Represión policíaca
Pablo Gómez
04 julio 2008
La tragedia del Divine ha sido presentada como una operación errónea por la estúpida forma en que se llevó a cabo. También se ha criticado la existencia misma del antro como expresión de la corrupción administrativa. Además, se han denunciado las arbitrariedades de la policía. Todo está bien, pero no tanto.
En México predomina la idea de que es necesario presionar por el lado del consumo de drogas y que los consumidores habituales u ocasionales son delincuentes consumados o, al menos, en potencia. Los operativos en contra de los consumidores tienen como propósito capturar a los narcomenudistas y, al mismo tiempo, poder probar el delito, pero siempre son violatorios de los derechos humanos, son sencillamente represivos.
Si se destituyen a las autoridades que ordenaron el operativo –no fue el Divine el único—tendría que destituirse a todos los que hacen los mismo en todas partes del país, incluyendo a Calderón. Esto no quiere decir que no deban abrirse procesos penales y procedimientos de responsabilidad administrativa –contra quien sea—por las muertes de tantos jóvenes, sino que la solución del problema consiste en cambiar la concepción y la práctica con la que hoy se pretende combatir el narcotráfico.
La policía preventiva del DF detiene a miles de narcomenudistas cada año, los presenta ante el Ministerio Público Federal quien libera a los detenidos sencillamente por falta de elementos. Cuando se hacen consignaciones, en la mayoría de los casos los jueces se encargan de dar libres a los acusados. La policía se encuentra entre la espada y la pared, por lo cual tiene que llevar a los consumidores al Ministerio Público y, después, ante los tribunales, en calidad de testigos. Si no hay comprador no hay venta ilegal de drogas.
De ahí procede el Divine. Estos operativos buscan agarrar a los testigos. Al tomar un antro y, en el mismo acto, arrestar a los consumidores de drogas, ya se puede tener un caso ante la justicia. La forma del operativo, la cual llevó a la muerte de doce personas, es la crisis de la política de persecución del narcomenudeo basada en la criminalización del consumo y es también la crisis de un aparato de justicia, en gran medida corrompido, que exige las pruebas vivientes del delito.
Sí, al Divine llegaron los agentes del orden a crear un mayúsculo desorden, pero tal cosa tiene sus causas.
Algo igual ocurre en las carreteras, sólo que sin escándalo (cuidado con el Ejército). Una familia es asesinada por militares en Sinaloa porque no detuvo el vehículo en un retén. Los soldados no pueden ir en persecución de nadie que vaya a más de 60 kilómetros por hora, pues carecen de vehículos veloces y movilidad, así que disparan. El mayor error es pretender controlar el tráfico de drogas con retenes militares.
Ya es hora de discutir el asunto al margen de la memoria de los muertos y del deseo de ver rodar cabezas.
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