Por Esto!
IFE encubridor, Tribunal solapador
Ricardo Monreal Avila
Ayer fuimos testigos de la doble cara de la justicia que se aplica en México. Casi a la misma hora en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refrendaba la garantía del debido proceso y los derechos humanos elementales de la ciudadana francesa Florence Cassez, dictando su libertad inmediata y absoluta, otra institución del Estado mexicano, el IFE, validaba el indebido proceso con que el PRI y el PVEM rebasaron los topes de campaña y utilizaron recursos de procedencia desconocida para hacer ganar a su candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
La Unidad de Fiscalización del IFE, que en el pasado proceso electoral federal estrenó dientes, colmillos y olfato para detectar y castigar ejemplarmente a los candidatos y partidos que recurrieran a financiamientos externos o paralelos a los expresamente autorizados por la ley y la autoridad electoral, decidió abdicar de todas estas facultades para presentar un dictamen insólito e impúdico.
Resulta que la indagación del IFE sí encontró en la campaña del PRI un gasto superior al tope legal establecido (más de 141 millones, es decir, un rebase del 44%); también identificó un financiamiento paralelo de 66 millones de pesos de parte de una empresa comercializadora particular que en su vida ha dispuesto de ese capital; que todo esa erogación no correspondió al gasto ordinario del PRI, como en un inicio lo argumentó dicha organización, pero que todo ello fue “legal”, que no hay irregularidad alguna y que por lo tanto no hay delito que perseguir.
Es importante considerar que el dictamen, por sí solo, desnuda la actuación que, en septiembre del año pasado, tuvieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la calificación de la elección presidencial.
En ese momento, el máximo tribunal electoral del país encontró que la elección había sido impoluta, limpia, transparente y apegada a Derecho. No le dio valor probatorio alguno al financiamiento con tarjetas Monex y monederos Soriana que la coalición de izquierda presentó en su momento, poniendo incluso en duda su existencia.
Hoy sabemos que el Monexgate no fue un invento, que sí existió, pero que no hay delito alguno que perseguir.
La Unidad de Fiscalización del IFE fue deficiente, omisa e irregular en todo lo relativo al caso Monexgate, desde el inicio de las denuncias el año pasado hasta el proyecto de dictamen que hoy conocemos.
Hoy sabemos que la investigación estaba lista desde hace meses, incluso desde antes de la calificación de la elección presidencial, pero los resultados se presentan hasta hoy, cuando ya es un hecho consumado la elección y la instauración del nuevo gobierno.
La impudicia del dictamen es manifiesta: sí hubo dinero de más en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, cuyo origen además se desconoce, pero no es un financiamiento irregular porque todo se canalizó a través del sistema financiero y bancario legalmente establecido.
Si este fuera el criterio con el que actuaran las autoridades judiciales que investigan lavado de dinero y operaciones financieras ilegales, no habría delitos financieros que perseguir ni mafias criminales que castigar.
Las irregularidades que identifica la misma investigación del IFE son varias: operaciones financieras a través de empresas fantasmas; triangulación de recursos propios de operaciones financieras de lavado de dinero; aportaciones económicas de personas físicas y morales expresamente prohibidas en la legislación electoral; discrepancia fiscal entre los ingresos y egresos de esos aportantes; incumplimiento de obligaciones fiscales; y faltas a la normatividad establecida para dispersar por lo menos de 66 millones de pesos en tarjetas y monederos electrónicos de manera anónima, entre otras irregularidades.
Sin embargo, la conclusión de estos hallazgos es inverosímil: nada de eso impactó el proceso electoral, nada de eso influyó en la equidad de la elección presidencial y nada de eso alteró las condiciones de la competencia.
Además de los delitos electorales que implica el utilizar recursos paralelos al financiamiento expresamente autorizado por la legislación, aquí hay delitos de otra índole (bancarios, mercantiles, fiscales y de lavado de dinero), que si bien no es competencia del IFE resolver, sí está obligado a dar vista a las autoridades competentes para su calificación y eventual castigo, como de hecho anunció desde ayer que así lo hará.
Que el PRI gaste dinero de más en las campañas, es una conducta recurrente. Así lo hizo en el 2000, cuando utilizó dinero triangulado de Pemex (500 millones de pesos) en la elección presidencial. No ganó, porque Vicente Fox invirtió mucho más que esa cantidad, a lo largo de tres años de precampaña, utilizando también dinero del extranjero.
Por ese ilícito, el PRI fue multado con el doble de lo detectado: mil millones de pesos. Doce años después, por un financiamiento irregular similar, con recursos de procedencia desconocida, el PRI ni siquiera es tocado con el pétalo de una multa. A pesar de que cuatro consejeros proponían una multa de 75 millones de pesos, los otros cinco consejeros (uno de ellos, funcionario del PRI en varias ocasiones), decidieron que no.
Con la misma investigación de la Unidad de Fiscalización, en Movimiento Ciudadano procederemos a presentar sendas denuncias por cada uno de los presuntos delitos fiscales, bancarios, financieros, civiles y mercantiles que se desprendan de esta investigación.
Lo vamos hacer a sabiendas de que los actores y participantes de este atraco financiero-electoral son ahora la autoridad encargada de conocer de sus propias anomalías: el encargado de la defensa electoral del PRI es ahora procurador de la República; el que fuera director del SAT es ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia; las autoridades hacendarias que tuvieron acceso a las operaciones financieras de las empresas fantasmas están ahora en la cancillería; y el actual responsable de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda fue el procurador de justicia en el Estado de México. Es decir, a pesar de que ya se cubrieron las espaldas los beneficiarios y encubridores de esta operación de lavado de dinero político para comprar la Presidencia de México, vamos a agotar los recursos a los que tenemos derecho. Vamos a agotar la instancia nacional.
Para el futuro inmediato, es muy grave el precedente que el día de ayer dejó asentado el IFE: ganó el candidato que más dinero gastó. Además, fue dinero opaco, del que no se sabe nada sobre su origen y destino.
De ahora en adelante, el dinero, no la equidad, será el factor determinante de las contiendas. Esto es lo que está estableciendo el IFE al aprobar el dictamen que le lava la cara, las manos y los bolsillos a la coalición PRI-PVEM.
Si este va a ser el criterio en adelante, me propongo sugerir que el IFE ya no se dedique a organizar elecciones limpias, claras y transparentes, sino subastas públicas de cargos de elección popular, donde los topes de campaña no sean el límite máximo que pueden gastar los partidos y candidatos, sino la cifra inicial de la apertura de las subastas. Y a partir de allí comenzar a pujar y preguntar a candidatos y partidos: “¿quién da más?”.
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