EL IETU NO AFECTÓ LOS PARAÍSOS
FISCALES PARA LAS GRANDES EMPRESAS
por Mario di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública
del gobierno legítimo de México
En el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su página de internet y entregar a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Gastos Fiscales.
Este presupuesto comprende, en términos generales, los montos que deja de recaudar el erario federal por disposiciones establecidas en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.
De esta manera y a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón, en su momento señalaron que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) tenía como objetivo “acabar con los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas”, la realidad refleja que no fue así y que la falta de recaudación por este concepto es lo que en realidad ha impedido disminuir de manera significativa “el régimen fiscal confiscatorio” que Pemex enfrenta.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que de los 772 mil 364 millones de pesos que se dejarán de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, 26%, es decir, 202 mil 144 millones de pesos, corresponde directamente a conceptos relacionados con “grandes empresas”, lo que supera por mucho a los 122 mil 192.5 millones de pesos que se dejarán de recaudar por la aplicación de la tasa cero en alimentos.
Así, en lo que se refiere al IETU, de los 96 mil 309 millones de pesos que se dejarán de recaudar, casi la mitad, es decir, 42 mil 847.3 millones de pesos, se explican por concepto de las exenciones y tratamientos especiales que se otorgaron a las empresas en la fase final de aprobación de dicho impuesto; de esta manera, por consolidación fiscal se dejarán de recaudar en el caso del IETU 19 mil 993 millones de pesos, por deducción de la adquisición de automóviles nuevos, 3 mil 481 millones de pesos, y por las deducciones que se relacionan con la adquisición de activos (depreciación acelerada de activos), poco más de 18 mil 882.6 millones de pesos.
De manera adicional y por lo que toca al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los 252 mil 962.8 millones de pesos que no se recaudarán, más de 60% se explica por las exenciones y tratamientos especiales en materia del ISR empresarial cuyas posibilidades de elusión fiscal ascenderán a 159 mil 297.9 millones de pesos, donde destaca nuevamente el régimen de consolidación fiscal, con 31 mil 801 millones de pesos, así como la deducción inmediata de activos fijos con 23 mil 214 millones de pesos, la adquisición de automóviles nuevos con 9 mil 204 millones de pesos, que en conjunto ascienden a más de 64 mil 219 millones.
En resumen, se observa que por concepto de “consolidación fiscal”, régimen que supuestamente había desaparecido con la supuesta reforma fiscal aprobada, se observa que se dejarán de recaudar 51 mil 794 millones de pesos, y por conceptos relativos a la deducción acelerada de activos, “depreciación acelerada de activos”, 42 mil 96 millones de pesos.
Es decir que, de acuerdo con la propia dependencia que dirige Agustín Carstens, la existencia de estas 2 “facilidades” que son utilizadas sólo por las grandes empresas, le costará al fisco mexicano, en el 2008, 93 mil 890 millones de pesos; cabe destacar que si a lo anterior añadimos la deducción sobre la adquisición de automóviles nuevos, la elusión fiscal asciende a poco más de 106 mil millones de pesos, cifra tan sólo 14% inferior a lo que se deja de recaudar por la tasa cero en el IVA de los alimentos.
Esto explica las verdaderas razones del porque en nuestro país la recaudación tributaria es de las más bajas de los países miembros de la OCDE y confirma que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5% en promedio durante los últimos 7 años.
En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25% del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.
Es decir, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales” fundamentalmente dirigidos a las grandes empresas.
Si bien es cierto que lo que el fisco dejará de recaudar por la aplicación del IVA en alimentos ascenderá a 122 mil millones de pesos, no puede soslayarse que de acuerdo con la teoría económica y a pesar de que este tipo de impuestos resultan ser los más fáciles de administrar, en la realidad son altamente regresivos, es decir, gravan más a aquellos que menos tienen, por lo que necesariamente empeoran la distribución del ingreso.
Para mostrar lo anterior asumamos el siguiente ejemplo:
Una persona en situación normal necesita consumir cierta cantidad de alimentos diariamente, independientemente de sus ingresos, por ello entre menos ingresos tenga dicha persona, mayor será la proporción de su ingreso que le destine a sus alimentos; conforme aumenten sus ingresos la proporción de su ingreso que destina a adquirir alimentos será menor.
De esta manera, al gravar los alimentos se estaría dando una mayor carga fiscal a las personas de menores ingresos, y con ello se estaría empeorando la distribución del ingreso.
Más aún si consideramos que los mexicanos destinan en promedio 30% de sus ingresos para la adquisición de alimentos y cerca de 80% de las familias en el país viven con un ingreso inferior a 6 salarios mínimos.
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