que ahora aparecen junto a él ligados en asuntos de autoridad, independientemente de prohijar los suyos, no le ha sido difícil aportar información que, de verse realmente interesado en sacudir corruptelas, el gobierno federal puede emplear. Pese a los intentos de comunicarse con el gobernador tamaulipeco, éste no ha dado respuesta a ninguno de los llamados de los involucrados y todo apunta a que no lo hará porque también ha sido muy claro en dejar asentado que su llegada al mandato no corresponde a ninguna decisión de grupo, al que deba responder con lealtad.
Así las cosas, el PRI sigue alegando que hay un uso eminentemente electoral en este caso y profundizar, al advertir que no puede combatirse la inseguridad mientras los órganos de justicia se conviertan en brazos ejecutores del poder en turno o si se mantiene el uso de esas instituciones con fines eminentemente políticos.
Pero si este caso aparece empantanado, el de Veracruz no lo está menos, sobre todo cuando se ha unido una serie de inconformidades de los habitantes de la entidad, por el uso indebido que el gobernador está haciendo de su folclor, de sus fiestas y del dinero proveniente del pago de impuestos de los veracruzanos. Acción Nacional, a través de su presidente Gustavo Madero, anunció que presentarán una denuncia penal ante la PGR por la presunción de lavado de dinero.
En San Miguel de Allende, Guanajuato, el panista sostuvo que César Duarte debe explicar y demostrar el origen y destino de los 25 millones, “que no me vengan con esas vaciladas de que eran para comprar tamales”. Comentó también que “los 25 millones de pesos iban a Toluca, a la campaña del precandidato priísta a la presidencia, Enrique Peña Nieto, lo que debe ser investigado por la FEPADE”. Ya también trascendió que el accionista mayoritario de Industria 3, no estaba enterado bien del grado de peligrosidad del favor solicitado y por ello permitió que se hablara del pago de un contrato que sí existe, pero que no es costumbre que le liquiden en efectivo.
Porque el asunto, al parecer, va para muy largo e intervendrá Hacienda en las operaciones de la empresa que hoy se ve tan o más involucrada en ilícitos, que el propio gobierno veracruzano, del que ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comprobó que sí salieron de sus arcas los 25 millones, por lo que no existe la clasificación de procedencia ilícita. Lo menos que por ahora se vislumbra es evasión fiscal, que se extiende hasta las auditorias que probablemente les realicen a los artistas y otras empresas postproductoras que tienen nexos con Industria 3.
Mientras tanto Tomás Ruiz, titular de Finanzas de Veracruz, insiste en el error del empleado agregándole que les “agarraron las prisas”. Si el gobernador Duarte se preocupara un poco por averiguar los pros y los contras de algunas declaraciones emitidas por funcionarios en momentos álgidos, sabría que Ruiz no es para dar la cara en ningún renglón y, menos aún, en aquellos en los que pueda existir sospecha de malos manejos o corrupciones o evasiones fiscales. El currículum de este personaje da para mucho que especular e incluso afirmar, ya que en cada dependencia a la que ha llegado ha dejado rastros, huellas, abiertas demostraciones de manejos impúdicos y esto va desde la Lotería Nacional hasta el SAT. Una cosa sí es clara: o se trata de medidas correctivas para evitar la llegada de mayores maletas electorales, o de plano los están cercando para que actúen los gobernadores de manera muy similar a como lo hicieron en 2006. Porque pensar en la intención siquiera de combatir impunidades y corruptelas es convertirnos de nuevo en seres inocentes, inocentes, i-no-cen-tes.
SIGUE LA MATA DANDO
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